Juan Gabriel Tokatlian
Es posible que la cuestión de la seguridad resulte un tema electoral relevante en la campaña presidencial de 2011. Es probable también que...
las propuestas de las diversas fuerzas políticas en contienda reflejen las preferencias político-ideológicas de los respectivos partidos y que se retorne, una vez más, al infecundo y falaz debate "mano dura versus garantismo".
Una primera alternativa para evitar una controversia socialmente estéril y políticamente equívoca sería retomar como marco de referencia básico el Acuerdo sobre Seguridad Democrática de diciembre de 2009, que contiene diez principios fundamentales y fue respaldado por firmantes de un amplio arco político, gobernadores, organizaciones sindicales, movimientos sociales, ONG y especialistas. En esencia, se trata de un primer intento de fijar parámetros precisos y realistas para que el Estado se aboque a una política integral y eficaz contra la inseguridad en el contexto de un fortalecimiento de la democracia.
Una segunda alternativa para mejorar la calidad de la discusión pública en la materia consiste en ponderar ejemplos internacionales que aporten a la formulación de una política pública coherente e innovadora. Esto implica asumir una opción: se asimilan las políticas de casos que, a pesar de algunos éxitos episódicos, mantienen importantes niveles de inseguridad o se evalúan otros que, a pesar de su escasa visibilidad, ofrecen ejemplos positivos de seguridad interna.
En uno y otro ejemplo, un ámbito clave es el del manejo institucional de la policía. La Argentina vive hoy un problema serio en su policía. Por un lado, ha crecido el número de asesinatos de efectivos policiales en medio del incremento de la delincuencia y, por otro, la percepción ciudadana sobre la policía sigue siendo negativa. Los datos del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos son dramáticos; la encuesta de 2008 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Popal) muestra que, ante la pregunta sobre quién les pidió un soborno, el porcentaje de población victimizada por la corrupción de la policía es 15,6% en la Argentina, cuarto país después de Bolivia, Perú y México, dentro de 21 naciones del continente. En su más reciente publicación de 2010, la Argentina es cuarta después de Guatemala, Venezuela y Bolivia, con un 60,9% en cuanto a la percepción ciudadana de que la policía está involucrada en el crimen.
Como es obvio, la pésima conducta policial afecta seriamente el (mal) estado de (in)seguridad en un país, al tiempo que degrada la legitimidad de un régimen democrático: no es posible que un país siga detentando esos niveles de descrédito de su policía sin que ello afecte los cimientos de la institucionalidad democrática. Sin embargo, una encuesta nacional efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2007 muestra que la medida para alcanzar mayor seguridad que recibe más apoyo es el aumento de penas para los delitos: 22%, frente a 13% a favor de acciones sociales.
En este sentido, entender el ejemplo de Finlandia puede resultar de interés para una productiva deliberación en torno a la policía y la superación de la inseguridad.
Tal como lo muestra Juha Kääriänen en un trabajo del Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention , el caso finlandés es sobresaliente, pues el nivel de confianza ciudadana en la policía es la más alta de toda Europa. En vez de preguntarnos sólo por los casos en los que la policía se ha degradado o no opera correctamente, resulta fundamental observar los ejemplos en los que su desempeño genera gran confianza en la población.
El núcleo de la investigación reside en explicar por qué existe tal confianza. La competencia, el cumplimiento responsable de las obligaciones y la confiabilidad por un trabajo bien hecho que sirve al interés general, además de la rendición de cuentas, son la clave de la confiabilidad. Eso significa no sólo que la policía respeta y practica las reglas y regulaciones que le competen, sino que también se somete al escrutinio público y crítico. Todo lo cual, a su turno, robustece el funcionamiento de la democracia. Así, si la ciudadanía cree en la policía, la población coopera mucho más con ella y refuerza su opinión positiva frente a esa institución.
Ahora bien, existen dos derivaciones de lo anterior: la población confía más en la policía en la medida que ésta se vuelve más efectiva (mirada instrumental) o la confianza deviene de las acciones justas e imparciales que desarrolla (mirada procedimental). En este último plano, la policía no es venal ni corrupta, no recurre al exceso desmedido de la fuerza ni practica la brutalidad como método.
En Finlandia lo que sobresale es que la ciudadanía reconoce que la justicia y la integridad de la policía son cruciales -más que la efectividad- para confiar en ella. Finlandia, uno de los países más seguros de Europa, tiene el menor número de policías per cápita entre los países nórdicos. Esto se produce en una nación con altos niveles de equidad económica y justicia social. Por otro lado, como señalan algunos estudios, la inequidad se liga con la desconfianza y ésta, combinada con la injusticia, alimentan la corrupción. El hecho de que los finlandeses confíen en su policía muestra, asimismo, el papel de la participación ciudadana para escrutar una institución tan central para la seguridad de la población.
Repetir el recetario ortodoxo, poco eficaz y puramente formal de incrementar las sanciones, las cárceles o la autonomía policial sin llevar a cabo políticas activas para redistribuir la riqueza, proveer mejores servicios públicos y elevar el control civil del instrumento policial es un camino llamado al fracaso. La inflación normativa alrededor de una estrategia punitiva puede operar como un placebo simbólico y temporal. Una buena política de seguridad requiere que la ciudadanía crea y confíe en la policía, y ello sólo es factible con una mayor y mejor democracia.
(El autor es pofesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Di Tella)
Fuente: lanacion.com.ar
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