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sábado, 26 de junio de 2010

(Argentina) El Estado, ausente ante la inseguridad

La sucesión de crímenes de los últimos días, pone de manifiesto las graves consecuencias de las fallas del servicio de seguridad, que van desde el cuidado del espacio público y la prevención del delito hasta el modo de aplicar las sanciones y de evitar la reincidencia criminal.

Sigue siendo escasa la presencia policial en las calles y es insuficiente la intervención que se realiza para reducir los mercados ilegales de armas, drogas y autopartes, los cuales alimentan el accionar delictivo. A su vez, las cárceles, comisarías e institutos de internación no sólo se hallan superpoblados sino que además se registran abusos han merecido la preocupación de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Además, las personas que gozan de beneficios procesales como excarcelación o permisos de libertad transitoria no son debidamente controladas ni reciben una ayuda adecuada. Este cuadro de deterioro va en crecimiento y provoca una agudización de la sensación de inseguridad en la población.
El mal servicio que presta el Estado en una materia tan delicada se advierte en el control de los procesados o personas que están cumpliendo sus condenas en libertad. Tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, el Patronato de Liberados se encuentra colapsado y no puede cumplir adecuadamente ninguna de sus funciones. Sin control sobre estas personas implicadas en delitos, y sin darles asistencia como para que puedan reorientar sus vidas, ellas quedan fuertemente condicionadas a seguir la senda criminal. Así, se estima que el nivel de reincidencia de este segmento supera el 35% y que se da, sobre todo, en los primeros tres meses posteriores a la liberación.
Articulando recursos materiales y humanos provenientes de diversas jurisdicciones y organismos públicos, así como de la sociedad civil, es necesario implementar una estrategia de seguridad racional, orientada a la prevención del delito, tanto en el espacio público como en los centros de detención, abarcando la población marginal y combatiendo la reincidencia.
El colapso del sistema de control de procesados e internos con libertad transitoria se refleja en un elevado nivel de reincidencia criminal. Hay que suplir la carencia de una política racional.
Fuente: clarin.com