LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL
Mucho se habla de la participación de los vecinos en las cuestiones públicas, pero no es tanto lo que se hace por ella.
Tal vez el problema radique en ponernos de acuerdo en qué queremos decir cuando hablamos de participar . Y participar significa, sencillamente, tomar parte en algo, involucrarse.
En los bienes sociales, la participación tiene la particularidad de lograr que, cuantas más personas se involucran, toman parte en ese bien, más se mejora o se perfecciona el bien participado.
La vida municipal es un bien social en el que todos debemos estar comprometidos. Y es deber, por lo tanto, de los gobiernos locales institucionalizar mecanismos de participación por la sencilla razón que, como dijimos antes, cuantos más vecinos e instituciones intermedias participen en las decisiones de los gobiernos comunales, más se perfecciona la vida municipal.
Cabe hacer especial hincapié en que esta participación debe ser institucionalizada, es decir, prevista en las normas, en las ordenanzas de la ciudad. Y, en aquéllas provincias que reconocen las autonomías municipales, la participación ciudadana deberá tener su lugar en la Carta Orgánica Municipal, por ser la principal de las leyes municipales.
La Carta Orgánica Municipal y las ordenanzas municipales deben asegurar el ejercicio del derecho a la participación por parte de vecinos y entidades de bien público, a través de un damero de mecanismos que éstos puedan utilizar cuando los necesiten, en forma cercana y eficiente.
La participación no debe depender de la buena voluntad o arbitrio de las autoridades de turno.
LOS MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación exige cuatro niveles para su cumplimiento acabado.
El primero de ellos es la participación en la información: Nadie puede querer lo que no conoce. La publicación del diario de sesiones, memorias y balances, el digesto municipal, la realización de audiencias, el seguimiento informatizado de expedientes (por parte de cualquier vecino), las rendiciones de cuentas, por parte de los órganos del gobierno; así como la educación cívica, la difusión de la historia local y la prensa, por parte de todos, son mecanismos que permiten que el vecino sepa de qué se trata .
El segundo nivel, que supone el cumplimiento del primero, es el de la participación en la consulta: en este caso el objetivo es requerir la opinión de todo aquél que resultará afectado (para bien o para mal) por una decisión gubernamental, o que pueda aportar un conocimiento específico sobre la materia.
La creación de un Consejo Consultivo de Entidades Intermedias, se ha probado, es el mecanismo más apropiada para alcanzar esa meta. Pero también lo son el plebiscito, los informes técnicos obligatorios, la doble lectura en el concejo deliberante, los cabildos abiertos, nuestra banca del vecino, etc.
Una vez que una iniciativa es informada y consultada con los interesados corresponde entonces tomar la decisión. Y si bien nuestras normas dicen que decide el que gobierna, no menos cierto es que la participación del vecino en la decisión se verifica en el voto soberano y en instituciones que, como el presupuesto participativo, logran asegurar los deseos del vecino en las propias normas y en la gestión municipal.
El cuarto y último nivel es el de la participación vecinal en el control de gestión, cuyo objeto será auditar, controlar, supervisar las decisiones del gobierno municipal. Algunos mecanismos, en los que puede preverse la participación ciudadana son el Defensor del
Vecino (ombudsman), el Tribunal de Cuentas Municipal, la revocatoria de mandato para cargos electivos (concejales), las auditorías externas, etc.
Un gobierno participativo implica, entonces, la conformación de una oferta de mecanismos concretos que permitan acercar el vecindario a las decisiones públicas, no por sospechas, sino para favorecer esas decisiones y construir, con más y mejores recursos, el bien común municipal. Como decíamos al comienzo de esta nota, cuantos más vecinos nos involucremos en la vida municipal mejor será nuestro bien común, lo que requiere de un gobierno dispuesto, y de vecinos que se sientan responsables del destino de la ciudad donde viven.