El discurso autoritario del Gobierno, que obliga a escuchar prohibiendo hablara quienes no piensan como él, viola derechos y degrada la convivencia social.
Una expresión típica del nazismo fue la "sincronización" (Gleichschaltung) de todas las formas de comunicación para alinearlas con los principios del nacional socialismo. Toda publicación o mensaje requería un "certificado de confiabilidad política" y este "certificado" sólo lo otorgaba el Ministerio de Propaganda.
En su afán por modificar la realidad con un relato oficial que distorsiona la historia, modifica el presente e ignora el futuro, el kirchnerismo sincroniza también el uso de la palabra, "obligando a escuchar" su mensaje y "prohibiendo hablar" a sus candidatos de los temas vedados.
La presidenta de la Nación, en violación del artículo 75 de la ley de servicios de comunicación audiovisual, ya ha utilizado la cadena nacional más de 120 veces desde que asumió su mandato, de las cuales una veintena corresponde al año actual. Es decir, ha utilizado ese instrumento, en promedio, una vez por semana si omitimos los feriados largos que permitieron a la población descansar de sus largas peroratas autorreferenciales.
La norma restringe el eslabonamiento mediático a "situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional" y nunca se previó, a pesar de que fue dictada por el kirchnerismo, que ella misma ignorase esos límites conforme a sus veleidades, forzando a millones de personas a escucharla contra su voluntad.
En un verdadero raid de charlas encadenadas y convertidas en una campaña política desembozada, la Presidenta demuestra su nulo apego por las instituciones y su convicción de que la legalidad se identifica con sus deseos personales. Según la primera mandataria, lo importante es que "la gente se entere" de las cosas que hace el Gobierno, "aunque a algunos no les guste".
Anteayer, y en respuesta a las presentaciones legislativas y judiciales que realizaron dirigentes de la oposición denunciando la violación de la ley de medios por parte de Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no sólo justificó el uso indiscriminado de las cadenas nacionales, sino que desafió a la oposición a que presente todas las denuncias que quiera, las que a su juicio nada cambiarán, pues el Gobierno está dispuesto a seguir actuando con la displicencia e impunidad con que lo ha hecho hasta ahora. Con él coincidió el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, quien dijo que semejante abuso de la cadena "está dentro de la ley" y que "ningún organismo puede vetar la opinión del gobierno nacional". Una declaración inadmisible en un funcionario que precisamente debe ejercer ese control.
El parecido de estas actitudes con las cantinelas del fallecido comandante Hugo Chávez o las monsergas de su sucesor, Nicolás Maduro, no por obvio debe ignorarse, pues la situación actual de Venezuela es un llamado de atención acerca de lo que ocurre cuando una república se convierte en una republiqueta. O una Argentina, en una Argenzuela.
Esa liviandad y al mismo tiempo prepotencia para imponer la fuerza de la cadena, correr límites, ignorar frenos y contrapesos, ensalzar a las barras bravas, movilizar al Vatayón Militante, apoyar la violencia de Luis D'Elía, atormentar al doctor Carlos Fayt y avasallar el Estado de Derecho son causa directa de nuestro estado de anomia. Los tristes sucesos recientes en la cancha de Boca Juniors son reflejo de nuestra decadencia y de esta destrucción del capital social de la Argentina.
Desde Alfonsín en adelante, los presidentes han utilizado muy poco la cadena oficial, por respeto a la intimidad de las personas y reconociendo el carácter extraordinario de esa herramienta compulsiva. Siempre se interpretó que debía prevalecer el interés de la población y no el del gobernante. Su justificativo debe ser el contenido del mensaje y no la calidad expresiva del mensajero.
El propio Juan Domingo Perón, cuando regresó al país en junio de 1973, hizo un uso limitado de este instrumento, en ocasión de los sucesos de Ezeiza. Ya había dejado atrás las prácticas de dominación de su primera presidencia, cuando se estatizaron todas las radios y se imponía un "Manual de instrucciones" fijando el fondo y la forma de los contenidos.
