Mientras persista la actuaI estructura del Consejo de la Magistratura difícilmente los jueces podrán poner límites a la corrupción.Viene agravándose de modo progresivo desde hace décadas, paralelamente a la pérdida de la posición relativa de la Argentina en el mundo. En la actualidad, el problema ha adquirido una gravedad notoria, a tal punto que el país deberá optar en el corto plazo entre reconstruir sus instituciones republicanas o seguir los pasos de otros regímenes autoritarios y populistas como Venezuela o Ecuador.
No es posible atribuir a una causa única esta situación que se manifiesta por la creciente concentración de poder en el Ejecutivo, los intentos de anulación del rol del Congreso, la pérdida de independencia del Poder Judicial, una corrupción cada vez más generalizada, los ataques persistentes y sistemáticos a la libertad de prensa, la pérdida de la seguridad jurídica, el uso de órganos y fondos públicos con graves desvíos de poder para fines espurios y una larga lista de etcéteras.
No obstante, una de las debilidades institucionales que más notoriamente contribuyen al agravamiento de estos fenómenos es la ausencia de una Justicia fuerte e independiente. Tampoco es posible atribuir esta debilidad a una causa única, aunque la modificación del Consejo de la Magistratura que se hizo en 2006, de la mano de la reforma legal promovida por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, constituyó un factor decisivo. A partir de esa modificación, el Gobierno ha manipulado la integración del Consejo y el régimen de mayorías. La designación y remoción de los jueces depende del voto de los representantes del sector político, que aumentaron su peso en ese cuerpo a expensas de los otros estamentos, como los jueces, abogados y académicos, en violación del equilibrio que exige la Constitución nacional.
Mientras se mantenga la actual estructura del Consejo de la Magistratura no es esperable que, salvo contadas excepciones, los jueces pongan límites a la corrupción reinante, ni a los ataques a la libertad de prensa, ni a la creciente concentración del poder que viene imponiendo la presidencia, ni a los intentos del Gobierno de forzar la venta de empresas de servicios públicos a empresarios afines, ni mucho menos a la dilapidación de los recursos de la Anses o a la pérdida de seguridad jurídica.
Aquellos jueces que pretendan actuar en forma independiente corren el riesgo de ser removidos o ver interrumpidas sus carreras cuando éstas dependan de un ascenso. De esa manera se va construyendo una relación de "cautividad" recíproca que, además de ser funcional a la degradación institucional, contribuye a desvalorizar la imagen maltrecha del Poder Judicial.
El caso más notorio es probablemente el del juez federal Norberto Oyarbide. Fue quien sobreseyó en tiempo récord al ex presidente Kirchner en el proceso en el cual se investigaba su exponencial enriquecimiento patrimonial. Ello ocurrió en el contexto de un proceso poco transparente en el cual el juez basó sus conclusiones en la opinión de contadores del propio investigado, y el fiscal actuante y los organismos anticorrupción se abstuvieron escandalosamente de apelar.
El doctor Oyarbide es el mismo a cargo de la causa Skanska, que, a pesar de los notorios sobreprecios pagados a expensas de los contribuyentes y consumidores de gas y de los varios años de trámites, no ha tomado ninguna decisión relevante en un caso que compromete al entorno próximo de los Kirchner. También es el juez a cargo de la denominada causa de los medicamentos "truchos". Allí, luego de procesar y encarcelar a la máxima autoridad del sindicato bancario, Juan José Zanola, y su señora, ha evitado comprometer a conocidos recaudadores de la campaña electoral kirchnerista y al esposo de la diputada Diana Conti, una influyente integrante del Consejo de la Magistratura.
Algunas de estas actitudes han derivado en llamados de atención al juez por la Cámara Federal. No obstante, en los últimos dos meses, el Consejo de la Magistratura, con el voto decisivo de los representantes del oficialismo, incluyendo la diputada Conti y el diputado Kunkel, desestimó dos denuncias por la conducta del juez Oyarbide en el caso del enriquecimiento patrimonial de los Kirchner y en la causa de los medicamentos falsificados.
Las consecuencias de la protección recibida por el juez trascienden los casos de corrupción comentados. También es el magistrado que procesó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el caso de las escuchas telefónicas ilegales, justo cuando Mauricio Macri aparece como un adversario del kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales. Más allá de las diversas cuestiones aún no aclaradas, la decisión del juez Oyarbide y la de la Cámara Federal al confirmar el procesamiento de Macri dejan abiertas una serie de interrogantes sobre un manejo arbitrario de los indicios, presunciones y argumentos endebles utilizados para justificar ese procesamiento. El doctor Oyarbide fue también el juez que dictó la prisión preventiva y detuvo al ex ministro de Economía Martínez de Hoz -otro objetivo públicamente señalado por Néstor Kirchner- en un caso investigado y juzgado hace más de 20 años. Este mismo juez también parece ser el receptor de nuevas denuncias que impulsa el Gobierno para debilitar a la prensa independiente, como el caso Papel Prensa.
Todas estas conductas son funcionales al Gobierno. Pero, peor aún, son funcionales a un estado de cosas en el que nadie puede quedar a salvo y en el cual la política parece haberse convertido en una tarea amoral en la que las personas honestas difícilmente estén dispuestas a participar.
Si se quiere realmente restaurar las instituciones republicanas y poner límites a la corrupción, es indispensable restablecer y mantener un Poder Judicial fuerte e independiente.
Pero esto sólo será posible con una Corte Suprema que defienda a los jueces independientes y un Consejo de la Magistratura con una estructura y reglas que le permitan cumplir con la función que le asigna la Constitución y lo preserven de las manipulaciones de los gobiernos autoritarios.
Fuente: lanacion.com.ar
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