Si se convierte en ley, el proyecto oficialista que procura controlar los comentarios de lectores en medios electrónicos será otra forma de censura.
Un grupo de diputados nacionales, representativos del núcleo incondicional de la Presidenta, presentó un proyecto de ley por el cual los medios de prensa, agencias de noticias, diarios online y revistas electrónicas que cuenten con plataformas por las cuales se admitan contenidos generados por los usuarios deberán adoptar recaudos para evitar la difusión de juicios presuntamente discriminatorios.
Hasta ahí no habría mucho para objetar de esa iniciativa, que ya cuenta con el voto favorable en comisión de la mayoría legislativa. Es ésa, en realidad, una ampliación de la ley sobre discriminación sancionada por el Congreso en 1988 y que tipifica las manifestaciones que dañen a otros por razón de creencias, sexo, raza, religión.
En ese punto surge el primer contrasentido: ¿no son los firmantes diputados que convalidan a diario la política más abusiva de los tiempos modernos contra los ciudadanos que se expresan críticamente sobre el gobierno kirchnerista? ¿Con qué autoridad moral se puede sostener un proyecto que llega a la censura previa, si se mantiene silencio, y hasta complacencia, con el harto uso de los medios de comunicación estatales y de la cadena oficial de radiodifusión para atacar, por sus ideas y creencias, a los que disienten con la administración de la señora Kirchner?
En el caso "Rodríguez c/ Google", la Corte Suprema de Justicia reafirmó la doctrina de que toda restricción a la libertad de expresión se presume inconstitucional. La Constitución Nacional prohíbe la censura previa, y del mismo modo lo estipulan también normas del derecho internacional incorporadas al derecho positivo argentino. Así se han desenvuelto los medios tradicionales, como la prensa gráfica: la responsabilidad ulterior a lo que publiquen es establecida por la autoridad judicial.
El proyecto oficialista, que entre otros impulsan los diputados Diana Conti, Andrés Larroque y Remo Carlotto, pretende, en cambio, introducir un giro de 180 grados con relación a los medios electrónicos. Impele a éstos a eliminar o anular los comentarios que se consideren discriminatorios o que hayan sido denunciados como tales por quienes se sientan afectados. Lo dispone en términos de tal amplitud y ambigüedad, que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha dicho, con razón, que por sus costos se hace imposible su cumplimiento para los pequeños medios digitales, y coloca a todos en situación de autocensura.
Por si eso fuera poco, el proyecto introduce el principio de inversión de la carga de la prueba en cuestión en sí misma controvertible: prevé que es el denunciado quien debe demostrar que no incurrió en discriminación. Algunos de los autores de esta moción vuelven de ese modo a lo que no lograron que prosperara con una iniciativa parecida presentada en 2014. En esa oportunidad propulsaron la clausura de las plataformas de Internet en las que se incurriera en el tipo de expresiones que dicen condenar.
Al referirse a la inconstitucionalidad que encierra el proyecto oficialista, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sostuvo, con criterio, que viola el principio de legalidad y la libertad de expresión de los ciudadanos en Internet, y que, de aprobarse, limitará severamente el debate público.
Sería absurdo no coincidir con el propósito de evitar agravios y fomentar el respeto por la dignidad humana porque ése es, por lo demás, un criterio que se ha reflejado siempre en cuanto a los medios gráficos al someterse a la Justicia ante denuncias por injurias y calumnias. Es más: siempre los medios de comunicación debemos hacer todo el esfuerzo a nuestro alcance a fin de identificar debidamente a los usuarios que realicen comentarios en las plataformas digitales. Nadie ignora que el anonimato muchas veces da rienda suelta a lo peor de los instintos humanos.
También los legisladores involucrados en este asunto deberían comenzar por persuadir al gobierno del cual se sienten parte para que desactive a los militantes cuya presencia casi profesional, por inmediatez, perseverancia y lenguaje, ha otorgado en estos años a las redes informáticas de una coloratura especial en la diatriba pro oficialista. Después, con más autoridad entonces, podrían dedicarse al trabajo pedagógico de afirmar en la población el concepto de que a nadie se debe humillar por sus ideas y, menos todavía, si para incurrir en ello se malgastan los recursos públicos del país como ha venido haciendo el kirchnerismo durante los últimos 12 años.
Fuente: lanacion.com
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