Los excesos de la burocracia

La administración pública está muchas veces viciada por procedimientos que le restan credibilidad y eficiencia.
No es novedad que, en una gran cantidad de casos, nuestra administración pública nacional, provincial y municipal se caracteriza por un exceso de procedimientos burocráticos anacrónicos, morosos y, por ende, faltos de toda clase de eficiencia. Hasta ahora, y que se sepa, han sido escasas las iniciativas exitosas tendientes a corregir tan negativa característica.
Esa cuestión ha resistido los análisis más razonables y diversos, desde las críticas formales y las protestas públicas de quienes han padecido en carne propia el desganado andar de esas gestiones hasta los enfoques de los observadores costumbristas o agudas visiones humorísticas. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias ha podido mellar la pétrea corteza que reviste a una buena parte de la administración pública llegado el momento de imponer su personalizado parecer, siempre inmune a cualquier bien intencionada objeción.
A título de ejemplo, escogido al azar entre una multitud de casos, cabe citar las molestias de quienes, en el marco del gobierno porteño, se quedan sin su registro de conductor, ya sea por extravío o, peor, por hurto o robo acreditados mediante la correspondiente denuncia policial. El sentido común indica que, si ese documento está vigente, bastaría con otorgarle a su tenedor un duplicado y trámite concluido. Pero no es así: el perjudicado, sobre todo en el caso en que haya mediado un delito, debe iniciar nuevamente esa gestión, incluso aunque sólo hayan transcurrido cinco días de la original, pasar por todas las instancias y, finalmente, abonar de nuevo el canon fijado para el otorgamiento de la licencia de conductor.
Nadie en su sano juicio puede concordar en que, sin reparar en el inconveniente que afecta al titular del documento, además se le inflija la carga adicional de tener que reiterar una tramitación cuya demanda de tiempo, si bien algo aligerada respecto de otras épocas, aún implica más o menos medio día. De más está decir que en otros países administrativamente más avanzados, esa tramitación es resuelta en forma expeditiva por intermedio del empleo de la computadora. Se trata, claro está, de países persuadidos de que no son los ciudadanos los que deben estar al servicio de la administración pública, sino al revés.
En la Argentina, en cambio, da la sensación de que muchas veces la administración pública desconoce las ventajas de la tecnificación y que el objetivo es fastidiar al ciudadano y hacerle perder tiempo.
Fuente: lanaciòn.com