Mora en el acceso a la información

El acceso a la información pública es un derecho resistido por las prácticas estatales abusivas, las cuales se extendieron bajo el amparo de una irrazonable cultura del secreto.

Esta opacidad de la administración pública es una valla contra la transparencia y, por ello, un resorte que facilita la corrupción.
La resistencia de las instituciones argentinas a permitir el acceso a la información tiene raíces antirrepublicanas y expresa la voluntad de mantener privilegios en el uso de prerrogativas que deben estar al servicio de la comunidad.
Para revertir este abuso estatal -el cual es una anomalía en la región, ya que la mayoría de los países ya disponen de leyes que garantizan el acceso a la información-, en el Senado de la Nación ha comenzado la búsqueda de un consenso capaz de llevar al recinto un proyecto de ley sobre la materia luego del receso invernal.
El objetivo es brindar herramientas que permitan ampliar exponencialmente el acceso ciudadano a datos que se hallan en manos de los diversos estatales o de las empresas de servicios públicos. En el Ejecutivo actualmente rige un decreto de 2003, el cual tan sólo permitió que se presentaran cinco mil pedidos de acceso a la información, dejando sin responder una considerable cantidad de los pedidos -así, la UBA informó que de las 1.036 solicitudes formulados en estos años por estudiantes de Comunicación, sólo se respondieron el 56%.
Es imprescindible, entonces, que se garantice a través de una ley el más amplio y ágil acceso a la información, convirtiendo a los datos secretos en una excepción debidamente justificada.
Todavía se carece de un régimen legal que garantice el más amplio derecho a la información pública. Un consenso legislativo permitiría saldar una falta que favorece abusos.
Fuente: clarin.com