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Pese a las presiones del Gobierno, legisladores oficialistas y opositores lograron aunar esfuerzos para proteger las reservas.
Al aprobar la nueva ley de protección de glaciares, el Congreso ha dado una valiosa prueba de madurez y de convergencia de voluntades por encima de los partidismos y las presiones del Gobierno, que debería marcar un camino por seguir en el futuro en otros temas.
La Cámara de Diputados y, finalmente, el Senado, en la madrugada del jueves y tras una maratónica sesión, lograron sacar adelante esta ley que aventaja sobremanera al proyecto del oficialismo y de las provincias mineras al privilegiar, sin detrimento de la actividad minera, la conservación del principal de los recursos naturales: el agua.
La flamante norma tiene por objeto preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura, y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Y, lo más importante, extiende el área de protección a las llamadas zonas periglaciares, es decir, aquellas zonas cercanas a los glaciares y cuyos suelos suelen hallarse congelados.
Este último fue uno de los puntos principales, pues, por ejemplo, en la provincia de San Juan existe un importante y polémico proyecto minero a cargo de la multinacional Barrick Gold para la extracción de oro que tiene el firme apoyo de esa provincia. La gigantesca mina abarcará parte del territorio sanjuanino y del chileno. En la zona por explotarse en el vecino país hay glaciares, y del lado argentino se extiende la zona periglaciar.
La nueva ley refrenda el texto que había aprobado la Cámara de Diputados, aunque a pedido del kirchnerista Daniel Filmus (Capital) se eliminó el artículo 17 del texto, que prohíbe la iniciación de nuevos yacimientos en la zona protegida por una eventual ley de presupuestos mínimos hasta tanto no esté concluido el inventario de las áreas que quedarán bajo la tutela de la norma.
Este cambio les permitirá a las empresas mineras y petroleras avanzar con nuevos emprendimientos mientras ese trabajo no esté concluido.
No obstante, sigue en pie el artículo 15, que obliga a los yacimientos ya instalados a someterse a un estudio para mensurar el impacto ambiental de las obras.
Antes de votar el proyecto que se convirtió en ley, el Senado rechazó la versión que había aprobado el año pasado y que contaba con el respaldo de las provincias mineras y del Gobierno. La diferencia entre ambas versiones radicaba en el artículo dos. El texto finalmente aprobado amplía la zona protegida a los suelos congelados, además de los glaciares.
Es preciso recordar que hace dos años la Presidenta había vetado una ley, similar a la actual, aprobada por unanimidad en ambas cámaras, y que algunos legisladores, como el diputado Miguel Bonasso, lo atribuyeron al presunto peso de las inversiones y del poder de convicción de Barrick Gold en San Juan.
En la sesión del Senado, la mayor sorpresa la aportó el titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, quien votó en favor del proyecto aprobado y explicó que la Presidenta "en ningún momento me impuso condiciones". Sostuvo que adoptó la decisión después de que la jefa del Estado afirmara que no vetaría ninguna ley de glaciares que aprobara el Congreso. Agregó Pichetto que la iniciativa de la Cámara baja "no es una ley antiminera" y argumentó que su posición era compartida por los intelectuales de Carta Abierta y otros sectores que respaldan la gestión del Gobierno.
El tema de los glaciares fracturó la posición de los principales bloques, por lo que Pichetto, jefe de la bancada del oficialista Frente para la Victoria, dejó en libertad de acción a sus legisladores y la Unión Cívica Radical (UCR) debió aceptar la disidencia de dos catamarqueños.
Los senadores coincidieron en que se trataba de una circunstancia histórica porque, después de varios intentos, el país podía contar con una norma nacional de protección a los ríos de hielo, que constituyen la más importante fuente de reserva de agua potable.
Los que se manifestaron a favor del texto de Diputados insistieron en que la nueva propuesta precisaba requisitos y datos que obligarán a una mayor atención de control de las grandes empresas de minería para evitar la dilapidación de un recurso estratégico.
En lo que hace a la ley, se ha dado el paso principal, pero aún resta que se mantenga la voluntad presidencial de no vetarla y que el Poder Ejecutivo proceda a promulgarla y a reglamentarla sin modificar su espíritu.
La protección del recurso hídrico mostró, como decíamos, que es posible que legisladores de distinta orientación política puedan sortear las presiones para acordar la defensa de algo que no sólo nos pertenece a todos, sino también a las futuras generaciones. Con una filosofía similar y, a partir de esta esperanzadora experiencia, los legisladores deberían abocarse a otros temas tan sensibles, como el respeto por la división de poderes, la independencia de la Justicia, el respeto a la Constitución y la libertad de prensa.
Fuente: lanacion.com.ar
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