La iniciativa del bloque de concejales del Partido Justicialista para que se aplique en Tres Arroyos el “Presupuesto Participativo”, es muy interesante porque implica una herramienta de inclusión ciudadana en las políticas del estado comunal, donde el Ejecutivo Municipal afecta un porcentaje del presupuesto anual a ese fin y su destino se define por las prioridades que fije la población para la ejecución de obra pública.
Con ese propósito, se creará un consejo de organización y seguimiento del presupuesto participativo, integrado por miembros del Ejecutivo, del Concejo Deliberante, de las organizaciones intermedias que cuenten con la correspondiente personería jurídica, y representantes de los barrios”.
El Consejo de Organización y Seguimiento del Presupuesto Participativo contará con una coordinación designada por el Ejecutivo, dependiente del área de Hacienda, que tendrá funciones organizativas y de asistencia técnica, y establecerá el cronograma de reuniones barriales que se deberán realizar entre abril y agosto.
Entre otros aspectos, el proyecto de ordenanza de los ediles justicialistas contempla que “una vez finalizados los encuentros de los foros barriales, en base a un cronograma establecido, el consejo de organización y seguimiento del presupuesto participativo recibirá las propuestas y proyectos, los evaluará técnica y financieramente, y fijará un orden de prioridades, por consenso y democráticamente, para propiciar la justa y equitativa distribución de infraestructura y servicios en el territorio municipal del distrito de Tres Arroyos”.
Asimismo, ese consejo entregará al Ejecutivo la propuesta del presupuesto participativo correspondiente a cada año antes del 30 de septiembre, y éste lo elevará integrado como parte del presupuesto municipal anual en el plazo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Esto permite dos cosas que son fundamentales en la relación entre las autoridades electas y sus representados. Por un lado se logra una mayor interrelación entre representantes y vecinos a través de juntas barriales o sociedades de fomento, y, a su vez, no sustituye la función específica de miembros del ejecutivo y el legislativo comunal.
La iniciativa del PJ se trató en comisión, donde el bloque del Movimiento Vecinal acordó seguir avanzando en el análisis y se comprometió a presentar alguna propuesta vinculada con la participación de las juntas vecinales o asociaciones de fomento.
En el “para qué” del presupuesto participativo todos podemos estar de acuerdo, pero creemos muy importante establecer bien el “cómo” de su instrumentación. Y por qué remarcamos esto ? Analicemos.
Si bien es un proyecto con vistas a aplicarse en 2.011, creemos que hay cosas que deben aclararse en el texto de la ordenanza a votar ahora, para que después no aparezcan sorpresas.
Una de ellas se refiere al hecho de que la Municipalidad no realiza ninguna obra con financiamiento propio; todo lo que se ejecuta es con fondos que vienen de los gobiernos nacional y provincial.
Otra cuestión importante es hacer un análisis sobre la factibilidad de destino de inversión que se prevé afectar para el presupuesto participativo, que el PJ pretende no menor al 10% del total de gastos proyectados para el 2.011.
Vemos que la Municipalidad, -después de acusar un déficit en 2.009 de tres millones por incumplimiento en la coparticipación provincial-, funciona al límite entre ingresos y egresos; y, además, este año tiene que devolver $ 1.500.000 al Ente Descentralizado Vial Rural.
Entonces, la pregunta es: si el aumento de tasas que se cobra este año, permitirá en 2.011 asegurar la continuidad operativa de una comuna que mantenga servicios, que honre sus deudas y, que, además, destine parte del presupuesto general a un fondo de afectación exclusiva para obras que determinen los vecinos.
No vaya a ser cosa, que a fines de este año, nos encontremos con que la administración Sánchez utilice el argumento de la inclusión del presupuesto participativo para aprobar un nuevo incremento de tasas para el año próximo.
Fuente: ENFOQUES
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