Por una educación más justa

Axel Rivas (Director del Programa de Educación de Cippec)

Los candidatos deben tener claridad en su diagnóstico, propuestas sólidas y mucha decisión, con articulación federal, para cambiar la educación.

Aunque existen logros de política educativa, el sistema argentino tiene algunas deudas pendientes. Esto en el contexto del aumento del financiamiento educativo, que pasó del 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2004 al 6,5 por ciento en 2009, o la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, que recuperó el rol del Estado como garante del derecho a la educación.
En los últimos años, mejoraron los salarios docentes, se incrementó el acceso de los alumnos al nivel inicial y secundario, se recuperó la educación técnica y se comenzó a fomentar la mejora de la formación docente.
Sin embargo, la Argentina no resolvió la fragmentación del sistema educativo. Los resultados de calidad en las evaluaciones internacionales cayeron por debajo de otros países de la región y existen extremas desigualdades, según escuelas y provincias.
En este contexto, desde el proyecto Agenda Presidencial 2011-2015, con el que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) busca aportar propuestas de política pública y mejorar la calidad del debate electoral, se identifican los desafíos educativos del próximo gobierno nacional.

Los desafíos. Docentes. La formación docente es la dimensión más importante para mejorar la justicia y la calidad de la educación. Para ello, es necesario redefinir la oferta y la calidad de la formación docente, construyendo edificios propios para los institutos y ampliando a cinco años la formación, con un año de residencia y uno de especialización, y un examen final para ejercer la docencia.
Alumnos. Cuanto antes invierta el Estado en los alumnos, más igualdad y justicia promueve. Por eso es necesario universalizar la sala de 4 años y crear una oferta estatal de educación, salud y desarrollo social para niños de hasta 3 años, edad que determina el futuro del aprendizaje para el educando.
Además, es clave impulsar una reforma de redistribución estructural de los recursos educativos hacia los sectores más vulnerables. No basta con las políticas compensatorias.
El próximo gobierno nacional podría extender la jornada escolar para el 30 por ciento de los alumnos más pobres de nivel primario, con el objetivo de ofrecerles nuevos contenidos, como artes, deportes, tecnología o inglés, y en apoyo a los alumnos con mayores problemas de aprendizaje. Córdoba es un ejemplo en ese sentido, pero la verdadera transformación para todo el país sólo es posible con una política nacional integral.
Uno de los logros recientes, que el próximo gobierno necesita enfatizar, invirtiendo para ello más recursos, son los planes para mejorar la secundaria, con recursos nacionales que las escuelas puedan usar con autonomía.
Esto permite concentrar el trabajo de los docentes en una misma escuela y promueve proyectos innovadores que involucran más a los alumnos. Es fundamental, también, continuar con el programa nacional Conectar-Igualdad, que reparte computadoras a los alumnos de escuelas secundarias estatales.
Las grandes responsabilidades que recaen en los ministerios provinciales de Educación indican la necesidad de generar una instancia para formar a los equipos que deben planificar la política educativa con una perspectiva federal, democrática y profesional de su función. Es una apuesta que no tiene mayores costos y sí inmenso impacto en el corto y largo plazo.
Si mantiene el 6,5 por ciento del PIB destinado a educación, el próximo gobierno puede cumplir con todas estas propuestas. Si además logra incrementar el salario de los docentes de las provincias con menos recursos, lograría un gigantesco salto en la oferta y en la justicia educativa.

Centralismo fiscal. Una segunda condición es necesaria, pero insuficiente: el centralismo fiscal. Para generar mayor igualdad, es necesario un Estado nacional con más participación en la recaudación fiscal. Si se incrementasen los recursos de las provincias, las brechas entre las más ricas y las más pobres se ampliarían, ya que la coparticipación es muy injusta y fija. Por eso, es clave evitar coparticipar más impuestos. Y para evitar la discrecionalidad y el control político del centralismo fiscal, es necesario crear fondos de asignación específica que beneficien a las provincias más pobres desde lo social y fiscal.
Para cambiar el futuro de la educación, necesitamos que los candidatos a ocupar el próximo gobierno tengan claridad en su diagnóstico, propuestas sólidas y mucha decisión política con articulación federal.
La dirigencia tiene hoy una nueva oportunidad para garantizar, con la educación, condiciones de integración social, crecimiento económico y participación democrática.

Fueente: lavoz.com.ar