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Entrevista a Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional
Por Juan Ignacio Pereyra
El especialista asegura que en Argentina viven marginados, sin acceso a la educación ni a la identidad, porque muchas veces ni siquiera tienen documentos.
– ¿Cómo ve la situación de los derechos humanos en la Argentina?
Hubo muchísimos avances, fundamentalmente en temas de derechos civiles y políticos. Los juicios por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983) son muy importantes, dentro de lo que se conoce como justicia retroactiva. Es un mérito. Otro paso adelante es la derogación de un artículo del código militar que permitía la aplicación de la pena de muerte, con lo cual la Argentina se convirtió en un país abolicionista.
– Dejando de lado lo que Amnistía celebra, ¿cuáles son las cuentas pendientes?
Evidentemente hay algunas muy importantes en materia de derechos económicos y sociales. En el país hay una cultura de derechos humanos que está muy enfocada a cuestiones civiles y políticas, por nuestra propia historia.
– Sobre todo en los últimos años.
Sí, con el retorno de la democracia y la revisión de lo sucedido en la última dictadura, se tendió a asociar los derechos humanos con la libertad de expresarse, el debido proceso, resguardo contra desaparición forzada de personas, etcétera. Las principales organizaciones de derechos humanos en el país apuntan en esa dirección.
– ¿Cree que hay mérito del kirchnerismo en los avances en derechos humanos?
Sí, lo hay. Evidentemente han tenido una clara voluntad política en progresar en esta materia y lo han hecho. Si no hubiera sido por la intervención de este gobierno, probablemente no se hubiera avanzado. Pero no hay que olvidarse de cómo fue la historia de los derechos humanos en la Argentina. En 1983 fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que hizo algo que muy pocos habían podido lograr en el mundo: juzgar y condenar a los principales responsables del terrorismo de Estado con todas las garantías. Esto fue una contribución enorme, que implicó un grandísimo compromiso. Así, el kirchnerismo lo que hizo fue completar un proceso de justicia que se inició en 1983.
– Al centrarse la atención en los derechos civiles y políticos, ¿qué se está perdiendo de vista?
El gran problema en la Argentina es que el 40% de la población está bajo la línea de pobreza. Es lo mismo que sucede en Sudamérica y también en un mundo con recursos para que esto no suceda. Millones de personas viven sin acceso a servicios básicos como luz, gas y redes cloacales, ni tampoco a la Justicia. Entonces pareciera que las cuentas pendientes están en ese espacio. Y hay cuestiones urgentes.
– ¿Cuáles?
Por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación de los aborígenes. Lo que está pasando en la Argentina con los pueblos indígenas es un genocidio silencioso. Lisa y llanamente. Viven marginados, sin acceso a la educación ni a la identidad, porque muchas veces no tienen documentos. Cuando se ven privados de acceder a las tierras ancestrales se ven privados del acceso a la cultura, porque esas tierras tienen que ver con sus formas de vida, son sus cotos de caza. Eso es lo que les permite mantener su identidad cultural. Tienen que mirar hacia grandes centros urbanos y se convierten en mano de obra barata. Hay que tomar medidas rápidas.
– ¿Cómo es que los indígenas llegan a esta situación?
Hay muchísimas situaciones distintas. Se calcula que hay declarados alrededor de 600.000 indígenas en la Argentina y se presume que muchos otros no reconocen sus raíces porque, en función de las construcciones culturales que hicimos, no es prestigioso. En muchos casos el escenario en materia de títulos de propiedad es confusa. Es decir, las comunidades no tienen títulos de propiedad, simplemente las reclaman como extensiones que ancestralmente les pertenecen. Otros, como los tobas, en Formosa, tienen títulos de propiedad.
– ¿Sin embargo?
Bueno, el Estado está llevando a cabo una serie de acciones que viola el derecho de propiedad que ellos tienen sobre esas tierras. Hay una ley en Argentina, la 26.160, que prohíbe realizar cualquier tipo de desalojo o actividad administrativa sobre las tierras hasta tanto haya un relevamiento territorial que permita conocer qué pueblos indígenas viven en qué tierras. Mientras, no se puede intervenir en esos lugares, mucho menos de manera violenta como sucedió en Formosa.
– La situación se replica en otras zonas del país como, por ejemplo, Río Negro con los mapuches.
Sí. No tengo datos precisos de los mapuches porque no hemos trabajado con ellos específicamente. Amnistía trabajó centralmente con el caso de la comunidad indígena pilagá de El Descanso, en Formosa. Estuvimos con ellos y elaboramos un informe que ha circulado por todo el mundo. También conocemos lo que sucede con otros pueblos aborígenes en el norte. Y sabemos que la situación en todo el país es parecida: no tienen acceso a sus tierras, muchas veces los territorios que les pertenecían fueron vendidos y ocupados por privados o el Estado los utiliza para fines diversos.
– ¿Por qué cree que el Estado actúa de esa manera?
¿Por qué el Estado actúa de esa manera? Bueno… Muchas veces porque persigue fines que considera legítimos y que tienen que ver con políticas públicas, mientras que estas comunidades indígenas no tienen la suficiente visibilidad como para hacer valer sus derechos, generalmente en tierras que les pertenecían incluso desde antes de que los colonizadores llegaran a América. Y que las necesitan para mantener su identidad como pueblo. Los derechos de los indígenas son muy fáciles de violar porque ellos tienen poca visibilidad. En nuestra cultura no hay conciencia sobre la situación de esos pueblos.
– ¿Por qué ocurre esto?
Por alguna razón es un tema que no vende. Probablemente tenga que ver con lo que decía antes, que la cultura de derechos humanos está muy centrada en lo civil y político. Entonces no estamos sensibilizados frente a los problemas de los pueblos indígenas. Son noticias que no venden, excepto cuando las podés convertir en policiales, que fue lo que pasó en Formosa en noviembre.
– O sea, es necesario un muerto para que tengan visibilidad.
Claro. “Si no hay muertos, no nos interesan”, se piensa de esa manera. Y esto no es un caso aislado, sino que pasa en todo el país. Además, en cualquier momento pueden ser desalojados o reprimidos. Viven en situaciones de marginalidad y son víctimas del clientelismo político.
Hay relatos bastante frecuentes sobre que en tiempos electorales les secuestran los DNI y encierran algunos miembros de comunidades indígenas en galpones para garantizarse votos. Esta práctica ocurrió en Formosa y está en el informe de Amnistía sobre los pilagá.
– ¿Qué otros temas son clave en la agenda de derechos humanos?
El acceso a vivienda, sin duda. En Argentina tenemos una crisis en este sentido. Hay muchísima gente que vive en situación de pobreza y se ha desplazado a grandes centros urbanos. Pero desde hace muchos años el Estado no tiene ninguna política de vivienda clara.
– Mauricio Macri dijo que la situación es producto de la inmigración descontrolada, ¿qué piensa?
Fue una expresión poco feliz. Hay algo que es intrínseco a los derechos humanos y es que son para todos, independientemente de si son o no ciudadanos de un país, su raza o color de piel.
Fuente: servindi.org
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