El plan Argentina Trabaja no es el antídoto contra la pobreza

Ingreso Social con Trabajo. Argentina Trabaja. Su propio nombre define la idea que significó el anuncio oficial de un plan para organizar a 100 mil personas en cooperativas, con salarios de 1.500 pesos, para realizar tareas en sus municipios. A más de seis meses del lanzamiento del programa, no se cubrieron los cupos disponibles y se multiplican las denuncias de clientelismo, discrecionalidad, falta de pago o demoras en la asignación de tareas.

“Los núcleos duros de pobreza hay que abordarlos desde un tratamiento integral y especial. No bajo la forma de ‘te doy plata y no rendís cuentas’, sino bajo la forma de organización social y que además, a fin de año, estas cooperativas puedan también demostrar que han tenido productividad y distribuir parte de su ganancia como hace cualquier cooperativa”. Las intenciones de la presidenta Cristina Kirchner al anunciar el programa, el 14 de agosto en la Casa de Gobierno, no van a poder cumplirse.
Más de diez organizaciones piqueteras no kirchneristas piden mes tras mes la incorporación al plan de cooperativas. Y es que lo que se pensó que fuese “el mejor antídoto contra la pobreza” terminó por ser un plan cuestionado.
Para el 10 de marzo, 61.793 personas estaban incluidas en las cooperativas, según la respuesta consignada por el Ministerio de Desarrollo Social ante el pedido de información de la Fundación Poder Ciudadano. Al día de hoy, el secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional, Carlos Castagneto, anunció que el plan alcanzaba a más de 84 mil personas. De acuerdo a Castagneto durante el presente mes se incorporaron cerca de 14.773 beneficiarios.
Sin embargo, los cuestionamientos no sólo derivan por la falta de cumplimiento de los 100.000 puestos, sino por las irregularidades en los listados de inscripción, en la capacitación, en el cobro de los 1.200 pesos mensuales, en los municipios aplicados y en el manejo de los fondos. Las denuncias han llegado hasta el Congreso de la Nación, diputados de la oposición –encabezados por los partidos GEN, UCR, Partido Socialista, Proyecto Sur y Libres del Sur– presentaron el 10 de febrero un proyecto por el cual se le exige explicaciones al Gobierno sobre los parámetros de elección de beneficiarios y zonas, además de informar sobre el control de los recursos por parte de los intendentes.
El 18 de marzo se organizó una audiencia pública con las organizaciones opositoras, académicos y legisladores para discutir el manejo del plan. Y hasta estudian la posibilidad de impulsar un pedido de interpelación a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, con tal de recibir alguna respuesta.
No obstante, hasta el momento, ni las organizaciones sociales anti-K ni los diputados han obtenido respuesta a sus denuncias. Por esta razón, movimientos como Barrios de Pie, MST Teresa Vive y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) continúan con su plan de lucha por ser incluidos en el plan social.
Para el Gobierno, el lanzamiento del programa significó más de un conflicto. El año pasado vio cómo las organizaciones sociales cortaban durante un día y medio la avenida 9 de Julio con un acampe incluido.
Las promesas de modificaciones en la asignación de planes y el cambio de interlocutor –ahora se ocupa un funcionario de estrecha confianza de la ministra, Sergio Berni– no alcanzaron para desactivar el clima. Para abril ya se prepara una nueva andanada de movilizaciones con el fin de redoblar la presión por los puestos para los cooperativistas.

