Son más de 23 millones las personas que viven sin cloacas en todo el país

Por: Josefina Licitra.

ANTE LA AUSENCIA DEL ESTADO, LOS VECINOS DEBEN GESTIONAR EL TRÁMITE

Se trata del 58% de la población de la Argentina. Además de una existencia indigna, la falta de un tendido público provoca enfermedades como la malaria, la hepatitis, el cólera y las infecciones pulmonares.

 Un barrio. Eso es lo que hay. En Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas –zona noroeste del conurbano bonaerense- hay un barrio de casas sencillas, pelopincho en el fondo, calles de tierra y zanjas. Por una de esas zanjas pasa un arroyo de aguas enfermas. Un hombre extiende el brazo y lo señala: “Cuando llueve –dice– todo esto se inmunda”.

Félix Pérez, 66 años, vecino desde hace dos décadas, produce –sin ningún tipo de intención– un oportuno neologismo. Porque cuando llueve, efectivamente, todo esto se inmunda. Las napas suben, los pozos ciegos se desbordan, el arroyo Darragueyra avanza sobre los suelos de las casas y los excrementos viajan a la velocidad de los troncos y las botellas de plástico. Lo que queda al descubierto, en el medio de ese río torpe y desmadrado, es una verdad que existe desde hace ya mucho tiempo y que ni siquiera se ciñe a los confines de Malvinas Argentinas: en todo el país, según datos que maneja la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 58% de la población carece de tendido cloacal y convive con sus excrementos de maneras denigrantes e impensadas (una cifra muy por encima de la recomendada por la OPS, que sugiere que un país digno no debe tener más del 10% de su gente en esas condiciones). El lenguaje burocrático se refiere a ellos como “no usuarios”. Pero la realidad es más cochina: hay 23.200.000 personas que deben arreglarse como puedan –haciendo y pagando excavaciones, tendiendo caños, vaciando pozos– para no quedar tapadas por su propia caca.

Así que lo dicho: todo se inmunda.

Y todo lo que se inmunda se enferma.

Blanca Chávez, 56 años y vecina de Malvinas Argentinas desde hace dieciocho, perdió medio pulmón por culpa de los “desarreglos líquidos” del municipio. El suyo es uno de los tantos ejemplos de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio en llamar “enfermedades de transmisión hídrica”: problemas que acometen a los más de 23 millones de argentinos que –como el 61,3% de los pobladores del conurbano bonaerense– viven en zonas sin tendidos cloacales ni aguas saneadas. Las enfermedades hídricas son varias, pero entre ellas están la gastroenteritis, la diarrea, la fiebre tifoidea, la malaria, los hongos en la piel, el cólera, la poliomielitis, las parasitosis, la osteoporosis, las hepatitis A y E, y las infecciones respiratorias.

AGUAS PRIVADAS. Si no se tiene cloacas, y no se quiere convivir con los propios desechos, la única vía posible es la autogestión. Para no hundirse en la caca hay vecinos de Malvinas Argentinas que tienen hasta tres pozos ciegos que son desagotados por camiones cisterna, previo pago de 150 pesos mensuales. Además, si se quiere tener agua potable –el 90% del partido no la tiene– es necesario pagar 4.000 pesos a una empresa para que excave los 80 metros que permiten llegar hasta la napa del acuífero Puelche. Todos estos procedimientos son el exponente perfecto de un mecanismo que Leila Devia, abogada y docente de Derecho Ambiental y Alimentario en la Universidad de Buenos Aires (UBA), llama “mercantilización del agua”. “¿El agua puede ser considerada una mercancía en el contexto del mercado global? –se preguntó Devia durante el último Foro Regional del Agua organizado en la provincia de Córdoba por la Defensoría del Pueblo de la Nación–. ¿Puede estar disponible como un bien comerciable y manipularse como un negocio privado? ¿Cómo repercuten los derechos e intereses de los inversores con respecto a los derechos humanos y las medidas de protección ambiental? Creo que, como respuesta, lo que tenemos que exigir es que el suministro adecuado de agua sea un derecho humano básico, garantizado por los gobiernos”.
(Fuente: Crìtica de la Argentina)