Por Laura Di Marco
Figura al tope de las preocupaciones ciudadanas y las nuevas investigaciones señalan que afecta sobre todo a los sectores sociales más vulnerables. Sin embargo, desde el amplio espectro de la centroizquierda todavía es un tema incómodo, atravesado por tabúes ideológicos y casi ausente en su agenda. Aunque esto podría estar cambiando.
Francisco Américo De Luca, dueño de una inmobiliaria en Almagro, vivía con miedo a que lo asaltaran, por eso trabajaba encerrado con llave. Sin embargo, lo que más temía, sucedió el lunes pasado, cuando unos ladrones lo asesinaron de cinco balazos en el baño. Cuatro horas más tarde, y a veinte cuadras de distancia, otro hecho violento sucedía en la casa de Rosa Umeres: su esposo encontró su cadáver oculto en el ropero.
Una pequeña muestra, tomada al azar durante la última semana en Capital, donde se denuncian 17 delitos por hora. Pero también un cuadro que se replica en todos los centros urbanos del país, donde el tema de la inseguridad figura al tope de las preocupaciones de los argentinos, que vienen reclamando una respuesta al flagelo en marchas multitudinarias, como las que se hicieron hace apenas un mes, después de los asesinatos brutales del modelo Diego Rodríguez y de Matías Berardi. Antes, a mitad de año, la muerte del bebe de Carolina Píparo, baleada en una salidera bancaria, sumó otro shock de alto impacto a la ya larga lista de tragedias nacionales.
Y sin embargo, para la centroizquierda argentina la inseguridad no parece haber sido hasta ahora un tema central de agenda, y menos aún de campañas electorales, anclada quizá en viejos prejuicios, tentada de mirar hacia otro lado ante la dificultad de hallar esas respuestas que reclama la gente o adormecida por ese estéril chisporroteo político que llevó al ministro Aníbal Fernández a afirmar que no había un aumento real de la criminalidad sino una "sensación" fogoneada y manipulada por los medios.
El de la seguridad "nunca fue un tema para la centroizquierda, es cierto -admite Pino Solanas, líder de Proyecto Sur-, pero nosotros empezamos a darle una gran jerarquía porque lo consideramos un derecho humano importante". Desde el mismo espacio, Patricia Walsh, confirma que es "nueva la conexión entre inseguridad y pobreza. Debemos admitir que antes no lo veíamos así, y era un error completo".
Experto en mafias policiales y lavado de dinero, Marcelo Saín, hoy principal asesor de Martín Sabbatella, confiesa, sin eufemismos y a modo de autocrítica (porque él es parte de ese espacio), que el progresismo ha tenido una "tara histórica" con el tema de la seguridad, y que en 25 años de democracia aún no pudo superar la asociación de la policía con los resabios de la dictadura. "Entonces, la mejor manera que encontró para resolver el tema fue negarlo".
El problema es que en esa negación -que recién ahora comienza a dar lugar a algunas iniciativas en la materia- el progresismo argentino reveló una importante desconexión respecto de una de las principales demandas de la sociedad: no hay encuesta que no refleje que el miedo a ser víctima de un delito es una de las mayores preocupaciones de los argentinos, si no la mayor.
Y esta no sólo es la conclusión de consultoras locales: un relevamiento global de Gallup a principios de noviembre concluyó que el 61 por ciento de la gente tiene miedo a andar de noche por la calle. Y aclara: sólo en 13 de 105 países la percepción del miedo de los encuestados superó la de los argentinos.
Otro sondeo, del Observatorio de la UCA, explica ese miedo cuando revela que tres de cada diez hogares argentinos fueron víctimas de un delito violento en los últimos años, y que la criminalidad creció con fuerza entre 2006 y 2009.
Entonces, ¿por qué la tara histórica?
