San Cristóbal de Las Casas, Chis.- La principal consecuencia del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar es el ejercicio...
de la libre determinación de los indígenas seguidores del EZLN sin una regulación especial, opinó el académico Miguel Ángel de Los Santos Cruz.Indicó que ello provoca conflictos entre las comunidades en Chiapas y en otras partes del territorio nacional.
Al referirse al XV aniversario de la firma de esos acuerdos que finalmente no trascendieron en los hechos, el cual se cumple el miércoles próximo, el catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas afirmó que en este caso el gran perdedor es el Estado mexicano.
Ello, sostiene en entrevista, porque dejó ir la gran oportunidad de crear las condiciones para que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas tenga vigencia, según prevén acuerdos internacionales.
El defensor de los derechos humanos comentó que esos son acuerdos históricos que representaban la forma cómo el gobierno federal se comprometía a observar, en la ley y en la práctica, un conjunto de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que forman parte de sus reivindicaciones históricas.
“Lamentablemente esos acuerdos no se cumplieron a cabalidad y sólo se dieron algunos cambios, pero el derecho más importante de los pueblos indígenas que es la libre determinación como pueblos, quedó a medo camino.
Esas garantías, prosiguió, no se reconocieron en su totalidad como se establece en los acuerdos internacionales, como el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (referente a los pueblos indígenas y tribales en países independientes)”, comentó.
De acuerdo con el también presidente del Centro de Derechos Humanos de dicha facultad, las repercusiones que el incumplimiento de esos acuerdos han tenido son primeramente que los pueblos indígenas han comprendido que no es posible que el gobierno federal asuma ese compromiso de establecer en la ley su derecho a la libre determinación.
En consecuencia, abundó el entrevistado, los mismos pueblos indígenas impulsan en la práctica sus propios esquemas de libre determinación y de autonomía.
De los Santos Cruz consideró que esta decisión de los seguidores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha provocado que hoy en día las comunidades indígenas se organicen en regiones autónomas en las que desarrollan sus propios proyectos de autonomía en materia de educación, salud, autonomía, cultura, derechos humanos entre otros.
De acuerdo con el también Premio Reebok de Derechos Humanos en 1995, esa indefinición trae consecuencias como el caso reciente del Centro Turístico de Agua Azul, en el que indígenas seguidores del EZLN y un grupo de seguidores del PRI se enfrentaron por el control de una caseta de cobro con un saldo de un muerto y varios heridos.
Y opinó que lo que revela este conflicto es “que si el derecho a la libre determinación se hubiera concretado en la Constitución, si se hubiera creado la ley instrumental correspondiente para determinar jurisdicciones, espacio de autonomía de los pueblos indígenas, seguramente conflictos como estos no se presentarían”.
Este caso (el pleito por la caseta), continuó, pone en evidencia que hay un conflicto por el espacio territorial de un pueblo indígena, y que hay una disputa de dos grupos, “pero en la medida en que la explotación de ese territorio no se determinó, en esa medida los conflictos se van a presentar, no sólo allí, sino en todos los espacios donde haya condiciones similares”.
Otro asunto importante, agregó el Catedrático de la Unach, es que el proceso del EZLN es un conflicto con el gobierno federal aún no resuelto, “porque un conflicto se resuelve cuando hay acuerdos de paz.
“En este caso no los hubo, lo que quiere decir que por muy amplio que sea el margen ahora de no confrontación, siempre está presente la idea de que este proceso de confrontación podría reanudarse en cualquier momento”, enfatizó.
También explicó que de acuerdo con la jurisprudencia internacional en materia de conflictos armados, los conflictos sólo se resuelven cuando hay acuerdos de paz firmados, “mientras tanto, como en el caso de Chiapas siguen abiertos, no importa qué tan indefinido sea ese proceso”.
Finalmente De Los Santos Cruz, consideró que sería pertinente reabrir la discusión, y para ello se requiere un gobierno con compromiso y voluntad para respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Los acuerdos de San Andrés Larráinzar fueron un pacto firmado el 16 de febrero de 1996 por el gobierno mexicano del entonces presidente Ernesto Zedillo con el fin de reformar la Constitución de este país para otorgar a los Pueblos Indígenas de la Nación, garantías, entre ellas, atender sus demandas de equidad en todos los rubros.
Fuente: elporvenir.com.mx
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