Amplios sectores sociales sostienen que existe una relación, directa o indirecta, entre desempleo y pobreza con las inconductas sociales, con la violencia y el delito, en el marco de una realidad actual en que la inseguridad pública evoluciona aceleradamente. A esto se agregan las repetidas prácticas de criminalizar la pobreza a través de la represión de los reclamos en los espacios públicos, con la intervención de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, un gran porcentaje del personal policial también es pobre e indigente, fenómeno que introduce un factor de fuerte incertidumbre, con posibles consecuencias inestimables, en un escenario de generalizada y creciente inseguridad. Y en este enfrentamiento, cada vez más conflictivo, las consecuencias probables son cada vez de mayor riesgo para la población.
De esta manera, la falta de seguridad pasó a ser un reclamo permanente de la ciudadanía y de las organizaciones intermedias, que no encuentran respuestas satisfactorias de quiénes administran el Estado, por lo que se puede comprender que el gobierno y la policía forman parte del problema de la inseguridad.
Exclusión, desigualdad social y delito
La doctrina ha probado, con sólidos fundamentos técnicos, que existe una estrecha correlación entre desigualdad social y delito. Estudios económicos-criminológicos demostraron, a través del análisis comparado de la evolución de ciertos indicadores sociales promedios con las curvas de criminalidad, que la distribución del ingreso explica mejor el comportamiento delictual global en un conglomerado importante de nuestro país.
La experiencia consistió en comparar el promedio anual del coeficiente de Gini con las tasas de hechos delictuosos totales de la Ciudad de Buenos Aires, superpuestas en una misma serie de tiempo, comprobándose que la distribución del ingreso acompaña en un 90 % a la curva de hechos delictuosos, mientras que las tasas de desempleo solo pudieron explicar poco más del 50% de los delitos observados.
El estudio concluyó en que la desigualdad social, y no el desempleo o la marginalidad, explica mejor el comportamiento delictual. Por lo tanto, si se desean programar medidas de política económica para resolver algunos problemas sociales, y dentro de estos se resuelve combatir eficientemente el delito, no se debería cometer el repetido error de sostener que mediante la simple disminución de la tasa de desempleo se lograrán resultados positivos en la lucha contra el delito.
En este sentido, conviene resaltar que Chaco no solamente presenta los más altos niveles de desigualdad social de la Argentina, sino que genera pobreza con empleo, lo que hace que la inseguridad pública aumente y se reproduzca de manera sistémica porque la pobreza y la marginalidad subyacen en un contexto más amplio de exclusión social dado que aumenta la brecha entre ricos y pobres e indigentes.
En provincias pobres y marginales como la nuestra, los excluidos crecen a medida que aumentan la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la deserción escolar, y otros indicadores sociales negativos. No obstante ello, las estadísticas oficiales intenten mostrar que la pobreza y la indigencia han bajado en los últimos años.
Solo con recorrer los cientos de asentamientos que se reprodujeron en el área metropolitana de Chaco, nos daremos cuenta que la realidad social es muy distinta a las cifras oficiales, que son cada vez menos confiable debido a la manipulación técnica en una o varias de las etapas del proceso de elaboración de las mismas.
Baja el delito o solo la estadística policial de denuncias?
Algo similar sucede con las tasas delictivas, que según algunos funcionarios provinciales siempre bajan, sin aclarar que en realidad se registran oscilaciones en las curvas delictivas y disminuciones interanuales o estacionales en el nivel de denuncias registradas por la policía.
Generalmente, se omite mencionar el fenómeno del subregistro policial de denuncias, que se producen por dos motivos fundamentales; en primer término, porque cada vez ingresan más denuncias al sistema judicial a través de la justicia penal, en forma directa, sin pasar por las unidades policiales; en segundo lugar, porque se sabe, perfectamente, que existe una altísima "cifra negra" de la criminalidad, que son los delitos que no se denuncian por distintos motivos, como ser la falta de confianza en las agencias policiales y judiciales, el temor a represalias de los delincuentes o para evitar pérdidas de tiempo y gastos inútiles, entre otros motivos que desalientan la realización de las denuncias. Según encuestas de victimización, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Rosario, solo uno de cada tres delitos se denuncia ante la policía o el poder judicial; o sea que dos de cada tres delitos forman parte de las "cifras negras" de la criminalidad.
