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Por Eliana Mendez
Dos diputadas le apuntan al Hospital Llano, al Hogar Tía Amanda y al Juzgado de Menores Nº 2. Afirman que hay un modus operandi que revela tráfico de niños.
Todo comenzó con una denuncia anónima que hizo una mujer en una radio de la ciudad de Corrientes. El llamado desató un escándalo que salpicó a las autoridades de un hospital y a la titular de un juzgado de menores y puso de nuevo en la palestra el tema de las adopciones irregulares y de madres de escasos recursos a las que les serían arrebatados sus hijos.
“Es necesario que el fiscal general investigue estos casos, que son realmente muy graves”, denunció la mujer, que sólo aportó nombres y fechas como prueba. Silvia Bonassies, la directora del Hospital Llano, implicado en el caso, instó a realizar una presentación penal en caso de contar con documentación. “Los recién nacidos no salen sin número de documento. Tenemos en la puerta de la maternidad personal de Policía estatal y privada que se encarga de verificar cada criatura”, aseveró la directora.
La denunciante dio detalles sobre dos casos puntuales: el de Flavia Itatí Cabañas y el de Grecia Belén Cabrera. A los pocos días de tener a su hijo, Flavia fue abordada por asistentes sociales que la habrían convencido para que lo diera en adopción. Al parecer, todo esto era desconocido por el padre, Ricardo Esquivel, que, al enterarse, fue al Juzgado de Menores Nº 2 para manifestar que tenía la intención de criar a su hijo. Allí le informaron que una vez que lo reconociera, éste le sería entregado. Pero una vez que cumplió con los requisitos las mismas autoridades le informaron que el menor “fue dado en adopción y nunca más podría tener contacto con él”. Hoy, el niño vive con una pareja de buen pasar económico, y el Dr. Carlos Silvero Fernández, abogado de la familia que tiene la guarda provisoria, asegura que “no hubo tráfico de bebé ni situación irregular en el expediente” y que sus representados “siguieron todos los pasos legales”.
El caso de Grecia, madre soltera de 18 años, es similar. Luego de ir al Hospital Pediátrico Juan Pablo II también fue entrevistada por asistentes sociales que le preguntaron en qué condiciones. A los pocos días, en plena vía pública, fue sorprendida por policías que la llevaron al Hogar Tía Amanda y luego al Juzgado de Menores Nº 2 donde, según sus dichos, fue obligada a dejar al niño. A partir de ese día, concurrió varias veces al juzgado para pedir ver a su hijo, hasta que finalmente le dijeron que “había perdido la patria potestad y no podría verlo nunca más”. Desde entonces, vive angustiada y guarda el DNI del niño que, extrañamente, aún conserva.
El Dr. Hermindo González, que representa a Esquivel y a Cabrera, cuestiona la llamativa celeridad con que fueron entregados los menores en guarda preadoptiva, obviando en ambos casos que los progenitores quieren criar a sus hijos. El juzgado rechazó todos y cada uno de los pedidos que efectuaron.
Las diputadas nacionales Fernanda Gil Lozano y María Victoria Donda encabezaron una audiencia pública en la Legislatura correntina. Gil Lozano manifestó que desde hace un tiempo recibe denuncias donde se menciona “el mismo hospital, el mismo procedimiento, el mismo hogar de menores y la misma jueza”. En esa audiencia también se mencionó la suma de 50 mil pesos que sería lo que cobraría el juzgado. “Vamos a seguir, y mucha gente irá presa. Acá habrá juicio y castigo para los culpables, incluso los que participaron como cómplices”, dijo Gil Lozano. Por su parte, la jueza centro de las denuncias, Dra. Irma Alicia Domínguez, hizo su descargo en los medios locales, haciendo hincapié en que el Superior Tribunal no encontró irregularidades en los expedientes y señaló que las diputadas “no quieren hacer justicia sino escándalo”.
Fuente: perfil.com
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