El Polo, la Ria, los Pescadores, el Amparo y una Mala Jugada

Escrito por Pablo Alejandro Bustos

Los pescadores artesanales de Ingeniero White somos una comunidad que hemos practicado el arte de la pesca desde antes de que en la Ría exista siquiera muelle.

Los primeros inmigrantes descubrieron que el estuario de Bahía Blanca era rico en fauna ictícola, lo que los indujo a “tirar sus redes” en esta zona, comenzando así una tradición que ya lleva más de 100 años, pero que pronto, si todo sigue igual llegará a su fin. Hoy en día los nietos y bisnietos de esos primeros pescadores, seguimos utilizando las mismas técnicas de pesca, conviviendo todos estos años en armonía con la naturaleza, sin causar alteraciones que puedan llegar a repercutir ni en la calidad, ni en la cantidad de la población de peces y crustáceos de estos mares. Pero otras muchas cosas sí han cambiado durante los últimos dos siglos.

En el año 1968 se originó el Polo Petroquímico de Bahía Blanca como un proyecto de la empresa estadounidenses Dow Chemical que efectúo una propuesta para producir etileno a partir de la separación del etano del gas natural en Bahía Blanca donde convergen gasoductos provenientes de diversas cuencas productoras de hidrocarburos. Surgieron varias alternativas, pero ninguna de ellas prosperó hasta el nacimiento de Petroquímica Bahía Blanca, una empresa con mayoría estatal, que a comienzos de la década del '70 se puso en marcha. PBB fue creada por Ley 19334, dictada por el gobierno nacional el 3 de Abril de 1971. Bahía Blanca fue elegida como punto de localización del polo por diversos factores: La disponibilidad de gas etano en General Cerri, a 15 km. del complejo. El etano constituye una materia prima óptima para la producción de etileno. En ese punto confluyen los dos gasoductos sur y Oeste que provienen de las cuencas Austral y Neuquén, y las mayores reservas gasíferas del país. De esta forma, el Polo se asegura el pasaje diario de 18 millones de m3 de gas natural, con contenido de etano, propano, butano y gasolina natural. La presencia de salinas en las cercanías que garantizan la disponibilidad de cloruro de sodio, materia prima requerida para la producción del cloro. Accesibilidad a puertos marítimos de importancia, como Puerto Galván, Ing. White y Rosales. Acceso a redes viales y ferroviarias. Disponibilidad de servicios esenciales como energía eléctrica, gas natural y agua, y proximidad a un centro urbano de importancia como Bahía Blanca, que asimismo cuenta con recursos humanos calificados. Según estimaciones del 2001, Bahía Blanca es el mayor centro petroquímico de la provincia, con una participación de un 58% de la producción provincial, mientras que a nivel nacional, también participa fuertemente, dado que concentra un 45% de la producción del país. Actualmente, el Polo Petroquímico Bahía Blanca está compuesto por tres tipos de industrias: Industria petrolera, con una capacidad instalada de 4 millones de toneladas por año siendo sus principales productos: etano, naftas, GLP, fuel oil, gas oil, gasolina, asfalto, kerosén. Industria petroquímica: Con una capacidad instalada de 3,4 millones por año y dedicado a la producción de etileno, VCM, PVC, polietileno, urea, amoníaco puro. Industria química: Con una capacidad instalada de 350 mil toneladas por año, produciendo cloro y soda cáustica. Se afirma que este complejo industrial aporta a la economía de Bahía Blanca y la región más de 120 millones de pesos anuales, da empleo, abona impuestos y tasas y se vincula con la comunidad mediante diversas manifestaciones de la llamada Responsabilidad Social Empresaria. Pero lamentablemente las empresas del Polo Petroquímico nos han traído a los habitantes de Ingeniero White y Bahía Blanca y especialmente a la comunidad de pescadores artesanales más penas que glorias. La contaminación que producen estas empresas es exorbitante, existiendo tanto alteración en el aire, como en el suelo y agua, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de TODOS. Es así que tanto los pescadores como los habitantes de Bahía Blanca y la región debemos confiar en los funcionarios públicos, y tener esperanzas de que ellos controlen que las empresas cumplan las excelentes leyes vigentes del país, y de este modo eviten que ni el ambiente marino, terrestre o aéreo sean contaminados por el actuar de estas empresas. Pero la realidad demuestra que nuestros representantes, la dirigencia política, jamás