El uso de fondos públicos con fines partidarios -cuando no directamente privados- es un mal endémico en nuestra democracia. Y el intento de manipular la opinión pública por medio del abuso de la pauta oficial (para condicionar o disciplinar) es apenas un emergente de aquella extendida realidad.
El discurso autoritario del Gobierno, que obliga a escuchar prohibiendo hablara quienes no piensan como él, viola derechos y degrada la convivencia social.