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Por: Florencia Arbeleche
Por primera vez desde que se inició el conflicto por la pastera UPM (ex Botnia), el Gobierno uruguayo...
reconoció que la empresa incumple una norma ambiental local clave para evitar la contaminación del río compartido entre ambos países.
Luego de la queja oficial de la Argentina sobre el sistema utilizado para la disolución de los efluentes (constatado en octubre por los científicos que visitaron la planta), la Dirección de Medio Ambiente de Uruguay exigió en las últimas horas a la compañía finlandesa que modifique su sistema de vertido de efluentes.
El dato no es menor. Prueba, por un lado, que la pastera evade desde que comenzó a funcionar hace tres años reglas ambientales exigidas por el Estado uruguayo. Pero, más grave aún, deja al descubierto la complicidad -al menos por omisión- de los orientales en la irregularidad del funcionamiento de la polémica planta de celulosa.
El pedido (tardío) de la dirección de ecología de José Mujica consiste en que UPM deje de mezclar sus efluentes industriales con agua antes de ser volcados al río Uruguay y que adecue su sistema para que los desechos líquidos que salgan de la planta no superen los 30 grados de temperatura.
Más allá del enfriamiento, la gravedad del caso está dada en el implícito reconocimiento de que Botnia diluye concentraciones de los componentes utilizados en el sistema de blanqueo ECF, que si bien puede reducir hasta el 80% las emisiones de dioxinas y furanos, sigue emitiendo un porcentaje importante de esos compuestos.
Sin embargo, el nivel de toxicidad de esos desechos podrá probarse recién a partir de los controles científicos que arrancarán en marzo. Por eso la expectativa entre los expertos argentinos es que Botnia haya modificado para entonces el sistema, ya que, de lo contrario, la disolución de los efluentes producirá un «engaño» en los sensores que se prevén colocar en la boca del gran caño que desemboca en el río, frente a las costas de la combativa ciudad de Gualeguaychú.
«Existe una norma uruguaya que data del año 79, que prohíbe claramente la disolución de efluentes con agua», subrayó y despejó de esta manera toda duda un experto cercano a la negociación política entre Mujica y Cristina de Kirchner.
Para restarle trascendencia al impacto de la noticia, el representante uruguayo ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, Gastón Silbermann, dijo que «la mezcla con agua de río para enfriar los efluentes se hace después de que los desechos fueron tratados». Y que la implementación del cambio llevará «un tiempo». Agregó, sin embargo, que no se trata de una situación «tan grave como se plantea».
En simultáneo, trascendió también ayer que el Banco Mundial, organismo que financió la construcción de la pastera, reconoció -ante un requerimiento argentino a partir de la preocupación por el sistema de disolución- que la compañía ya había saldado el crédito adquirido y que, por lo tanto, el BM no tenía desde ahora capacidad de objetar ninguna irregularidad.
Fuente: ambito.com
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