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Desde hace meses en la ciudad de Guanajuato andan enfrascados en un espinoso debate que...
cada día se embrolla más, y que tiene que ver con la autorización que dio el Ayuntamiento municipal para cambiar el destino al uso de suelo de unos terrenos.
La tierra de la discordia es el predio conocido como El Hormiguero que se ubica en las faldas del cerro de La Bufa, el cual, pese a ser un pedregal común y corriente que debe su nombre a la abundancia de nidos de hormigas, está catalogado como reserva ecológica.
En ese páramo oxidado es donde cada 31 de julio se juntan los cuevanenses de toda índole y condición a realizar generosas libaciones de mezcal en honor de San Ignacio de Loyola, quien, de acuerdo con las leyendas de Juan José Prado, se habría aparecido en uno de los socavones del cerro.
La discusión de marras acusa tres causas exteriores: la pretendida amenaza al medio ambiente; la precipitada e inconsulta decisión tomada por el Cabildo municipal; y la inexistencia orgánica de un Plan de Ordenamiento Territorial.
En el fondo, a mi juicio, los factores determinantes no son otros que la genética propensión de los habitantes de Guanajuato a enzarzarse en apasionadas, perpetuas e injustificables querellas y el casi nulo oficio político de la actual Administración municipal.
El resultado previsible de esa madeja de curiosas disquisiciones es que se va a desechar el intento de urbanización y dignificación de las estribaciones de La Bufa, pues los científicos del pueblo ya dictaminaron que el proyecto pone en peligro “especies endémicas” (¿las hormigas?) y que podría “alterar el curso de los ríos” (¿?).
Lo importante de todo esto es que Nicéforo Guerrero, que funge como atribulado presidente municipal de Guanajuato, para salir del atolladero en que cayó su administración con ese problema, se sacó de la manga, como solución paliativa, la realización de un plebiscito que, si las cosas no cambian, se habrá de realizar el próximo 28 de noviembre.
La celebración de ese evento nos va a dar la oportunidad de que se estrene la Ley de Participación Ciudadana que establece los mecanismos institucionales de la democracia participativa como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
Dicha ley entró en vigor hace poco más de ocho años y a pesar la aparente importancia de los instrumentos de democracia semidirecta que pone a disposición de los guanajuatenses, hasta el momento no había servido para maldita la cosa.
Es más, me causa la impresión de que, si no se le hubiera ocurrido a don Nicéforo proponer la realización de esa consulta, hubieran pasado años, lustros y quizá hasta siglos sin que se hubiera aplicado dicha disposición.
Porque no sé si esté de acuerdo conmigo el amable lector en que existe una extensa e intrincada maraña normativa que han producido, producen y seguirán produciendo nuestros legisladores que no se aplica y que sirve para poco o para nada.
Pero al margen de la digresión que constituye ese tema del que ya nos ocuparemos en otra ocasión, la ocurrencia del alcalde de Guanajuato va a propiciar que se estrene la Ley de Participación Ciudadana y que, por primera vez, se aplique un plebiscito.
Con ello habrá chance de observar muy de cerca ese tipo de ejercicios y de los procedimientos secundarios que se dan en torno a los mismos, como son los relativos al adecuado diseño de la pregunta que se contendrá en las boletas de consulta.
Otra parte importante es la relativa a la difusión de los motivos que tienen las partes para convencer a los votantes de que escojan su opción, es decir, una especie de campaña electoral que se va a realizar para obtener el “sí” que quiere el ayuntamiento, o el “no” que pretenden los defensores de El Hormiguero.
La ley establece que los gastos para sufragar dicha difusión se deben de financiar con recursos propios de las partes, entendiéndose que la autoridad podrá disponer de alguna parte del presupuesto público, mientras que los particulares oponentes se financiarán con aportaciones voluntarias de la sociedad.
Una de las dificultades que se presienten, es que los gastos de difusión pueden resultar dispares e inequitativos, pues la Ley no ha fijado tope a esas erogaciones; y otro problema, que ya se ha señalado, es que esos procesos de democracia participativa causarán al erario gastos onerosos e imprevistos.
Como quiera, ese primer plebiscito será un ejercicio interesante de observar; sacará de la modorra a los zánganos del Instituto Electoral; y convertirá a la ciudad de Guanajuato en laboratorio para calibrar si convienen, o no, esos mecanismos de participación ciudadana.
Fuente: am.com.mx
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