ha evitado que estas empresas dañen el ecosistema provocando con su negligencia, graves perjuicios que difícilmente serán revertidos. Desde el año 2008 los pescadores artesanales hemos alzado nuestras voces en contra de la contaminación del Estuario de Bahía Blanca, resonando el tema en todos los medios periodísticos locales y hasta nacionales durante más de un año. El día 24 de diciembre de 2.009, la policía bonaerense y la Prefectura Naval Argentina reprimieron a los pescadores que se encontraban manifestando en el acceso al puerto de Ingeniero White, provocando una gran repercusión social los hechos de violencia de parte de la fuerza pública hacia los pescadores, sus esposas e hijos. Este desagradable hecho, el cual tuvo como saldo además de las graves lesiones, 50 pescadores detenidos en la comisaría 2°, 6 en las dependencias de prefecturas y 7 menores en la comisaría de Ingeniero White, desmoralizó enormemente a los pescadores artesanales de Ingeniero White, haciéndonos sentir que nos encontramos realmente solos en la lucha por el cuidado de un ambiente al cual sentimos como propio, pero sin lugar a dudas pertenece a toda la población actual y futura. Es así que desde esa nefasta víspera de Nochebuena hasta la actualidad los pescadores hemos sido acallados, robándonos quizás el única arma que teníamos para luchar contra la ilegalidad manifiesta de la empresas y las autoridades provinciales y nacionales que nada hacen para impedir que el ecosistema del estuario siga contaminándose día tras día. ¿Y que han hecho las empresas a las que acusamos de contaminar la ría, es decir Solvay Indupa SAIC; PBB Polisur S.A.; Profertil S.A.; Compañía Mega S.A.; Petrobras Energía S.A.; Transportadora del Gas del Sur S.A. (TGS S.A.); Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Cargill SACI y Dow Química S.A., a fin de solucionar este conflicto? Absolutamente NADA. Pese al desesperado reclamo de los pescadores artesanales de que dejen de contaminar el estuario, las empresas solo nos dan las espaldas, ignorando no solo a los pescadores, sino a toda la comunidad Whitense y de Bahía Blanca. Los representantes de las empresas jamás accedieron a tener una reunión con los pescadores o con los apoderados de ellos a fin de intentar conciliar intereses, simplemente optaron con hacer oídos sordos a las miles de voces que les piden a gritos que no maten este maravilloso ecosistema que tenemos, único en el mundo por sus características geofísicas y biológicas. Las empresas se han comportando con una desagradable soberbia ante el legítimo reclamo de los pescadores, hecho que demuestra el poco interés que tienen en mantener una buena relación con la sociedad a la que pertenecen, lo que intentan tapar auspiciando eventos deportivos, culturales y principalmente programas periodísticos. ¿Y los Organismos Públicos? Los gobernantes, las personas que nos representan, los que tienen que velar por los intereses públicos no han hecho más que demostrar su total inutilidad. La Prefectura Naval Argentina, es el único organismo con competencia exclusiva y excluyente en los hechos de vertidos, vuelcos, emisiones, inmisiones y accidentes contaminantes y degradantes del medio marino del Estuario de Bahía Blanca. Ningún otro estamento del Estado Nacional ni Provincial tiene el poder de policía en las aguas del mar. Sin embargo, las empresas vierten al mar 11.665 m3/día de desechos, pero nada se hace para impedir que esto ocurra. El Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismo encargado de velar por el cuidado del medio ambiente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, ha negado que la ría esté contaminada, indicando que solamente se encuentra “alterada en algunas tramitos”. El diario local La Nueva Provincia en su edición del día 2 de febrero de 2010, publicó en esta nota que "Los metales pesados encontrados están por debajo de lo que establecen las normas", afirmó ayer por LU2 Federico Jarsún, director de Evaluación de Impacto Ambiental del OPDS, quien aclaró que ese organismo no tiene laboratorios propios y quien estimó, además, que los niveles que exponen los pescadores puede deberse a un "falso positivo por la salinidad de la ría". El día 16 de Febrero de 2010, funcionarios del OPDS se presentaron en Bahía Blanca y dijeron que la contaminación en la ría no supera los parámetros que sugieren las normas vigentes. Valiéndose de los estudios realizados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en