Por Verónica Huilipan *La deuda histórica del Estado con nuestros pueblos originarios, se acrecienta y profundiza a niveles irracionales. El genocidio continúa caprichosamente invisibilizado sobre nuestra vida y cultura, los territorios comunitarios son arrasados por las industrias extractivas avaladas y protegidas por el poder.
La Constitución de la República Argentina, reformada en 1994, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, establece su derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, a la personalidad de sus comunidades, a la participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten y a la educación bilingüe e intercultural
Para el derecho interno argentino los tratados internacionales tienen superior jerarquía a las leyes nacionales y a todas las normas de provincias
Entre los principales tratados ratificados por la Argentina se encuentran el Convenio 169 de la O.I.T., el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belem do Pará, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Además, la República Argentina votó favorablemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Estas normas reconocen entre otros derechos, la preexistencia de los Pueblos Originarios, el derecho a sus territorios, Autonomía e Identidad, la participación en la gestión de sus recursos naturales. El derecho a la consulta para obtener el libre consentimiento previo informado de los Pueblos para definir cualquier tipo de proyecto ajeno a sus culturas en territorios indígenas y el derecho a la libredeterminacion.
Situación general
Mientras tanto, qué pasa en los territorios. A riesgo de aburrir sintetizo: el Estado argentino, en contraste con numerosos avances en otras áreas de derechos humanos, mantiene un generalizado incumplimiento de su obligación de resguardar los derechos de los pueblos indígenas, a pesar del marco jurídico muy favorable mencionado en el párrafo anterior.
Decenas de comunidades están siendo desalojadas por la fuerza pública, provocando muerte y violencia física, cultural y sicológica sobre mujeres, varones y niñas, niños jóvenes y ancianos sin distinción, a manos de las fuerzas pública y de terratenientes provinciales, sin que los poderes del estado federal hayan reaccionado, tal cual reaccionan ante otros hechos que han calificados de “muertes políticas”.
A esto se debe sumar las decenas de muertes generadas por pestes ya erradicadas de todos los rincones, excepto de nuestros territorios indígenas, como tuberculosis, mal de Chagas, dengue ocurridas en Chaco, Salta, Misiones, Formosa. Sin contar las muertes por hambre, producto de los desplazamientos forzados de las comunidades de sus territorios de origen para favorecer los monocultivos.
La no aplicación de la Ley Nacional 26.160 de emergencia territorial que ordena paralizar los desalojos contra las comunidades indígenas y realizar un Relevamiento Técnico Jurídico Catastral de las tierras que ocupan las comunidades indígenas del país, profundiza los conflictos territoriales contra los Pueblos Originarios, criminalizando el ejercicio de derechos.
De esta manera se pone en evidencia la discriminación institucionalizada que atraviesa la política estatal a lo largo y ancho de la Republica.
Los gobiernos provinciales se aterrorizan con la posibilidad de que el Relevamiento sea una realidad, esto dejaría al desnudo la arbitrariedad con la que han y manejan la tierra pública.
El Estado Federal genera leyes para favorecer derechos a los Pueblos Originarios pero no crea institutos que controlen su aplicación, dejando en total inseguridad jurídica a los pueblos frente a gobiernos provinciales corruptos que hacen de lo público una mercancía de uso familiar.
Como podemos ver hay una permanente tensión entre lo legítimo y lo legal. Un gran vacío entre el Derecho y la política pública.
En el último período hemos obtenidos logros importantes en el ámbito judicial, logrando que los jueces reconozcan la aplicabilidad del Derecho a la Consulta como requisito indispensable para definir proyectos ajenos a nuestra culturas en nuestros territorios. Estas definiciones ejemplificadora en el ámbito de la Justicia choca con la injusticia de los políticos de turno.
En la actualidad, en el Congreso Federal existen una media docena de proyectos de ley sobre cuestiones indígenas. Algunos más relevantes que otros. Ninguno parado desde la realidad real que surge de los territorios y bien podemos entrar en el juego de distracción mientras tanto los desalojos, la represión y criminalización se profundizan.
En hora buena que los legisladores trabajen en base a derechos para legislar, allí estaremos para acompañarlos en la tarea.
¿Que hacemos para acompañar este proceso?
Es necesario que acompañemos la lucha de los Pueblos Originarios convocando a una mesa redonda a los representantes políticos de las organizaciones de los Pueblos para debatir y analizar de manera conjunta los proyectos de leyes presentados en el Congreso para incorporar las modificaciones sustanciales al menos en un par de proyectos que con el solo hecho de que se debatan en el Congreso ya seria un avance político importante para acompañar la lucha territorial. Desde la Secretaria de Relación con Pueblos Originarios aportaríamos con un documento base para la revisión y corrección de los proyectos legislativos.
Es importante decir que este aporte es sustancial para las organizaciones indígenas, porque carecen de recursos propios para generar un proceso de incidencia de estas características.
El poder siempre juega con esta carencia para dispersar y debilitar las propuestas indígenas.
Para poder acompañar de la mejor manera posible las luchas territoriales es necesario que los secretarios de Relación con Pueblos Originarios tengan en mano toda la información del contexto y la demanda. No todos son indígenas, tampoco todos están informados del proceso indígena, sus derechos, demandas, interlocución, etc.
Es fundamental poder construir desde una mirada general el mapa de conflicto en los territorios de los Pueblos Originarios, así podremos definir un par de casos emblemáticos para contribuir a visibilizar la demanda.
Es la manera de poder construir de forma colectiva un plan de acción que contribuya y fortalezca la lucha de los Pueblos en relación intercultural hacia un estado plurinacional. Las luchas que no tienen rostros se desdibujan en el torbellino de las injusticias cotidiana.
* Verónica Huilipan es secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA.
Fuente: diariodemadryn.com
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