Los vecinos de la localidad de Carlos Casares ganaron en la Justicia una pulseada relacionada con un elemento básico para la vida: el agua.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Trenque Lauquen ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. a ajustar, en 90 días, la prestación del servicio público del agua potable de la localidad a los parámetros de calidad vigentes sobre contenido de arsénico y aluminio.
Así, el juez Pablo Germain hizo lugar a una acción de amparo promovida por un grupo de vecinos, que reclamaba asegurar la potabilidad del agua con respecto a los porcentajes máximos permitidos de cualquier sustancia o mineral que en exceso se convirtiera en una amenaza para la salud. Según lo denunciado en distintas oportunidades, a través de investigaciones periodísticas e informes universitarios, los habitantes de Carlos Casares supieron que el agua que consumían no era del todo saludable. Presentaba niveles de arsénico superiores a lo establecido por el Código Alimentario Argentino y la Organización Mundial de la Salud.
El magistrado falló a favor de ese reclamo y requirió que en tres meses el gobierno y la empresa presenten el programa de adecuación necesario para asegurar la potabilidad del agua. Germain aseguró que “de la prueba documental y del informe producido por la Comisión Municipal de Control de Calidad de Agua se confirma que en variadas fechas y muestras extraídas en los domicilios de diferentes vecinos y analizadas por distintos organismos y laboratorios, el nivel de arsénico y de aluminio en el agua de red en Carlos Casares, superó los parámetros máximos permitidos por el sistema jurídico vigente”.
Fuente: clarin.com
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