el estuario local, a mediados de diciembre de 2009, la jefa del departamento Laboratorio del citado organismo, Silvina Ambrosolio, aseguró que se han "detectado sustancias contaminantes tanto en el estratoagua como en los sedimentos, pero no en niveles que sean alarmantes para la pesca, ya que en ninguno de los casos se ha visto superada la normativa nacional e internacional utilizada para este tipo de análisis". "En el agua del estuario encontramos presencia de la descarga cloacal, mucho aporte de nutrientes, zinc y cobre, pero no en niveles como para destacar". Acerca de si con los datos obtenidos en la muestra, la OPDS ha podido definir si la contaminación provocó la ausencia del recurso ictícola en la ría, Ambrosolio destacó que no se deduce de los análisis una afectación directa a la pesca. Verónica Gladario, directora de Controladores Provinciales de la OPDS, expresó que los datos obtenidos "no alarman al tema de la pesca", "Nosotros vamos a evaluar qué carga tuvo la ría a partir de las industrias. La OPDS fue creada bajo la ley de radicación industrial 11.459, aunque más allá de eso, hoy puedo decir que estos parámetros no alarman y están por debajo del límite", dijo Gladario. Cualquier ciudadano común al leer las palabras de los funcionarios del OPDS, puede tener la sensación que fueron expresadas por algún vocero de las empresas del Polo Petroquímico, o por sus abogados tal vez, pero jamás por funcionarios que pertenecen a un organismo estatal que tiene por finalidad evitar que se contamine el ambiente dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Si pese a la constante mirada de los vecino de I. White, las empresas no dejan de contaminar el aire, y provocar ruidos molestos ¿alguien puede creer que éstas empresas invierten en tecnología y cumplan las normativas vigentes para no arrojar sustancias tóxicas al mar, pese a que no puede ser controlado ni denunciado por el ciudadano común, atento que nadie tiene acceso a las salidas de los caños por donde arrojan sus afluentes, es decir lo realizan en forma clandestina? Parecería que la respuesta es obvia, pero nuestros funcionarios dicen que en Bahía Blanca, todo está bien. En el ámbito local, el intendente de Bahía Blanca como un juego de palabras que ha ningún lugar ha llegado habló de “Pacto ecológico” en este video , pero nada ha hecho para revertir esta situación que se agrava a cada instante. ¿A que pacto ecológico se refería el intendente? ¿Cuáles eran las concesiones recíprocas que cada una de las partes deberían hacerse según el intendente? Tal vez jamás vamos a poder tener las respuestas a esas preguntas porque parece que el intendente ya no desea hablar de la contaminación en Bahía Blanca. Nuestros abogados, han intentado mantener una reunión con el Intendente Breitenstein, a fin de lograr su apoyo en la tramitación en la demanda que pretendíamos iniciar, y si era posible que intervenga en carácter de actor, atento que en la demanda por daño ambiental colectivo que hemos iniciado, la única beneficiaria de la indemnización solicitada es la comunidad local, habiendo requerido a favor del municipio (es decir todos los ciudadanos de Bahía Blanca) una indemnización de cincuenta millones de pesos. Sorpresivamente el intendente de Bahía Blanca no ha tenido interés en presentarse en la causa por daño ambiental que tramita en el juzgado federal local, sin siquiera haberse interesado en tener una reunión con los abogados que han iniciado dicha demanda. Recordemos que el propio intendente ha expresado “la justicia también es parte de la solución”, pero más que esas bellas palabras, nada hizo ni hace para que la justicia pueda dar la solución a este conflicto Vale resaltar que en casos similares las municipalidades no solamente han apoyado la iniciativa de particulares, sino que han iniciado las demandas, teniendo la gran ventaja de poner toda la estructura que poseen los municipios a fin de logar evitar la continuidad de la contaminación. Tal vez el caso paradigmático es el de Berazategui, en donde el Municipio inicia juicio a Aguas Argentinas SA, a fin de que se la condene a ejecutar las obras necesarias para el cese de la contaminación de las aguas del Río de la Plata, reparar los daños ambientales, e indemnizar los daños civiles causados por la contaminación costera de Berazategui. Pero el gobierno municipal de Bahía Blanca, lejos de reclamar judicialmente los derechos de los