La protesta debe tener un límite

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Queda claro, tras los bárbaros incidentes en el parque Indoamericano, que el espacio público no puede ser negociado.
Ante los lamentables episodios ocurridos en el parque Indoamericano de esta ciudad, es preciso reclamar una exhaustiva investigación que esclarezca las muertes de dos personas por armas de fuego, sin por eso dejar de condenar la toma de espacios públicos y las violaciones de la ley.

Los violentos hechos se iniciaron con la ocupación del parque situado en el barrio porteño de Villa Soldati por unas 200 familias, en su mayoría extranjeras. Durante su desalojo por efectivos de las policías Federal y Metropolitana, se registraron enfrentamientos que derivaron en las muertes de Bernardo Salgueiro, de 22 años, y de Rosemarie Puja, de 28, tras recibir impactos de perdigones de 8,6 milímetros. Se trata de municiones compatibles con las escopetas que utiliza la Policía Federal y también con armas de fabricación casera, conocidas vulgarmente como "tumberas".

Tras el desalojo, el parque Indoamericano volvió a ser tomado por familias que reclaman por su derecho a una vivienda, acompañadas por militantes de diversas agrupaciones políticas y sociales, entre los que anoche se registraron violentos incidentes, sin la presencia policial.

Independientemente del grado de legitimidad que pueda tener el reclamo de muchas de las familias involucradas, es necesario señalar una vez más que el espacio público no puede ser negociado y que el Estado no puede estar ausente.

En los últimos tiempos, los argentinos nos hemos acostumbrado a contemplar cómo desde sectores políticos se estimula a distintos grupos a apropiarse de lugares públicos como parques, plazas o calles en los que se sienten con derecho a cobrar peajes para permitir el paso de automovilistas. También ha crecido la usurpación de viviendas ajenas, con el pretexto de un estado de necesidad no siempre demostrable.

Visiones populistas y demagógicas han llevado a nuestros gobernantes en años recientes al error de inhibirse de actuar frente a cualquier violación del derecho de propiedad y del espacio público cuando ésta es cometida aparentemente por grupos en situación de pobreza.

Esa posición no sólo violenta el orden público y el principio de igualdad ante la ley. Tampoco respeta a los pobres.

Se trata de una visión hipócrita que, en muchos casos, disfrazada de una aparente sensibilidad social, hace la vista gorda ante los atropellos a la propiedad pública o privada, además de encubrir intencionalidades políticas que están muy lejos de solucionar las causas profundas de la pobreza.

La verdadera sensibilidad social debe provenir de políticas de Estado que procuren el acceso al trabajo y a una vivienda digna y estén alejadas de prácticas clientelistas que sólo buscan perpetuar la pobreza para jugar eternamente con las necesidades de los sectores más vulnerables y menos instruidos.

Los episodios ocurridos en el parque Indoamericano parecen dar cuenta, una vez más, de la acción de sectores que buscan lucrar con la pobreza de otros. Que se hable de "loteo" de espacios públicos o que trascienda que se incentiva la toma de espacios públicos para después extorsionar a las autoridades en busca del pago de subsidios son temas recurrentes, agravados por versiones que señalan la presencia de grupos vinculados al narcotráfico que pugnan por convertir a esa vasta porción de la ciudad en una zona liberada para la delincuencia.

Debe lamentarse que quienes tienen la delicada misión de mantener el orden público pasen, con lamentable frecuencia, de la tolerancia absoluta a la represión descontrolada. Es menester una mayor profesionalización de nuestras fuerzas policiales para combatir los mencionados flagelos y los ataques al espacio público.

Lo que, definitivamente, no puede admitirse es que, con el pretexto de que no puede criminalizarse la protesta social, no se haga nada frente al atropello a la propiedad de todos.

Fuente: lanacion.com.ar