Los mayores abusos en democracia ocurrieron en época de María Estela Martínez de Perón, cuando José López Rega tenía total control de las decisiones presidenciales y utilizaba cámaras y micrófonos para cualquier cosa.
El abuso de la sincronización de medios para imponer la palabra oficial es una modalidad totalitaria, cuyos ejemplos en la Argentina recuerdan los peores momentos de nuestra historia: las dictaduras militares y el populismo caótico de la viuda de Perón y su temible "Lopecito".
El peso de las cadenas se ha completado con rígidas mordazas a la palabra. La sincronización exige un alineamiento total con las órdenes presidenciales, aunque la primera mandataria contradiga a Copérnico y sostenga que el Sol gira alrededor de ella misma. Según trascendió, los candidatos oficialistas tendrían prohibido hablar de 30 temas detallados en una lista informal, de su autoría.
Las cadenas son para que la Presidenta hable. Y las mordazas, para que los demás callen.
El Index Prohibitorum presidencial veda al gobernador Daniel Scioli (el destinatario principal de esa mordaza) hablar del dólar, del cepo cambiario, de la inflación, del déficit fiscal, del fracaso del Cedin, de la caída de las exportaciones, de la pobreza, de la crisis en las economías regionales, del caso Boudou y del desempleo, entre otras cosas. Sólo buenas noticias y consumo hasta las elecciones.
Nada nuevo bajo el sol, las técnicas fascistas son siempre las mismas. Mussolini amordazó la palabra para crear una imagen de felicidad a través de la selección de noticias para la radio. La campaña de su Ministerio de la Cultura Popular (el "MinCulPop") para erradicar la "crónica negra" era el correlato de las "crónicas rosas", las informaciones alegres, con "buena onda" como desea nuestra Presidenta. En la Italia fascista, la radio debía silenciar los hechos de violencia o corrupción, suavizar los delitos pasionales, omitir los robos, ocultar los suicidios, esconder las epidemias.
El receptor inventado por Marconi era una novedad y fue utilizado en Italia para "obligar a escuchar" propaganda en los hogares, las escuelas, clubes y sedes partidarias. El país era tierra fértil para el adoctrinamiento radial, pues la mayoría de la población rural era iletrada. Luego, se adoptó la fórmula hitleriana de poner "una radio en cada casa" para la recepción familiar. Para asegurar la capilaridad de la "cadena nacional" il Duce mandó importar de Alemania las radios VE 301 eficientes y económicas, que se vendían en cuotas subsidiadas.
Tomando como referencia a Mussolini, el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, mejoró las técnicas fascistas imponiendo la sincronización completa de todas las formas de comunicación de Alemania: libros, revistas, periódicos, reuniones públicas, arte, música, cine y radio.
La programación estaba sincronizada para que nadie contradijera sus directivas y que cada nota musical, cada sonido, respondiese a las pautas oficiales. Los receptores sólo podían captar emisoras locales y no del exterior, como la BBC, pues aún no existía la CNN.
En la Argentina, existe la sensación de que el abuso de la cadena oficial y la mordaza a la palabra fuesen hechos menores en el contexto de una campaña eleccionaria. Sin embargo, son reflejo de una gravísima situación de anomia que afecta a nuestro país.
Los países son viables cuando funcionan instituciones que equilibran las demandas de las mayorías circunstanciales, con las previsiones requeridas para las generaciones futuras. Los límites establecidos por la norma fundamental, la división de poderes, la alternancia en el gobierno, la libertad de prensa, el control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial no son mecanismos regresivos para favorecer a minorías privilegiadas. Son las formas de organización social adoptadas en los países democráticos para encarrilar las apetencias individuales en forma compatible con el bien común, respetando los derechos de las minorías y teniendo en cuenta el bienestar de las generaciones futuras.
La sincronización de un relato oficial, abusando de la cadena de radiodifusión y poniendo una mordaza a otros candidatos de su propio partido para que no expresen libremente sus opiniones, es una forma totalitaria de concebir el poder político, incompatible con los principios adoptados desde 1853 y que conduce poco a poco a una degradación de la convivencia social de elevadísimo costo y muy difícil reversión.
Fuente: lanacion.com
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