Un alto porcentaje de niños de los hogares más pobres no accede todavía a ningún tipo de protección social.
El 29 de octubre de 2009, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1602, el Gobierno nacional instauró un nuevo esquema de transferencia de ingresos denominado "Asignación Universal por Hijo para la Protección Social\'\' (AUH) instituyendo así un subsistema no contributivo en el marco de la Ley 24.714. De manera particular, el beneficio está destinado a niños y adolescentes con residencia legal en el país que reúnan dos requisitos iniciales: no contar con otra asignación familiar contributiva o no contributiva y pertenecer a familias que se encuentran desocupadas o se desempeñen en la economía informal.Según datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), la asignación cubre a 1,9 millones de hogares, con 3,5 millones de niños y cada grupo familiar recibe una prestación media de 338 pesos mensuales. Serían aproximadamente 9,5 millones los menores de 18 años cubiertos por los sistemas convencionales de asignaciones familiares y la AUH. Más allá del amplio alcance que presenta este régimen, incluso considerando el aumento que tuvo la prestación por hijo de 180 a 220 pesos a fines del año pasado y la reciente extensión para las madres embarazadas desde la semana 12 de embarazo, parece haber evidencias de que el sistema presenta todavía dificultades para alcanzar una plena cobertura.
El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, señala que el 19% del 20% de los niños más pobres no accede todavía a ningún tipo de protección. Según el informe, entre 2009 y 2010, los niños de 0 a 17 años de hogares beneficiados por los programas sociales, continuaron siendo los que sufren mayor riesgo alimentario y, sobre todo, severo. En la población urbana de 13 a 17 años, el dato más relevante es que en 2010, la deserción escolar y el déficit educativo en el nivel secundario, cuando se comparan entre quienes reciben y no reciben planes, nada parece ser muy diferente a 2009, cuando los niveles eran de 9,2% y 22%, respectivamente. En todos los casos la población beneficiaria de planes es de mayor riesgo que la no beneficiaria.
Mientras no se admita la gravedad de la inflación actual, la lucha contra la pobreza y la indigencia seguirá siendo un propósito con mayores dificultades para ser realizado.
Fuente: diariodecuyo.com.ar
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