Estudios realizados por una consultora local en nuestra ciudad arrojaron resultados muy parecidos; aproximadamente el 60 por ciento de hechos delictivos forman parte de las cifras negras, lo que generó que la información suministrada en materia de seguridad son los menos confiables de todos los datos que entrega el estado.
Policías pobres e indigentes
Los niveles pobreza e indigencia de una población se calcula en función de los costos de las canastas básica familiar y alimentaria para una familia tipo. Hace pocos días se conoció que comer sano le cuesta a una familia tipo no menos de 1.600 pesos por mes, en suba por efecto de una persistente inflación.
La cifra surge del relevamiento realizado por un equipo de nutricionistas, a cargo del Dr. Sergio Britos, de la cátedra Economía General y Familiar, de la Escuela de Nutrición, que funciona en la Facultad de Medicina de la U.B.A que calculó la "canasta alimentaria saludable", sobre la base de un menú que incluye más frutas, verduras y lácteos, o sea proteínas, calcio, hierro y otros nutrientes que deben componer una alimentación apropiada, que para los adultos significa reponer 3000 calorías por día, suponiendo que está sano, y 2000/2200 calorías para niños. .
La canasta alimentaria básica que calcula el Indec para una familia tipo es de 510 pesos, cifra muy inferior a la realidad de las góndolas y a las necesidades nutricionales de la población. Aunque la "canasta Boudou" intentó corregir levemente el desfasáje anunciado por el Indec, elevándola a 660 pesos, según estimaciones propias del Ministerio de Economía de la Nación, ambas resultan valores muy irreales.
Tomando en cuenta el valor de la canasta alimentaria saludable y el sueldo de bolsillo del agente de policía que se inicia, que actualmente se ubica en torno a los 1.300 pesos por mes, se puede comprender que el policía raso chaqueño es indigente porque no alcanza a cubrir siquiera el costo real de la canasta alimentaria.
Si a la canasta alimentaria se le incorporan los demás gastos básicos (servicios) del hogar, como ser vestimenta, calzado, productos de limpieza y tocador, medicamentos, servicios públicos básicos, transporte, vivienda, educación, la cifra podría trepar fácilmente a 3.800 pesos por mes, según estimaciones de organizaciones sindicales locales, que por supuesto contrastan bastante más con lo que percibe el agente policial, cuyo ingreso le alcanza para cubrir solamente el 34 por ciento del costo mensual de la canasta familiar total.
De acuerdo a estimaciones propias, sobre la base de la estructura de cargos actualizada de la policía provincial, alrededor del 75 por ciento de los policías no alcanzan a cubrir el monto mensual de la canasta familiar total; por ende, están por debajo de la línea de pobreza.
Del total del personal policial, aproximadamente el 50 por ciento no alcanza siquiera a cubrir el costo de la canasta alimentaria saludable. Por lo tanto, la conclusión es alarmante en el siguiente sentido: tres de cada cuatro policías son pobres y la mitad de los policías en actividad son indigentes.
Un cóctel explosivo
Los dos grandes problemas, antiguos y estructurales, que conspiran contra un funcionamiento eficiente de la institución policial son la violencia y la corrupción instalados en los distintos niveles del personal policial. En los últimos tiempos, se agregó el tercer factor que hace al desinterés y a la falta de compromiso de los policías por ausencia de contención y de conducción institucional.
Ahora se agrega, como fenómeno creciente producto de la inflación, el tema de la pobreza y de la indigencia de gran parte del personal policial, lo que genera un cóctel explosivo que probablemente potencie la inseguridad pública dado que las carencias económicas auspician o promueven una mayor violencia y una más alta tasa de corrupción en las filas del aparato policial.
Es probable que las consecuencias, actuales y futuras, no estén siendo correctamente analizadas y contempladas por el gobierno provincial, aunque la realidad gradualmente se transforme en un gran polvorín social, en el que el propio policía sea un factor importante en el aumento de la inseguridad pública.
Fuente: Datachaco.com
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