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Por Daniel Santoro
Por quinto año consecutivo la Argentina sacó una mala nota en la ránking internacional de la corrupción: quedó en la posición 105 sobre 178 países investigados.
El Indice de la Percepción de la Corrupción (IPC) 2010 de la fundación global Transparency International, al que accedió Clarín , ubicó a la Argentina en esa mala posición que comparte con Argelia, Kazastán, Moldavia y Senegal.
Argentina solo está delante de otros países de América Latina en este clasificación de los países más corruptos: Bolivia (110), Guyana (116), Ecuador (127), Nicaragua (127), Honduras (134), Paraguay (146) y Venezuela (164).
Este índice no se refiere a temas teóricos. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) estimó que entre 1980 y el 2007, el Estado argentino perdió 13 mil millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Hernán Charosky, recordó que la Argentina había tenido una mejoría en ese índice entre el 2003 y el 2004, después de que el entonces presidente Néstor Kirchner renovó la Corte Suprema de Justicia a través de un método transparente y firmó el decreto de acceso a la información pública 1172/03. Además, Manuel Garrido había sido nombrado titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA).
Pero en los últimos años se empezó a retroceder y a no tomar medidas públicas de lucha contra la corrupción. En el 2009, Garrido renunció a su cargo denunciando que en la Argentina “hay impunidad casi total para la corrupción”.
“Además, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cada vez rechaza más pedidos de acceso a la información pública en base al decreto 1172 con la excusa de que se trata de datos personales”.
El índice también refleja que los organismos de control, como la Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación “cada vez controlan menos o previenen menos por decisión de su jefe en el primer caso (Daniel Reposo) y por bloqueos externos en el segundo”.
Charosky subrayó que, además, “hay discrecionalidad en lo que se llama la administración de los recursos estratégicos del Estado como la publicidad oficial y planes sociales como “Argentina Trabaja”.
Al preguntársele, si en el índice impactó la decisión del juez federal Norberto Oyarbide de sobreseer a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito luego de incrementar sus bienes en un 158 por ciento en el 2008, contestó que sí. “Es la percepción que vivimos los argentinos frente a jueces que no avanzan con estas causas o lo hacen a ritmo político”, agregó.
Todo esto en su conjunto y otras variables, como los ataques a la libertad de Prensa, impactaron en la percepción de los empresarios, académicos y funcionarios consultados. Charosky defendió la metodología de la encuesta cuyos datos mañana se pondrán on line en www.transparency.org. La puntuación de la Argentina se realizó en base a 7 encuestas realizadas en forma anónima a empresarios, académicos y otros líderes sociales. Se hicieron entre enero y setiembre del 2006.
Fuente: clarin.com
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