por Adrián Ventura
Pocas veces como en los últimos diez días el Gobierno quedó tan al desnudo.
El bloqueo a las plantas de Clarín y La Nacion probó, por un lado, que hay gente dispuesta a enmascarar bajo protestas laborales una clara estrategia política de ataque a los medios y, por el otro, que el Gobierno no tiene interés alguno en respetar las leyes ni los fallos judiciales.
El bloqueo violó dos resoluciones que le exigían a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, proteger las plantas impresoras. Pero, aún cuando aquéllas nunca hubiesen sido dictadas, la medida de fuerza configuró una abierta violación a los artículos 14 de la Constitución nacional y 13 de la Convención Americana. Y, además, importó la comisión de dos delitos penales y varios contravencionales.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, intentó explicar que la Policía Federal sí había intervenido. Pero omitió tres detalles esenciales: no dijo que la policía le negó la colaboración a una fiscal que quería poner fin al bloqueo; responsabilizó de la inacción de la fuerza a un fiscal al que acusó de no atender el teléfono, algo que el funcionario desmintió, y olvidó que la policía está obligada a impedir la comisión de delitos, sin intervención de un juez o fiscal. ¿Acaso debe esperar que llegue el fiscal para impedir un homicidio? Por eso, el fiscal Guillermo Cichetti le recordó al jefe de la comisaría 30a. que las leyes procesales obligan a la policía a actuar frente a un delito.
Garré no concurrió a la invitación que le hicieron los partidos de la oposición para dar explicaciones en el Congreso. El escenario institucional hubiera desenmascarado sus argumentos. Y acusó a los diputados de montar un show, cuando fue ella la que prefirió hablar en una radio frente a periodistas que no estaban dispuestos a preguntar.
Pero la responsabilidad última no es de Garré ni, tal vez, tampoco lo sea de Hugo Moyano, que por conveniencia se volvió un encarnizado enemigo de algunos medios. Aún si suprimiéramos del escenario a ambos o si tuviesen menos poder -como ocurría con Moyano cuando Néstor Kirchner vivía-, tal vez el bloqueo igualmente se hubiera producido.
El ataque del sábado fue un escalón más -el más alto, pero tal vez no el último- de una estrategia de agresiones a algunos medios que el Gobierno desarrolla desde hace años. El clima de crispación social estaba sembrado. Y aún si fuera cierto que el Poder Ejecutvo no fue autor intelectual del último bloqueo, la inacción policial lo convirtió en partícipe necesario.
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Fue ese clima enrarecido el que le dio el escenario a Hugo Chavez, que llegó a la Argentina para recibir un premio por la libertad de expresión, que en Venezuela también languidece.
Ni la presidenta Cristina Kirchner ni ningún funcionario se acordó que Chávez cerró 36 radios; que la Corte Interamericana condenó dos veces en 2009 a su gobierno por agredir a los periodistas e instalaciones de Radio Caracas TV y de Globovisión; o que enjuició al titular de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y a muchos periodistas -varios fueron a prisión- por criticar su gestión.
Por todo ello, en 2010, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció severamente los ataques a la libertad de expresión en la Argentina y en Venezuela.
Hace pocos días, la justicia suiza quedó embarrada por inverosímiles acusaciones de Moyano. La prensa extranjera se sorprende con la Argentina. Y el presidente Barack Obama ni se arriesgó a pisar suelo argentino. La Argentina y Venezuela, aisladas, tejen un destino común y oscuro.
Fuente: lanacion.com.ar
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