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Por Ludmila Vinogradoff
El Congreso, en el que tiene mayoría hasta el 5 de enero, lo vota hoy. Le extenderá las facultades especiales por un año y aprobará una ley que avanza sobre el contenido que se publique en la web y en todas las redes sociales.
El parlamento venezolano con mayoría oficialista, promulgará hoy un paquete de leyes que extenderá los poderes especiales del presidente Hugo Chávez para gobernar por decreto y un complejo sistema que impondrá la censura en Internet.
La Ley Habilitante extenderá por un año las facultades del mandatario para gobernar por decreto y esquivar así al legislativo que el 5 de enero cambia su conformación perdiendo el oficialismo el control. Una de las iniciativas más polémicas es la reforma a la Ley de Responsabilidad Social de los medios –conocida como Ley Resorte– que es la que hasta ahora controlaba los contenidos emitidos por las radios y la televisión. Pero con la aprobación de hoy esa norma el gobierno podrá restringir los contenidos de Internet y hasta los mensajes de las redes sociales. Estos son algunos de los puntos principales:
* El proyecto causó alarma entre usuarios de Internet y proveedores de este servicio porque serían los responsables de los mensajes que se mandan por el ciberespacio.
* Así –advertían ayer en Caracas– quedarían prohibidos hasta los mensajes en Twitter que “inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico; fomenten zozobra a la ciudadanía o alteren el orden público”.
* Afectaría el funcionamiento de Facebook: si existe un grupo opositor que critique al gobierno, esta red tendría la obligación de prohibir su trasmisión.
* El proyecto de ley tiene otro punto crítico: hace responsable de la trasmisión a los proveedores de los servicios de Internet y telefonía celular, por lo que ellos serían los encargados de aplicar la censura de hasta un mensaje de texto si no quieren ser multados o suspendidas sus licencias.
Estas dos leyes son parte del “paquetazo legislativo” de fin de año de Chávez y cuya ley central es la que le otorga poderes especiales para gobernar. En sus casi 12 años en el poder ésta será la cuarta vez que los tenga y alega que los necesita para atender los daños que dejaron unas enormes lluvias.
La alianza opositora, Mesa de la Unidad Democrática que tiene 65 de los 165 diputados, se estrenará en el Parlamento a partir del 5 de enero con sus facultades limitadas debido a los poderes especiales del presidente. Según la Constitución, el mandatario no debería extender sus facultades especiales más allá del vencimiento de la legislatura que se los otorga, que es el 5 de enero. Todos los decretos que dicte luego no tendrían validez.
No obstante las protestas y el rechazo de la oposición y la condena internacional a la aprobación inconsulta del paquete de leyes, la Asamblea oficialista aprobó en su primera discusión ayer miércoles esas y otras seis leyes más, entre ellas, la reforma de Telecomunicaciones, la de partidos políticos que prohíbe a las ONG financiamiento externo, y las del Sistema Económico Comunal del modelo cubano. Todas serán aprobadas hoy.
El Departamento de Estado norteamericano dijo que estas leyes parecen ser una búsqueda de “formas creativas para justificar poderes autocráticos. Lo que él está haciendo es subvertir la voluntad del pueblo venezolano”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron que estas reformas buscan “imponer requisitos desproporcionados para hacer imposible la continuidad de canales de televisión críticos como Globovisión e intervenir en los contenidos de todos los medios de comunicación”.
Una de las normas impone que el dueño del medio esté presente para ratificar la concesión. En el caso de Globovisión, el propietario está en EE.UU. tramitando un asilo luego de que Caracas ordenó su captura. La CIDH denunció que se trata de “una seria restricción al derecho a la libertad de expresión garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. En nombre de la alianza opositora, el diputado Alfonso Marquina se dirigió a la sede en Caracas de la OEA para denunciar las leyes. Y también lo hará ante el Mercosur.
Fuente: clarin.com
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