Por Andrés Asiain
En un reciente informe de técnicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) titulado “Pobreza infantil en América Latina y el Caribe: un desafío prioritario” se muestra una de las más duras caras de la realidad social de la región: los niños pobres.
Los resultados son dramáticos: uno de cada cinco niños de América Latina está en situación de pobreza infantil extrema (aquella en que los priva de una alimentación básica), lo que afecta a más de 32 millones de niños, mientras que la pobreza infantil total alcanza a 81 millones, prácticamente la mitad de esa población.
El estudio intenta cuantificar la pobreza infantil sin reducirla a un determinado nivel de ingreso familiar, sino considerando la posibilidad de acceder a una serie de parámetros que hacen a la calidad de vida. Bajo la denominación de “privaciones múltiples” se consideran las posibilidades que tienen los niños de alcanzar un mínimo nutricional, acceder a agua potable, ir a la escuela, vivir en casa de material con espacio suficiente y sistema cloacal, con electricidad, teléfono, radio y/o televisión.
De esta manera se obtiene una medida de la pobreza estructural de la región, mucho más estable y de difícil solución aún que la determinada por el nivel de ingresos del hogar. La pobreza por ingresos se encuentra estrechamente ligada al nivel de empleo, salarios y asignaciones monetarias que puede variar en el corto plazo con el ciclo económico y políticas de ingresos. Pero la pobreza estructural medida a través del enfoque de las privaciones múltiples se vincula sólo parcialmente con el ingreso, dependiendo de factores como pueden ser el tendido de cloacas en un determinado barrio o la posibilidad de acceder a un plan de viviendas.
Agrupando los 19 países que toma en consideración el informe de acuerdo con niveles de pobreza infantil, se encuentra un primer grupo donde el porcentaje de niños pobres está entre el 20 y el 30% que agrupa a Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina (donde la pobreza alcanzaba al 28,7% de los niños en el 2006 cuando se realizó la medición). Les sigue un grupo con porcentajes que van del 35% al 40% aproximadamente donde están incluidos Venezuela, Colombia, Brasil y México. Ya con niveles de casi el 50% hasta cerca del 87% (El Salvador) se encuentra el resto de los países centroamericanos, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia.
En los últimos años la región ha reducido en forma importante los niveles de pobreza por ingreso. Así, entre 2002 y 2008, los hogares latinoamericanos con ingresos por debajo de la línea de pobreza pasaron del 44 al 33%, y los que no alcanzan a la línea de indigencia, de 19,4 a 12,9%. En algunos países como la Argentina y Venezuela la reducción de la pobreza e indigencia para ese mismo período ha sido mucho más veloz.
En el caso de nuestro país, en el marco de la salida de una de las crisis más grave de la historia la pobreza por ingresos se redujo del 45,4 al 21% y la indigencia del 20,9 al 7,2% entre el 2002 y el 2006 (último dato fiable para medir la pobreza por ingreso dada la posterior alteración de la medición de la inflación). En el caso de la república bolivariana, coincidiendo con el alza del precio del petróleo y las importantes políticas redistributivas de la administración Chávez, la pobreza por ingresos se redujo del 48,6 al 27,6% y la indigencia del 22,2 al 9,9% entre 2002 y el 2008.
En casi todos los demás países de la región los niveles de pobreza e indigencia por ingresos también disminuyeron entre esos años, aunque en forma menos drástica. La clave se encuentra en el importante crecimiento económico con sus consecuencias sobre el empleo y los ingresos de los sectores populares. Entre 2002 y 2008, el producto regional (a precios constantes) se incrementó un 33% y la tasa de desempleo descendió de cerca del 11 al 7,4%. Si bien la crisis económica puso un freno al proceso de crecimiento y reducción de la pobreza por ingresos, la incipiente recuperación de la actividad regional parece alentar la visión optimista de una continuidad del ciclo de expansión.
Pero aun, de darse una recuperación del crecimiento y una nueva disminución de la pobreza por ingresos, la reducción de la pobreza estructural requiere de medidas activas. Si bien una familia en particular puede acceder a una vivienda de material, al agua potable y ciertos servicios públicos accediendo a un mejor empleo y mudándose de un barrio marginal a uno residencial, ello no es posible para la población pobre en su conjunto. El objetivo de disminuir la pobreza estructural para una sociedad requiere de políticas públicas en materia de vivienda, escolaridad, salud y acceso a los servicios públicos, además de una mejora en los ingresos de los sectores populares.
La reciente extensión de las asignaciones familiares a los trabajadores informales o desempleados atada a la escolarización y vacunación de los niños en Argentina, es una feliz experiencia de combinar políticas de ingresos con requisitos que implican avanzar sobre la pobreza estructural. Además de la fuerte reducción de la pobreza e indigencia por ingresos que se estima alcanzó a un millón y medio, y un millón de compatriotas respectivamente (según investigadores de la ceil-piette), ha incrementado la matriculación en las escuelas primarias en un 20%, en las secundarios un 25%, y la inscripción en el seguro médico estatal en un 40%.
El mercado por sí mismo es incapaz de reducir la pobreza estructural y muchas veces juega en contra, como cuando estimula la especulación inmobiliaria con el consiguiente encarecimiento del espacio urbano y la expulsión de los sectores de menores ingresos hacia los asentamientos precarios de la periferia urbana. Así ha sucedido por ejemplo en nuestro país donde gran parte del excedente generado por el crecimiento de la actividad y acaparado por los sectores del poder económico, se ha invertido en “ladrillos” generando un incremento de casi el 70% del valor del metro cuadrado urbano en dólares respecto de los niveles de los noventa. De esta manera, la reducción de la pobreza por ingresos ha sido acompañada de un incremento de los problemas habitacionales.
Según estimaciones de técnicos de la Universidad General Sarmiento accesible en Infohabitat.com.ar, la población en villas y asentamientos en Buenos Aires y alrededores se incremento un 50% entre 2001 y 2006, llegando a poco más de 1 millón de personas, aproximadamente el 11% de la población del lugar. Y ello pese a que desde 2003 la administración nacional ha financiado planes para la construcción de 352.000 viviendas de las que 227.000 ya han sido terminadas. ¿Cuánto más grave sería la emergencia habitacional si la administración nacional hubiera estado en manos de quienes gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, cuya principal política habitacional ha sido desfinanciar al instituto de la vivienda, multiplicar los desalojos y golpear a quienes duermen en la calle?
Fuente: elargentino.com
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