El retiro de policías de objetivos críticos de la ciudad representa un enorme riesgo que debe ser solucionado por las autoridades.El Santojanni era en esos momentos uno más de los lugares públicos de la ciudad que se mantienen en una especie de limbo en materia de seguridad, sin custodia de la Policía Federal ni de la Policía Metropolitana. Sólo el destino quiso que aquello no terminara en una tragedia mayor
Desde que en abril de 2011 la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, decidió retirar a la Policía Federal de los hospitales, éstos han venido siendo escenario de episodios más propios de un campo de batalla que de un nosocomio. No ha sido el único caso de inseguridad en centros de salud. Hace pocos días, una empleada del hospital Muñiz, en Parque de los Patricios, denunció haber sido violada dentro del nosocomio. Tras el hecho, el gobierno porteño reforzó allí la seguridad privada.
Ahora, surgen dudas inquietantes frente al cronograma dispuesto por Garré para los subtes, según el cual el retiro de la Federal se completará el 1° del mes próximo, y ante la declamada imposibilidad de la Metropolitana de ir supliendo a esos policías en cada puesto del que se retiren, básicamente por la enorme diferencia en el número de uniformados con que cuenta cada fuerza.
La fundamental, obviamente, tiene que ver con quién garantizará la seguridad de los ciudadanos y de los miles de personas que día a día recorren el distrito en subte y usan sus hospitales. Ayer, por caso, trabajadores de ese medio de transporte cerraron 40 boleterías en protesta por la falta de policías y el riesgo que esto implica para su seguridad y la de más de un millón y medio de pasajeros diarios.
El gobierno local ya ha hecho saber que movilizar sus agentes a esos objetivos importará un freno en el desembarco de agentes metropolitanos en más comunas de la ciudad. Hoy son cerca de 3000 los efectivos con que cuenta la nueva fuerza, que deben dividir su trabajo en tres turnos. En la Federal son unos 15.000 los integrantes de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
Hace una semana también se anunció que la Federal se retirará en abril de las autopistas porteñas. Funcionarios de Macri dijeron que la reemplazará un cuerpo especial de tránsito de 80 agentes, tal como lo habían acordado con la Nación. Garré desmintió ese convenio y acusó a Macri de querer apropiarse del control de las autopistas para recaudar más por infracciones de tránsito. Pero resulta que el 92 por ciento de esas faltas ya eran registradas por fotomultas y por móviles con dispositivos especiales del gobierno de la ciudad.
Sea como fuere, estas chicanas lo único que hacen es dejar desprotegido al ciudadano.
Desde la reforma constitucional de 1994, la ciudad de Buenos Aires quedó convertida en algo difícil de definir aun para muchos constitucionalistas, pues no tiene categoría de municipio ni de provincia.
Inicialmente, la llamada ley Cafiero impedía a la Ciudad tener policía propia, situación que cambió al sancionar el Congreso una modificación de esa norma. La Ciudad pudo entonces armar su propia fuerza, aunque los recursos correspondientes no le fueron transferidos.
Ingentes han sido los reclamos porteños para que el gobierno nacional traspasara a la Ciudad la policía que históricamente se ha encargado de la seguridad en el distrito, es decir, la Federal, algo que por lo visto la gestión de Cristina Kirchner no está dispuesta a hacer, al menos con una administración porteña de signo contrario.
La inseguridad que azota a la mayoría de los grandes centros urbanos requiere prevención para no tener que ir detrás de los acontecimientos. Hospitales, estaciones de subte y autopistas no pueden ser, por cierto, lugares descuidados.
Frente a semejante panorama y a las zonas grises que dejan las normas, sólo un maduro diálogo político puede aportar soluciones que no deben demorarse. Ese entendimiento debe darse en todos los niveles. Entre la Nación y la Ciudad, claro está, pero también entre esta última y la provincia de Buenos Aires, dos distritos que integran un área metropolitana con características y necesidades similares en numerosos aspectos.
Lamentablemente, se está imponiendo una realidad que tiene como rehenes de la pelea a los ciudadanos y, al mismo tiempo, expone crudamente no sólo la impericia de quienes llegan a las máximas responsabilidades de gobierno, sino un nuevo descenso en materia de calidad institucional.
La puja entre los gobiernos, con los ciudadanos como trofeo, resulta inadmisible.
Fuente: lanacion.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario