Raíces del delito y cómo combatirlo

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Por Rogelio Demarchi

En "Las raíces del delito en Argentina", un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba desarma la lógica de la mano dura.
En las distintas provincias argentinas, el delito asume características particulares, que tienden a mantenerse relativamente estables a lo largo del tiempo, de modo que no es suficiente una misma política de seguridad en todo el territorio nacional, sino que se deben tener en cuenta determinados factores específicos en cada provincia. Además, el agravamiento de las penas no funciona categóricamente como factor de disuasión. Y aumentar el presupuesto de las fuerzas de seguridad no produce de manera lineal un descenso de la tasa de criminalidad.


Estas son las tres conclusiones más importantes –pero no las únicas– a las que arribó un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que, dirigidos por Hada Juárez Jerez, entre 2004 y 2007, y en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, se dedicó a estudiar, primero, el delito contra la propiedad –sus características, su movilidad y crecimiento–, y luego, el concepto de exclusión social y su relación con el delito.

Una síntesis del resultado puede leerse en las páginas de Las raíces del delito en Argentina. Mapas, modelos y políticas alternativas (El Emporio Libros, 2010). Su lectura puede resultar compleja, pero permite desarmar casi todos los clichés con los que se aborda a diario el problema de la inseguridad.

“El delito es un fenómeno dinámico y regional. Esto implica que el período que se tome determina los valores de los indicadores y los factores que los afectan, y es regional porque depende del lugar en que se analice la importancia relativa de las causas que lo originan”, advierte Juárez Jerez.

La disuasión es un mito. Para la investigación se consideraron sólo los delitos contra la propiedad porque “representan alrededor de un 66 por ciento” de los hechos delictivos registrados y porque resultaban los más apropiados para el análisis que el grupo se había propuesto realizar.

“Los delitos contra la propiedad representan transferencias de recursos y esto posibilita mostrar que la perspectiva económica del análisis del delito es limitada, a pesar de la gran aceptación que ha tenido en los últimos años y que se traduce en la demanda de mayores penas para quienes delinquen”, explican en las primeras páginas.

–¿El no funcionamiento de la teoría de la disuasión demostraría que las políticas de mano dura no aseguran una reducción del delito?

–Beatriz Perona: El tema no es si funciona o no, sino que, como herramienta de análisis, no es muy pertinente.

–¿Por qué?

–B.P.: Porque simplifica el problema al extremo, tratándolo como un caso típico de elección racional, y no es lo mismo el proceso decisorio que se produce al comprar un helado, invertir en bonos o robar un banco. Además, es una concepción que no discrimina entre tipos de delitos, no discrimina entre grupos sociales diferentes, y considera que todos los individuos responden a incentivos de la misma manera. Una cosa más: presenta problemas empíricos. Esto es, los estudios que intentan comprobar si la teoría de la disuasión se cumple o no normalmente calculan correlaciones entre nivel de delito y ciertas variables que son medidas en forma agregada, y luego interpretan el resultado según lo que les haya dado. Esto es cuestionable desde el punto de vista metodológico.

–A pesar de todo eso, ¿la teoría de la disuasión podría ser útil en ciertos tipos de delitos?

–B.P.: Esta teoría supone que cometer un crimen es una acción racional en términos de costo-beneficio. Esto podría, con bastantes limitaciones, aceptarse para robos, estafas u otros tipos de delitos con un objetivo económico. ¿Pero matar o violar entran en la misma categoría? Probablemente no. Sin embargo, los análisis económicos del delito raramente hacen esta aclaración. En nuestro trabajo, esto sí se explicitó.

–Ustedes sostienen que no hay una relación directa entre la tasa de delincuencia y la incidencia de la pobreza, de modo que no hay más delitos cuanto más pobre es una provincia o región.

–Liliana Pereyra: Si comparamos la incidencia de la pobreza, o su crecimiento, con la tasa de crecimiento del delito, éste no crece al mismo nivel de aquélla. Es decir que ser pobre no es sinónimo de ser delincuente. En la actualidad, los problemas se han tornado más complejos, por lo que deben ser analizados desde lo multidimensional, al punto de que el concepto de pobreza tradicional evolucionó en la cada día más difundida idea de exclusión social, que fue la que incorporamos a nuestro análisis. Realizamos estimaciones tanto para la exclusión social como para las dificultades de integración social y variables explicativas, y en ambos casos la relación fue positiva. Por cada 1 por ciento que aumenta la tasa de hogares excluidos, se producen incrementos que van entre el 1,65 por ciento y 2,34 por ciento en la probabilidad de que el delito se eleve, mostrándonos que la dinámica del crecimiento del delito no tiene una solución única, pues los factores que interactúan lo hacen en varios ámbitos y en diversas trayectorias.

–En cualquier caso, la eliminación de la pobreza no elimina el delito. Lo reduce, pero no lo elimina.

–L.P.: La pobreza como tipificación general no deja ver las diversas realidades: los “pobres desde siempre”, los “nuevos pobres”, los “trabajadores-pobres”, “los pobres-desempleados”, los “vulnerables”, “los excluidos”, entre otros. Todos ellos son una sola cifra sobre la que se diseñan los programas para alivio, combate, lucha o erradicación de la pobreza. De esta manera, las políticas sociales focalizadas en la pobreza no garantizan una mejora en la calidad de vida de los individuos porque no se contempla la heterogeneidad, y por lo tanto no elimina el delito. Y por otra parte, encontramos que las políticas que generalmente se diseñan para disminuir el delito se orientan al Estado penal más que al Estado social, que es donde está la raíz del problema. Esto es: las decisiones se toman sin contemplar los componentes sociales de la trama del delito, y el gasto realizado no redunda en los resultados esperados. En síntesis, las políticas responden a modelos predeterminados y no a la realidad que pretenden cambiar.

–Todo reclamo de seguridad incluye la demanda de un mayor presupuesto para las fuerzas de seguridad. Pero ustedes afirman que un mayor gasto no asegura una disminución del delito.

–Nicolás Ochoa: Es un tema delicado. Por la forma de llevar adelante el estudio, donde las unidades de análisis fueron las provincias a lo largo de varios años, lo que podemos afirmar es que no existe una relación clara entre el mayor gasto en algunas provincias y sus niveles de delito. Por lo tanto, difícilmente se pueda elaborar una política general que sirva para todas las provincias acerca del mayor o menor presupuesto en seguridad. La controversia existe porque no es claro el sentido de la causalidad entre gasto en seguridad y delincuencia. ¿No deberían asignar una mayor partida presupuestaria a seguridad aquellas provincias con mayores problemas de delito? ¿Pero no es cierto también que las provincias que más gastan deberían ser las más efectivas? Por eso enfatizamos la idea de abordar los problemas de delincuencia provincia por provincia.

Analizar los gastos en seguridad a nivel nacional no ayuda a resolver el problema provincial; sí nos ayuda entender que es cada comunidad la que debe tomar las decisiones sobre los gastos para combatir los delitos contra la propiedad, que son los que nosotros consideramos... Por lo que no sería conveniente sacar conclusiones acerca de otras clases de delitos que no han sido abordados por este estudio.

–El estudio roza tangencialmente la relación entre política y delito, cuando se preguntan cómo incide la alternancia política en los gobiernos provinciales sobre las tasas de delincuencia y si la continuidad de una gestión no puede provocar un subregistro del delito.

–B.P.: Fue algo que realizamos más por curiosidad que otra cosa. El objetivo no era afirmar algo respecto a la relación política-delito, dado que no se puede sin antes indagar y explorar las relaciones con mayor profundidad. El objetivo era llamar la atención sobre un aspecto que merece considerarse, plantearnos una pregunta, ver qué nos dicen algunas correlaciones entre datos agregados. Son interesantes los resultados a los que se arribaron, pero no afirmamos que la permanencia en el poder político llevará a un subregistro del delito. Es, en todo caso, una conjetura que habría que probar.

–Más allá de eso, ¿el material estadístico con el que trabajaron es confiable?

–José Luis Navarrete: Los datos utilizados son los que existen y están publicados, por lo que a pesar de sus falencias, es lo mejor o lo único que hay. De no aceptarlos, no habría posibilidad de hacer estudios de este tipo, ya que sólo el Estado cuenta con la organización y capacidad administrativa para relevar información de esta índole. Por ello, y aunque hemos trabajado con seriedad, somos cautelosos en nuestras conclusiones.

–¿Se puede hacer alguna crítica a esos registros?

–J. L. N.: Los datos oficiales relacionados con la delincuencia presentan serios inconvenientes. Primero, su lenta actualización; todavía no podemos acceder a las estadísticas de los dos últimos años (los últimos que están disponibles son los de 2007). Segundo, una de las debilidades del sistema estadístico radica en la carencia de datos acerca de las personas privadas de libertad. Tercero, el gasto en seguridad en cada provincia es muy poco transparente.

–¿Se podrían demandar algunos cambios en esos registros para que futuros investigadores tengan mayores garantías?

–N.O.: Se pueden demandar muchísimos cambios. Un problema es el subregistro de los delitos; mucha gente simplemente no se toma la molestia de denunciar porque cree que no vale la pena. El subregistro sesga todos los análisis que se realizan, por lo que habría que mejorar en este sentido. Una medida posible para hacerlo sería trabajar con las organizaciones vecinales de cada barrio, pues los vecinos conocen cuántos delitos se cometen, dónde y de qué tipo. De esta manera, podría hacerse un seguimiento permanente (quizás también ayudado por procedimientos estadísticos de muestreo). Es una idea factible, pero tendría que haber una importante decisión y apoyo político para organizarlo.

–L.P.: Otro aspecto a destacar es el de las encuestas de victimización: están pensadas para captar justamente aquella porción de la población que se ve afectada por los delitos, más allá de haber hecho o no la denuncia, pero se hacen sólo en ciudades determinadas (y a veces se las ha discontinuado en el tiempo). Avanzar en la unificación y ampliación de estas encuestas sería un gran aporte para la investigación de la delincuencia en Argentina.

–N. O.: Un último caso: es necesario homogeneizar los métodos, las normas y los procedimientos estadísticos, así como el contenido y la periodicidad de las comunicaciones estadísticas, por región y distribución geográfica, algo que incluso podría ser coordinado por un comité interterritorial de estadística, pues el delito se traslada de una provincia a otra.

Fuente: lavoz.com.ar