de la regularización de estas tierras, donde están asentados indígenas y criollos en conflicto por su titularidad, informaron fuentes oficiales.
Se trata de los lotes 55 y 14, un territorio de 643 mil hectáreas, en la localidad de Santa Victoria Este, en el norte de ese departamento, donde viven 52 comunidades indígenas y 462 familias criollas.
Fuentes gubernamentales detallaron que el gobernador, Juan Manuel Urtubey, se reunió hoy, en Casa de Gobierno, con funcionarios del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), encabezados por su coordinador ejecutivo, Jorge Neme, además de otras autoridades provinciales.
El objetivo del encuentro fue el de avanzar en forma conjunta en la búsqueda de financiamiento necesario para realizar obras de infraestructura que permitan regularizar en forma definitiva esos lotes.
La regularización de este territorio requiere un plan integral de desarrollo para criollos y comunidades indígenas, que brinde oportunidades de crecimiento y calidad de vida para todos.
Los lotes están en conflicto desde hace más de 25 años, cuando las comunidades aborígenes comenzaron a luchar por la titularidad de esas tierras, por ser originarios, lo que los enfrentó a familias criollas que estaban asentadas en el lugar, aunque ahora ambos grupos buscan la regularización definitiva.
Las partes trabajan actualmente en la mensura de las parcelas y en la reubicación de 230 familias criollas que residen actualmente en territorio reclamado por los indígenas.
Las partes reunidas hoy acordaron trabajar para garantizar a las familias criollas la construcción de infraestructura que posibilite condiciones de habitabilidad productiva, como pozos de agua, represas, alambrados perimetrales, corrales, caminos y dependencias públicas como escuelas y centros de salud.
En la reunión de hoy se consensuó un cronograma de actividades y la modalidad de trabajo conjunto, que continuará en los próximos meses.
Debido a la magnitud de las obras que deben ejecutarse, la Provincia inició gestiones el año pasado en el PROSAP, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objetivo de gestionar el financiamiento necesario que garantice la continuidad del proceso.
Fuente: elcomercial.com.ar
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