El sociólogo e historiador de la UBA Marcos Novaro ensaya algunas explicaciones. "La izquierda, en general, ha aprendido a temer al aparato represivo antes que a usarlo para la protección de derechos prioritarios. Por otro lado, ha renunciado a una agenda de reformas abrazando, en cambio, una visión economicista de muchos problemas, lo que llama la atención porque la acerca a las teorías del derrame neoliberal. Es decir, la clave sería acelerar el crecimiento del PBI, y así todos los problemas se resolverían solos".
Así, lo que brilló por su ausencia en los últimos años en los espacios de gestión de la centroizquierda fue la construcción de una política de seguridad democrática con sesgo progresista. Como por ejemplo el hecho de instalar en la agenda la necesidad de una reforma profunda de la Policía, algo que nunca se hizo desde la reinstauración democrática.
El economista de la Universidad Di Tella Ernesto Schargrodsky enhebra otro motivo: "El debate sobre la inseguridad en América latina está bastante copiado del que se da en Estados Unidos, donde la preocupación por estos temas es, básicamente, de los republicanos".
En defensa de la centroizquierda criolla, el economista Sebastián Galiani, quien junto a sus colegas Schargrodsky y Rafael Di Tella realizó un novedoso paper sobre cómo se distribuye el crimen en la Argentina, reparte las cargas de otro modo: "Para ser justos, todo el espectro político le ha dado la espalda al problema del crimen. La izquierda, porque no cree en la represión del delito y aspira, utópicamente, a crear una sociedad igualitaria y sin crimen. Y la derecha, porque supone que el problema se resuelve con mayores penas, y está equivocada".
La investigación, desde la economía del crimen, reveló que, a diferencia de lo que puede suponerse, son los barrios más pobres los más vulnerables al delito violento. La explicación es que los ricos tienen mayores posibilidades de protegerse con seguridad privada o utilizando recursos caros, como alarmas o cámaras de seguridad. Como resume Di Tella: "Los ricos les 'tiran' el delito a los pobres".
En esta nueva visión, un par de meses atrás Proyecto Sur realizó un foro sobre políticas de seguridad al que invitó académicos de sesgo progresista. Un ejemplo de estos trabajos son las investigaciones del sociólogo Gabriel Kessler. Con datos provenientes de una encuesta realizada en 2007 por el gobierno de la Ciudad, Kessler, junto a Marcelo Bergman, desembocó en otro dato revelador: vivir afuera de los barrios más protegidos de la Capital -que, a su vez, son los más ricos- aumenta en un 40 por ciento las probabilidades de ser víctima de un delito violento. Otra vez la asociación entre menores recursos y mayor vulnerabilidad.
Y es probable, también, que el prejuicio de que la inseguridad es un fenómeno que afecta básicamente a los pudientes -algo que, como vemos, no se constata en la realidad- también haya contribuido a generar esa "tara histórica" del progresismo.
En plan de revisar posiciones, el CELS impulsó a fines del año pasado la firma de un Acuerdo de Seguridad Democrática para el cual logró un consenso entre más de treinta legisladores, una lista de la que excluyó a los seguidores de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Francisco de Narváez, por considerar que están fuera de los parámetros del progresismo.
Esta movida multipartidaria buscará la semana que viene, el día 23, impulsar la creación de un Observatorio de la Violencia. La meta final es que el progresismo pueda, finalmente, diseñar una política de seguridad propia y, sobre todo, reclamar la conducción civil de las fuerzas policiales. Otro objetivo del Observatorio es diseñar diagnósticos y mediciones reales. Ocurre que el gobierno nacional dejó de hacer encuestas de victimización -las que miden la evolución del delito- en 2008, presumiblemente con el mismo fin que persiguen las adulteraciones estadísticas en el Indec: el de tapar el hecho de que el crimen crece sin frenos en todo el país.
Progres y policías
Los dirigentes de centroizquierda consultados para esta nota parecieron buscar una tercera posición en la discusión entre "manodurismo" -o "demagogia punitiva", como llama Martín Sabbatella a aquellas recetas que sólo apuntan a elevar las penas- y, por el lado de la izquierda -incluido el kirchnerismo- , la creencia de que la lucha contra el delito sólo se remedia, en el largo aliento, con una sociedad más justa.