Listas clandestinas armadas por el oficialismo

Irregularidades en los listados, en la capacitación y en el cobro son los pilares de las denuncias expuestas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Juan Carlos Alderete, coordinador del movimiento, asegura a Crítica de la Argentina que “el 99% de las listas son casi clandestinas y fueron armadas por movimientos kirchneristas”.
El dirigente de la organización de base sostiene que lo único que está claro en el manejo del programa Argentina Trabaja “es la discriminación hacia todo aquel que no sea kirchnerista: sean intendentes u organizaciones”.
Durante el mes de diciembre, la CCC logró inscribir a 4.500 militantes. Sin embargo, en la actualidad sólo el 4% recibió la capacitación correspondiente. Pero las denuncias no terminan allí, ya que los doscientos militantes que alcanzaron a ser bancarizados tienen problemas en el cobro: “En las cuentas bancarias les figura depositado el dinero, pero no lo pueden retirar y no hay información de por qué”, según afirma el líder piquetero.
Alderete admite que muchas de los casos no salen a la luz porque la mayoría de los beneficiarios “no se anima a dar nombre y apellido”. No obstante, para el coordinador del movimiento, “los hechos están a la vista”. Pone como ejemplo que “en La Matanza hay 12 mil inscriptos y en ningún lado hay 12 mil personas trabajando”.
Y agrega otro dato. “Tenemos cooperativas desde el año 2003 que ahora el Gobierno está cortando. Teníamos 380 cooperativas entre los planes de Emergencia Habitacional, Techo y Trabajo y Agua más Trabajo. Ahora sólo están trabajando 150”, denuncia Alderete.

Promesas incumplidas

Sin cifras exactas, pero con denuncias claras, el coordinador del Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive, Gustavo Giménez, señaló a Crítica de la Argentina que aún esperan que el Gobierno cumpla la promesa que hizo en diciembre cuando “se pactaron 3.000 cupos con el compromiso de que fueran capacitados en enero y cobraran en febrero. Y eso no sucedió”.
El único avance que registra en las últimas semanas es que se comience a “levantar los observados, que representan alrededor del 40% de los inscriptos” y se les dé el alta en el plan para que comiencen la capacitación durante esta semana “ya que está la promesa de recibir el pago en mayo”. Pero la realidad parece ser otra. Giménez dice que “sólo el 15% del padrón de la organización” recibió en los días pasados la instrucción correspondiente al plan. Y que “se está lejos de lograr cupos fijos con resultados inmediatos”. Reclaman además que se incorporen beneficiarios en La Plata, San Isidro y puntos del interior.
Más de diez son las movilizaciones hechas por MST Teresa Vive en conjunto con otras organizaciones no kirchneristas desde noviembre. Pocas son las respuestas y ninguno el compromiso formal luego de las negociaciones realizadas con el Ministerio de Desarrollo Social y con el que era su negociador oficial, Eduardo Paillalef, ex funcionario ministerial sustituido por Sergio Berni: “Es un problema político, no es un problema legal”, puntualiza Giménez al tiempo que afirma que los representantes del ministerio “nunca aceptaron firmar ningún compromiso por escrito”.

El mal de los punteros

Desde noviembre, Barrios de Pie es una de las organizaciones que lidera las denuncias por “discriminación, clientelismo y corrupción” en el manejo del programa Argentina Trabaja. Daniel Menéndez, coordinador del sector, señaló a Crítica de la Argentina que las irregularidades comenzaron desde el momento de la inscripción, cuando la convocatoria quedó “en manos de los punteros del PJ”. Menéndez expresa que las dificultades para ser incluidos responde a un problema político: “El programa representa el aparato con el que Néstor Kirchner busca mantener el poder y una estructura de movilización”.
Una de las pocas respuestas se produjo tras los acampes de diciembre frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces se les permitió la inscripción de 3.000 militantes. Al día de hoy, “sólo 200 están trabajando. El resto no sabemos en qué situación está porque no tenemos diálogo con funcionarios del Ministerio”, señaló. Las irregularidades se reiteran a lo largo de los municipios del conurbano. En La Matanza y Merlo los militantes “ni siquiera se han podido inscribir”. Además, en esas localidades se han presentado denuncias en el cobro: “Los punteros les pidieron parte del sueldo a los inscriptos. Les dijeron: ‘Me das 500 pesos y no trabajás’”, según Menéndez .
Ante este escenario, Barrios de Pie convocará a otra movilización durante los primeros días de abril frente a los supermercados de las principales ciudades, para reclamar que “mientras suben los precios nosotros no podemos acceder al trabajo porque no somos del aparato del PJ”, informó el dirigente de Barrios de Pie.
Fuente: Crítica de la Argentina