ciudadanos que representa, les ha dado la espalda a los pescadores y a la comunidad bahiense en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, entonces…¿de que pacto ecológico hablaba Breitenstein? ¿Que está haciendo para proteger este ambiente? La municipalidad por intermedio del Comité Técnico Ejecutivo (C.T.E.), cuenta con importantísima información, que sin duda era de gran utilidad a fin de redactar la demanda, además del asesoramiento que hubieran tenido nuestros abogados de parte de los ingenieros y técnicos especializados en la materia y que hace años que vienen estudiando la contaminación de la Ría. Pero la cruda verdad es que nada de ese apoyo hemos tenido, manteniendo al margen de este conflicto que sin lugar a dudas es uno de las más importantes que tiene hoy en día la ciudad. Recordemos que el balneario Maldonado estuvo clausurado un año por la contaminación y el verano pasado tenían que llenarlo con agua de perforación, porque el agua de la Ría, no es apta para uso recreativo. ¿Y qué hace la municipalidad, qué hace el OPDS, como trata de revertir esta situación? ¿Acaso cree que este es un problema de los pescadores y nada más, y que solo hay que esperar que los pocos que seguimos luchando nos cansemos para que en Bahía no se hable más de contaminación? Con mucha bronca tuvimos que ver por televisión como el secretario de obras públicas del gobierno local agradecía a Solvay Indupa porque había donado cloro para el mantenimiento de la pileta de agua dulce del Maldonado, cuando lo que realmente corresponde no es que estas empresas sean halagadas por los funcionarios municipales por donar unos cuantos litros de cloro, sino que todos podamos bañarnos en la Ría como lo hacíamos hace años atrás. Hoy en día las esperanzas de los pescadores están puestas en la Justicia, la que si bien saben que es lenta, no cuenta con la corrupción que existe en la política, la cual solo nos ha provocado más disgustos que la misma contaminación, la merma de pesca y la falta de trabajo. Tal vez el único acto político positivo desde que este conflicto ha comenzado, es el dictado por parte del Ministro de Asuntos Agrarios Franetovich de la Resolución 208/2010, que dice: “…de los estudios científicos realizados por la autoridad de la Ría de Bahía Blanca se desprende que el incremento del polo industrial ha provocado una disminución del producto pesca. Que como consecuencia de ello las embarcaciones que allí operan ven reducida su actividad laboral….” Estas claras y precisas expresiones del Ministerio con específica competencia en materia pesquera de la Provincia de Buenos Aires, demuestran en forma contundente e indubitable la verosimilitud de lo manifestado por los pescadores, pero ¿que remedio otorga el Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia (del cual depende el OPDS)? ¿Combatir la contaminación? ¿Realizar mayores controles para que las empresas no contaminen? ¿Obligar a ABSA S.A. a realizar plantas depuradoras eficientes? No, solo autoriza la reconversión de 8 embarcaciones para que puedan pescar “aguas afueras”. ¿Y el resto de los pescadores, y el resto de los ciudadanos que hasta hace unos años tenían el privilegio de salir a pescar y bañarse en la ría a 10 km del centro de Bahía Blanca? Parece que al gobierno no le preocupa demasiado. Ahora bien, más allá de “solución” de parte del Gobierno de Buenos Aires, que más que intento de revertir la situación actual da la sensación que tiene por finalidad conformar a algunos pocos para que dejen de “protestar”, lo cierto es que pese a las décadas de inútiles controles sobre los “límites permisibles”, “límites tolerables”, “valores guía”, etc. etc., las empresas instaladas en el polo petroquímico y puerto local, tienen prohibido por ley arrojar, colocar, hacer o dejar llegar a las aguas en forma permanente o transitoria sustancias nocivas para la biología marina de conformidad con el artículo 13 de la ley 11.477 que expresamente dice: “Queda prohibido en toda la jurisdicción de la Provincia: a) Arrojar, colocar, hacer o dejar llegar a las aguas en forma permanente o transitoria, sustancias nocivas para la biología marina…”. Ergo, si una sustancia es nociva para la biología marina no puede ser arrojada al agua del Estuario. Ni mucho ni poco, ni valor límite, ni máximo permitido, ni NADA. ESTA PROHIBIDO. Toda esta inactividad o intento por evadir el problema en vez de solucionarlo va a tener como punto de inflexión, la