"Y ambas posiciones son testimoniales porque en la práctica no resuelven nada. La solución real es integral", resume el jefe de Nuevo Encuentro.
Fernando Iglesias, diputado e intelectual de la Coalición Cívica, dispara contra el Gobierno: "El kirchnersimo afirma que la única forma de combatir la delincuencia es mejorar la situación social y, al mismo tiempo, sostiene que ésta no ha dejado de mejorar en los últimos siete años. Entonces, debería explicar por qué el delito sigue en auge".
Aliado del kirchnerismo, Sabbatella cree que el Gobierno nunca tomó seriamente el tema de la inseguridad. "Más aún, Scioli es un retroceso profundo en relación con la reforma que había comenzado [León] Arslanian, porque volvió a otorgarle a la Bonaerense el autogobierno. Está rodeado, además, de una estructura política, la de los intendentes del PJ bonaerense, a la que no le interesa cambiar nada porque, en un alto porcentaje, es cómplice de la corrupción policial".
Lo más sorprendente (o no) es que la diputada kirchnerista Diana Conti, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, acuerda con Sabbatella en esta visión crítica respecto del gobernador bonaerense. "Nosotros también creemos en una policía con conducción civil, pero no pudimos hacer esa reforma porque hay que contar con el acuerdo de los gobernadores, y en muchos casos eso no se da. Scioli es un ejemplo".
En línea con Sabbatella, el presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, y también Margarita Stolbizer, desde GEN, aseguran que el Gobierno no tuvo ni tiene voluntad política de ir contra la corrupción policial.
"Parte de generar una política de seguridad más progresista en Santa Fe fue eliminar la 'complicidad' de la política en el negocio del crimen", destaca el dirigente santafesino, mientras que Stolbizer supedita el éxito de una reforma progresista de la seguridad a la transparencia en el financiamiento de la política: "Un político corrupto no puede liderar ninguna reforma porque es extorsionable. Ejemplo: ¿qué autoridad moral puede tener un gobierno que financió su campaña electoral con el tráfico de efedrina?".
Por su parte, Saín es tajante cuando asegura que una de las grandes deudas de la política, en los últimos 25 años, es no haber podido definir un rol para la policía en democracia. Asegura también que desde los años 80 existe un pacto de "reciprocidad" entre la policía y la política. "Por eso los costos de una reforma son percibidos como más altos que el mantenimiento del statu quo".
En contrapartida, ve como un gran logro de la actual gestión la preservación de la seguridad en el espacio público: "La no criminalización de la protesta también es parte de una visión progresista de la seguridad, que evitó en estos años una tragedia como la de Kosteki-Santillán".
Saín acuñó el concepto de "regulación policial del delito". Lo explica así: En la Argentina "tenemos la paradoja de que los gobiernos progresistas son una bendición para los comisarios, porque dejan hacer. Y el kirchnerismo es una muestra cabal de esto. Digámoslo así: es como si un gobierno careciera de Ministerio de Economía, y delegara esa conducción a los empresarios".
Esta "regulación policial" también consiste, según el investigador, en "hacer la vista gorda cuando el comisariato articula la red de financiamiento institucional, proveniente de los mercados ilegales, protegidos por la propia Policía, básicamente los de autopartes, explotación sexual y drogas. De ese modo, a los gobernantes se los libera, por un lado, de financiar 'en blanco' un organismo caro, y por otro se les asegura un grado socialmente aceptable de control del delito, de tal modo que no produzca una crisis política".
Un diagnóstico áspero para un progresismo que pretende mutar y que, tal vez en la campaña de 2011, se atreva a ofrecer a la sociedad una nueva utopía, quizá un poco más modesta, pero también más realista: la de volver a vivir sin miedo.
Fuente: lanacion.com.ar
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