Por José Crettaz
El uso de fondos públicos con fines partidarios -cuando no directamente privados- es un mal endémico en nuestra democracia. Y el intento de manipular la opinión pública por medio del abuso de la pauta oficial (para condicionar o disciplinar) es apenas un emergente de aquella extendida realidad.
Este mal uso de los recursos que los ciudadanos aportamos a través de los impuestos -cuyo peso sobre el bolsillo de las familias no paró de crecer en las últimas tres décadas- no es exclusivo de un signo político ni de un organismo o distrito en particular. Es una situación que los políticos critican cuando están en la oposición, pero no modifican cuando se convierten en oficialismo.
Para el kirchnerismo, la pauta es apenas un engranaje en una maquinaria de propaganda mucho más amplia, que incluye un creciente grupo de medios gubernamentales; Fútbol para Todos (que cada fin de semana emite en cadena los anuncios oficialistas); la agencia gubernamental de informaciones Télam; la construcción y la producción de contenidos para la TV digital estatal; las fiestas que organiza la Unidad Bicentenario; el presupuesto de la Afsca y la Defensoría del Público, que deriva en financiamiento de la política tanto como en perseguir a medios no alineados; el programa Igualdad Cultural dedicado en gran medida al culto a la personalidad del ex presidente Néstor Kirchner -corporizado en el centro cultural que lleva su nombre-, y un largo etcétera. La Jefatura de Gabinete sigue sin publicar las cifras del reparto de la pauta (que no incluye el gasto de la Anses en un absurdobranding o presencia de marca, como prefieren los publicistas). Cuando LA NACION solicitó esa información para 2013 y 2014 recibió como respuesta varios kilos de papel con planillas que para ser analizadas deben ser antes escaneadas y convertidas en una base de datos. Tarea a la que estamos abocados.
Este fenómeno se replica en la amplia mayoría de las jurisdicciones públicas del país. La provincia de Buenos Aires tiene una inversión en publicidad que no se condice con la escasez evidente de servicios e infraestructura pública. Pero, además, para la gestión del gobernador Daniel Scioli el detalle del reparto de la publicidad oficial -presupuestado en unos $ 500 millones para este año- es un secreto guardado bajo siete llaves (lo que incluso generó una fortísima pelea con su vice, Gabriel Mariotto). La versión sciolista del kirchnerismo también tiene festivales que, curiosamente, no se limitan al territorio provincial. El concurso de bandas RockeaBA, por ejemplo, ya recorrió La Rioja, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias.
En la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Mauricio Macri, el amarillo abunda tanto en los avisos partidarios como en los del Estado porteño, como si fueran la misma cosa. Es cierto que los datos del reparto se publican en Internet y se mantienen actualizados, pero no es menos cierto que -cuando LA NACION analizó esa distribución- decenas de medios del interior del país dijeron no haber recibido los montos allí mencionados.
Mientras, la sociedad lo mira por TV y parece no conectar el destino partidario del dinero público con la falta de infraestructura básica o la deficiencia en los servicios estatales de seguridad, educación y salud.
Fuente: lanacion.com
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