contestación del traslado de la demanda que se les ha notificado a las empresas y al estado nacional y provincial a principio de año. Ambos estamentos del Estado, demandados por incumplir con sus obligaciones, deberán optar por seguir el lineamiento de la Resolución 208/2010 dictada por el Ministro de Asuntos Agrarios, es decir, reconocer que la actividad del Polo Petroquímico ha causado la merma de pesca (la Ría está contaminada por la actividad industrial y esto causa la desaparición de la vida marina) o tomar la postura del OPDS, el cual depende del MAA, y seguir manteniendo que los niveles de contaminación están dentro del parámetros permitidos (pese a que la ley 11.477 no habla de valores permitidos, tajantemente prohíbe arrojar sustancias tóxicas al mar) y no existe afectación a la vida marina. O tal vez una tercera opción, sin dudas la más cobarde, es interponer chicanas procesales a fin de tratar que el asunto de fondo, es decir la contaminación y daño a los pescadores, no sea resuelto nunca por la justicia, o al menos se demore lo máximo posible. Esta es una decisión que deberán tomar las personas que nos representan, que a su vez representan los intereses colectivos, los que deben velar por el cumplimiento de las normas legales y constitucionales y por evitar que los intereses de algunos (aunque generen millones de pesos anuales) estén por encima de los derechos humanos de toda la comunidad. A todo esto, y por si fuera poco que un grupo de 52 pescadores estemos litigando judicialmente contra las empresas más importantes del mundo, además de haber demandado al estado nacional y provincial, parece que tenemos otro “enemigo procesal”, dado que otra jugada de dudosa intención ha sido perpetrada por la cámara de pescadores de Ingeniero White, al sumarse a la demanda por daño ambiental colectivo que hemos presentado oportunamente. Como es de público conocimiento el Sr. Eduardo De Felippis, “representante” de la cámara de pescadores, desde hace años viene amagando y prometiendo iniciar acciones judiciales, pero nunca concretó su promesa, criticando mediante los medios periodísticos, en varias oportunidades la decisión tomada por los pescadores que no pertenecemos a la “cámara” de iniciar un proceso judicial, El caso es que en un vuelco de 180 grados, hoy se presentan en la causa ambiental como terceros afectados, “revoleando el poncho” a diestra y siniestra acusando a todos de contaminar y pidiendo que comparezcan en la causa civil, entre otros, las provincias de Río Negro y (¿?!) La Pampa ya que consideran que sus cuencas en los Ríos Colorado y Negro se encuentran contaminadas (¿?)aguas arriba, como así también las aguas de jurisdicción nacional e incluso internacional ya que este sería el caso de las aguas de la República Oriental del Uruguay; eso si, piden que otros hagan los estudios que lo demuestren ya que parecen no tener pruebas de lo que afirman. Es innegable que la Ría de Bahía Blanca esta contaminada y en sanearla es en lo que nos enfocamos en principio quienes iniciamos la demanda por daño ambiental en su momento, pero la intención de la cámara de pescadores al citar en la causa a las provincias de Río Negro y La Pampa, no es pecar de puntilloso en extremo sino una clara jugada para llevar esta causa a la ciudad de Buenos Aires atento que expresamente solicitan al juez que se declare incompetente (ver la presentacion de la camara en los links al pie de pagina) y remita la causa a la Corte Suprema de Justicia a fin de que entienda en forma originaria, es decir no en grado de apelación que es lo normal. Hecho que provocaría retrotraer la causa que lleva 15 meses y más de 550 fojas a fojas cero. Esta maniobra procesal de la cámara por sacar la causa de su juez natural, es decir el juez con competencia territorial, atento que los hechos dañinos se producen en Bahía Blanca, no tiene otra intención, a mi criterio, que embarrar la cancha. Dado que si bien la Corte Suprema es el superior órgano judicial dentro de la República Argentina, lo que le da mayor seguridad a las decisiones que adoptan, lo cierto es que los procesos en la CSJN son mucho más lentos que en los juzgados de primera instancia, y lo que más se necesita en las causas relacionadas al medio ambiente, es la premura en las decisiones judiciales, decisiones judiciales que parecería que la “Cámara de Pescadores” no tiene mucho apuro que se tomen, sus razones tendran...............

Fuente: sololocal.info