Cámaras de TV contra el delito

Grabaciones registradas en sitios públicos y privados han ayudado a resolver diversos hechos delictivos.

Incluso a pesar de que Aníbal Fernández la consideró una "sensación" fabricada y difundida por el periodismo independiente, la inseguridad delictiva ocupa el primer puesto en las preocupaciones de los argentinos, según muchas encuestas recientes. Frente a esa inquietud, el Estado, inexcusable preventor de esa auténtica agresión al conjunto de la sociedad, debe apelar a todos los métodos legales a su alcance para prevenirla y, llegado el caso, reprimirla: por ejemplo, aprovechando de manera exhaustiva la contribución de las cámaras de televisión que han sido y son instaladas en muchos sitios públicos y privados.
Una compulsa, realizada el mes último por la Escuela de Economía Francisco Valsecchi, de la Universidad Católica Argentina (UCA), que consultó a 1005 personas, reveló que el 27 por ciento de los argentinos considera la inseguridad su inquietud esencial; ese porcentaje asciende al 39 por ciento en la ciudad de Buenos Aires, al 34 en el conurbano bonaerense y al 22 en el interior del país. Los demandantes, es obvio, reclaman ser protegidos y, llegados a ese extremo, defendidos en su integridad física y, también, en sus legítimos bienes.
Hay, no obstante, evidentes fisuras que afectan negativamente el quehacer estatal en materia de seguridad de la población y de lucha contra el delito. Faltan decisiones políticas sinceras, iniciativas eficientes e imaginación capaz de exprimir al máximo cuanto recurso esté al alcance la mano para enfrentar a la delincuencia.
Por suerte, no es tal el caso del empleo de las cámaras de televisión. Hoy en día, hay 200 cámaras en las calles de Tigre, otras tantas en San Isidro y 310, entre públicas y privadas, en la ciudad de Buenos Aires. Cifras que no agotan la mención, aunque denotan, eso sí, que sería urgente menester incrementar la cantidad de cámaras de seguridad y saturar con ellas -por lo menos- los focos en los cuales está enquistada la delincuencia.
No sería legítimo abstenerse de mencionar que ese sistema no cuenta con adhesiones unánimes. Hay quienes lo objetan en nombre de la privacidad de las personas: lo interpretan como una suerte de "Gran Hermano", susceptible de inmiscuirse en la intimidad de la gente.
El tema admitiría discusiones académicas, es cierto, mas esas diferencias no deberían afectar o coartar el empleo intensivo de las cámaras de seguridad. Sin que ello significase violentar u omitir derechos adquiridos, y siempre y cuando esas compras -junto con las correspondientes adquisiciones- estén subrayadas por su absoluta transparencia, tales artefactos tienen que integrar los sistemas antidelictivos.
Así lo reclama la inseguridad creciente y así lo reclama, también, la eficaz contribución de esas cámaras para resolver recientes hechos violentos.
Fuente: lanacion.com