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Una iniciativa de diputados de distintas extracciones promueve crear una oficina de diálogo y participación ciudadana.
Un grupo de diputados nacionales de diferentes fuerzas políticas ha presentado un proyecto de ley para promover la creación de la Oficina de Diálogo, Participación y Vinculación Ciudadana con el Congreso de la Nación, en el ámbito parlamentario.
El primer dato positivo de esta iniciativa es su autoría compartida por representantes de diferentes sectores políticos. En efecto, tiene como firmantes a los diputados Héctor Flores (Coalición Cívica), Laura Alonso (Pro), Eduardo Amadeo (Peronismo Federal), Horacio Alcuaz (GEN) y Eduardo Costa (UCR). Los citados legisladores convocaron horas atrás a una audiencia pública para que la ciudadanía pudiera expresar sus opiniones sobre el proyecto en cuestión.
El interés que despertaron la convocatoria y la norma en debate movilizó a más de 200 personas, que representaron a 87 organizaciones de la sociedad civil. Durante las casi cinco horas que duró la audiencia, hicieron uso de la palabra 41 referentes de la sociedad civil y el fiscal general federal de la provincia de Tucumán, además de los diputados convocantes.
El proyecto contó con un amplio apoyo en diferentes organizaciones sociales, que consideraron relevante contar con una oficina que articule a la sociedad civil con los cuerpos legislativos en el ámbito del Congreso, por cuanto eso ayudaría a achicar la brecha existente entre normativa, políticas públicas y proyectos sociales.
También se señaló que esta oficina serviría para acercar la lógica de la actividad parlamentaria a la lógica de la sociedad civil organizada, además de institucionalizar y formalizar el ámbito de interacción y búsqueda de complementariedades entre organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, entre los dirigentes sociales que impulsan agendas de interés colectivo y los representantes del pueblo.
Las principales sugerencias al proyecto realizadas por los expositores en la audiencia pública se refirieron a buscar para la selección de las organizaciones que integren la oficina criterios que no apelen a la lógica de la representación del sector, sino al respeto de la gran diversidad geográfica y temática que define a la sociedad civil. Se sugirió jerarquizar el aporte del mundo académico y de la educación, facilitar la comprensión del presupuesto nacional, promover un marco fiscal y legal que fortalezca a las organizaciones y dinamizar herramientas de participación como las propias audiencias públicas y la iniciativa popular.
Se revalorizó, además, la posibilidad de consolidar el acceso a la información pública por canales que no generen asimetrías y socialicen en un plano de igualdad de acceso información de interés general que permita a los ciudadanos construir conocimiento cívico.
En síntesis, convertir este proyecto en ley podría reforzar al Congreso Nacional como espacio público y, al mismo tiempo, democratizar la accesibilidad al Poder Legislativo, pues todas aquellas organizaciones "sobre todo las de base" que no tienen en la actualidad ninguna capacidad de acceso a los representantes contarían con un espacio propio en la propia Casa del Pueblo.
Fuente: lanacion.com.ar
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