► Imprimir
Por Marcelo Sain
Quienes se oponen a la idea de la descentralización están interesados en mantener el botín cuantioso de la recaudación ilegal que proviene de la protección del delito.
El sistema policial bonaerense está colapsado.
La “lucha contra el delito” es un mito que encubre una realidad lúgubre existente desde hace un tiempo: la policía bonaerense destina muy pocos recursos humanos, operativos e infraestructurales a la prevención, conjuración e investigación de los delitos.
Sólo un poco más de un cuarto del personal y del esfuerzo institucional de esa policía está consagrado a desarrollar acciones de patrullamiento y vigilancia preventiva, mantenimiento del orden público e investigación criminal.
El mantenimiento de este dislate institucional responde a una razón fundamental: el cuantioso “botín” de la recaudación ilegal de fondos provenientes de la protección de actividades informales y de la regulación de negocios criminales de alta rentabilidad “sube para arriba” . Ello hace que las autoridades gubernamentales y el comisariato bonaerense consideren que cualquier atisbo de descentralización constituye un ataque artero a la seguridad pública y a la policía.
Puestas las prioridades en otros horizontes, poco importa para la policía provincial el desarrollo de labores eficientes de control preventivo de los delitos comunes que esmerilan la convivencia vecinal.
Toda forma de prevención de conflictos y delitos es siempre local.
Por ello, la conformación de policías locales , ya sea municipales o que se estructuren para un conjunto de municipios, favorecería el desarrollo local de estrategias preventivas integrales asentadas en el trabajo y la intervención planificada y conjunta de las áreas abocadas a la prevención social de la violencia y las unidades policiales apropiadas a los conflictos a prevenir o conjurar. También facilitaría la activa participación comunitaria y vecinal en las estrategias locales de seguridad mediante acciones ciudadanas de cogestión y de control .
Esto podría fortalecer la autonomía municipal mediante la conformación de un dispositivo local de gestión social y policial de la seguridad pública, garantizando la dirección efectiva y el control inmediato de los gobernantes y de la sociedad en su conjunto.
La constitución de una policía local requiere del traspaso orgánico y funcional de las unidades -infraestructura y personal- de la policía provincial a la esfera de los gobiernos municipales. Pero dicho traspaso debe asentarse en dos procesos simultáneos fundamentales. Por un lado, la creación legal e institucional de la nueva policía municipal que sólo debería tener como eje funcional la seguridad preventiva, esto es, la prevención y conjuración de la criminalidad común, dejando para el sistema policial provincial todas las labores relativas a la seguridad compleja, la investigación de los delitos, las operaciones especiales y el mantenimiento del orden público.
Por otro lado, debe llevarse a cabo un puntilloso proceso de selección y reencasillamiento del personal policial seleccionado a la nueva policía municipal, de manera que aquellos oficiales y suboficiales de la policía provincial que no cuenten con los antecedentes o condiciones profesionales adecuadas, no puedan ser traspasados a las nuevas policías locales.
El soporte financiero de la policía local debería provenir del traspaso de partida presupuestaria del Estado Provincial a los municipios y del reforzamiento financiero municipal , sin perder de vista que una condición instrumental fundamental para el desarrollo adecuado de este proceso de descentralización es que las nuevas policías locales superen las condiciones de indigencia institucional -sueldos bajísimos, condiciones materiales y operacionales paupérrimas, situación infraestructural pobrísima y capacitación deficiente- existente en el actual escalón operativo de la policía provincial.
Pero la condición institucional fundamental estaría dada por la creación de un dispositivo local de gestión política de la seguridad pública mediante la puesta en funcionamiento o fortalecimiento de una estructura de gobierno especializada en la conducción y administración del sistema y la conformación de un pequeño servicio civil especializado.
La conducción de la seguridad y la policía local debe ser política o, en su defecto, será comisarial . Lo peor que puede ocurrir es que todo este esfuerzo institucional desemboque en la creación de policías locales que emulen a la Policía Bonaerense “en chiquitito”.
No todos los gobiernos locales podrían o querrían conformar una nueva policía. Algunos gobiernos locales no cuentan con las capacidades políticas o financieras para ello. Otros rechazarían la iniciativa porque prefieren mantener, como lo vienen haciendo, una conducción soterrada sobre la policía de seguridad que presta servicios en sus jurisdicciones . Dirigen sus labores, influyen sobre sus tareas, financian ciertos esfuerzos operativos, protegen a algunos jefes, apadrinan ciertos ascensos y pases, encubren negocios ilegales y ocultan la evidente protección que la policía brinda a ciertos negocios ilegales rentables .
Pero aquellos intendentes que repudian este conjunto de prácticas ilegítimas, que han desarrollado destrezas y capacidades institucionales de gestión política de la seguridad y que pretenden desarrollar políticas integrales y eficientes en la materia no cuentan con el instrumento policial indispensable para ello.
Fuente: clarin.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario