Con el propósito de eludir sus responsabilidades en el problema de la inseguridad, el Gobierno Nacional ha decidido culpabilizar a la Justicia por el tratamiento de los delincuentes.
Al Poder Judicial le imputa, básicamente, no cumplir debidamente con las leyes y ser permeable en el otorgamiento de excarcelaciones.
Efectivamente, es desde hace tiempo evidente que es necesario más eficacia en la acción de fiscales y jueces, para obtener mejores rendimientos en el esclarecimiento y sanción de los delitos. Pero para atender adecuadamente este problema es necesario introducir cambios legales, mejoras de infraestructura para el alojamiento de detenidos, y una transformación de pautas que le den más inmediatez y celeridad a los pronunciamientos, así como mayor control de las sanciones.
Por otra parte, resulta imprescindible mejorar las estrategias de prevención del delito, y en esto urge coordinar la labor de las distintas fuerzas policiales y extender la presencia de los agentes en el espacio público.
Es decir que también existe una clara responsabilidad del Gobierno Nacional y de los provinciales por los problemas judiciales o policiales que afectan la seguridad.
Es destacable, además, que el Gobierno haya decidido que ni el Banco Central ni la Policía Federal se hicieran presentes en la discusión sobre salideras bancarias de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, eludiendo tratar el tema con representantes de la ciudadanía.
Al cuadro descripto esto, hay que agregar la notoria falla de las estrategias asistenciales y educativas, lo cual ha extendido la marginación y la exclusión social, la violencia y el tráfico de drogas y armas en amplias franjas de adolescentes y adultos que han carecido de una socialización adecuada en valores convivenciales básicos.
La inseguridad es un problema de todos que el Gobierno Nacional debe asumir en primer término, y cuyo tratamiento no puede estar subordinado a intereses políticos.
El Gobierno trata de eludir su responsabilidad en la inseguridad culpabilizando a la Justicia. Es tema requiere un tratamiento integral no subordinado a intereses políticos.
Fuente: clarin.com
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