Reduciendo brechas

El problema de la desigualdad aún es un freno al desarrollo en América Latina, al igual que en otras partes del mundo.
Pero en allí es donde resultan más profundas las brechas entre los más ricos y los más pobres de la sociedad. Las políticas implementadas en los últimos años tienden a reducir estas diferencias, pero no son suficientes.
Las políticas económicas implementadas a partir de la década del ´80 y fundamentalmente en los ´90, tendieron a buscar el mejoramiento de los índices macroeconómicos de la región. Las preocupaciones principales se centraban en el control de la inflación, la gestión presupuestaria y el ahorro fiscal. El énfasis que estas corrientes hicieron en las privatizaciones y la reducción de prestaciones estatales llevó a la descentralización de los sistemas educativos, sin contar con financiación suficiente, y la privatización de los sistemas previsionales y de salud.
Este apartamiento del Estado de sus funciones sociales se sumó a la flexibilización laboral y a la crisis de las industrias que se vivió a partir de la última década del siglo XX. El desempleo aumentó exponencialmente, los salarios reales se estancaron y las prestaciones sociales disminuyeron. La consecuencia de todo ello fue un explosivo incremento en los niveles de pobreza e indigencia, pero sobre todo en los niveles de desigualdad.
Durante este período, las políticas sociales promovidas desde los Estados latinoamericanos tendieron hacia la focalización. Se trataba entonces de programas de lucha contra la pobreza destinados a poblaciones puntuales, que muchas veces dieron lugar al clientelismo y fueron empleados por los partidos políticos para mantener alineados a sus referentes barriales.
A comienzos de los ´90, los gobiernos latinoamericanos y el sistema internacional revalorizaron el papel positivo del gasto social, con el objeto de canalizar recursos hacia los sectores más pobres y vulnerables; y reconocieron el papel clave del desarrollo social para potenciar el crecimiento productivo y el económico. Sin embargo, este incremento en la prioridad macroeconómica y fiscal del gasto social no se vio acompañado, hasta finales de ese periodo, por una redefinición del sesgo focalizador e individualista que caracterizó a la ola de reformas de los años precedentes. De esta manera, sólo a partir del cambio de década cambió el enfoque respecto del papel social del Estado, desde la focalización en la pobreza hacia una visión más integrada.
Muestra de esto último son los planes de reciente aplicación llevados a cabo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. La vocación de éstos es universalista, en el sentido de otorgar a todos los miembros de la sociedad un mínimo acceso a derechos tales como alimentación, salud y educación. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina, Bolsa Escola y Bolsa Familia en Brasil, o el Plan Equidad en Uruguay, persiguen este espíritu de incluir a los excluidos, propiciando la obligatoriedad de la educación y los controles médicos; a la vez que se transfiere un ingreso monetario mínimo a las familias.
El impacto de este tipo de planes se puede ver desde dos ópticas distintas. En primer lugar, se trata de políticas de transferencia condicionada, es decir, entrega de una prestación (en este caso, dinero) a cambio de algo (asistencia escolar y controles sanitarios). En segundo lugar, si bien estos ingresos representan un porcentaje mínimo de la canasta básica (en los países con mayor transferencia pueden llegar al 16%), son efectivos en términos de reducir los índices de indigencia y fundamentalmente las brechas de pobreza. En definitiva, los pobres no lo son tanto. Una quinta parte de la reducción de la brecha en el ingreso per cápita se explica por las transferencias de ingreso de este tipo de programas.
A pesar de los beneficios de dichas iniciativas, se trata sólo de paliativos a una situación cuyas causas más profundas son los altos niveles de desempleo, pero sobre todo de exclusión. Las acciones tendientes a la reinserción y formalización laboral, como así también la creación de nuevas fuentes de empleo, son fundamentales a la hora de pensar en un crecimiento económico sostenido en el tiempo.
En su informe de 2010, titulado “La Hora de la Igualdad”, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estableció la importancia que tiene la equidad en el desarrollo de las sociedades en distintos aspectos. En primer lugar, una población más igualitaria redunda en mayor cohesión, menor conflictividad social y, en consecuencia, mayor legitimidad de los gobiernos. En segundo término, una comunidad más integrada es más productiva, por cuanto se reducen costos en salud, seguridad ciudadana y calidad de la democracia. Por último, una mayor igualdad económica brinda mayores posibilidades de voz y visibilidad política, mejorando la calidad institucional. En definitiva, la reducción de las desigualdades redunda en amplios beneficios para la sociedad.
La reciente crisis financiera mundial acrecentó el papel de los estados latinoamericanos en cuestiones sociales. Quizás por primera vez en la historia, los gobiernos han salido a inyectar dinero en la economía por medio de planes sociales e ingresos universales, en momentos en que los índices macroeconómicos no son los ideales. Han dejado de accionar “pro cíclicamente” para pasar a políticas “contra cíclicas”, opuestas a los ciclos económicos imperantes.
La disminución del crecimiento del PBI no significó una reducción de las partidas de dinero para programas de lucha contra la pobreza, sino todo lo contrario. Esta es una de las razones (sumada a los índices macroeconómicos previos y a la apertura de mercados en lejano Oriente) del buen desempeño latinoamericano frente a la crisis financiera, y la reducción del 5 % del coeficiente de desigualdad en los últimos años. Los gobiernos comprendieron que el crecimiento no necesariamente implica exclusión; y que ésta última, en todo caso, es perjudicial para la economía.
Los desafíos aún son grandes; y las brechas, alarmantes. Los umbrales de resistencia social corren riesgo de superarse, en tanto se encuentra opulencia y riqueza conviviendo con la más profunda pobreza. Tal como afirmó Bernardo Kliksberg, quien ha trabajado en temáticas asociadas a la pobreza y la desigualdad en América Latina: “vastos sectores confluyen en la necesidad de superar la escisión entre ética y economía que caracterizó a las últimas décadas. Una economía orientada por la ética no aparece como un simple sueño, sino como una exigencia histórica para lograr que la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza pueda realmente superarse y construir un desarrollo pujante, sustentable y equitativo. El precepto bíblico que ordena hacerse responsables los unos por los otros indica que, frente a tanto sufrimiento de tantos, no hay lugar para más postergaciones en este desafío definitivo”.
Cerrar las brechas es una necesidad desde el punto de vista social y político, pero también desde el económico, para lograr un desarrollo y un crecimiento reales sostenidos en el tiempo, donde todos estén incluidos.
Fuente: noticiasyprotagonistas.com