El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre Argentina en el que manifestó su preocupación por el estado del Sistema Penitenciario, por la práctica de la tortura en las comisarías, las detenciones ilegales y por el control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura. Si bien la lupa encontró más aspectos negativos que positivos, el organismo destacó avances en los juicios contra represores, en la lucha contra la discriminación y en la despenalización de las calumnias e injurias.
El extenso documento surgido tras las deliberaciones del Comité en Nueva York el 26 de marzo arranca con la enumeración de los aspectos positivos en los que Argentina ha avanzado en el último año en lo relacionado con los Derechos Humanos (DD.HH.). Entre ellos destaca los "numerosos cambios legislativos e institucionales (...) como la despenalización de calumnias e injurias, el Plan nacional contra la discriminación" y "los avances en el enjuiciamiento de responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y en la recuperación de la identidad de niños apropiados". Una de las principales preocupaciones está centrada en las "muertes ocasionadas como consecuencia de actuaciones violentas de la policía, en algunas de las cuales las víctimas fueron menores". En ese sentido, la ONU llamó a "tomar medidas" contra ese tipo de hechos no sucedan más y para "asegurar que los responsables de los mismos sean debidamente enjuiciados y castigados".
El organismo también cuestionó "la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia".
Respecto de la situación del Servicio Penitenciario, el informe aconseja reducir el número de presos con prisión preventiva y el "alto índice de hacinamiento, la violencia intracarcelaria, la mala calidad en la prestación de servicios". E insta a mejorar "la satisfacción de necesidades fundamentales, en particular en materia de higiene, alimentación y atención médica" en los penales.
Sobre el Consejo de la Magistratura, advierte que "existe una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados", ante lo que recomienda "hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional, evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este órgano".
Si bien reconoce como positiva la creación de la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de la Corte Suprema, subrayó que "su ámbito de competencia se limita a la Ciudad de Buenos Aires y que los servicios que brinda sólo de manera muy limitada se extienden a la actuación jurídica gratuita ante los tribunales de justicia".
El punto referido a evaluar la actualidad en la que se encuentran los menores en situación de delito, el documento cuestiona "las graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad, incluidas situaciones de sanciones colectivas y encierro absoluto". Y llama al Estado a "tomar medidas para establecer un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos protegidos en el Pacto y otros instrumentos internacionales en la materia".
Fuente: clarìn.com
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