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La representante de la Comunidad Territorial Mapuche de Metrenko, Nilsa Raín, ha declarado en Madrid que el Estado chileno está aplicando políticas para extinguir al pueblo mapuche, lo que calificó de "genocidio étnico".
Raín también pidió la derogación de la Ley Antiterrorista, que "sólo se aplica a los líderes mapuches". Esta norma "da lugar a penalizar y criminalizar las legítimas movilizaciones, demandas políticas y protestas sociales emprendidas históricamente por este pueblo", explicó en rueda de prensa. Actualmente, hay cuatro líderes mapuches condenados por dicha ley.
Además, la representante de los mapuches explicó que el Gobierno de Chile, con el presidente Sebastian Piñera a la cabeza, ha puesto enmiendas a la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT).
Según Raín, el Ejecutivo ha puesto una enmienda en dicho Convenio que obliga a los países al reconocimiento de los pueblo-nación dentro de sus fronteras. A través de esta cláusula legal, no se acepta la existencia de los mapuches como pueblo ni sus reivindicaciones.
Además, según el Convenio de la OIT, los proyectos de inversión económica que afecten a una amplia población deben ser consultados antes de su aplicación, consultas que no se están realizando en los territorios donde viven los mapuches y que reclaman como propios, explicó la representante mapuche.
En este caso, Raín ha denunciado el "genocidio étnico" que se está aplicando sobre su pueblo con el beneplácito de empresas extranjeras, como la eléctrica española Endesa y la compañía italiana Enel.
A este movimiento reivindicativo, se han sumado distintas asociaciones como Ecologistas en Acción, Puentes No Muros y la Alianza Intelectuales Anticapitalistas.
HUELGA DE HAMBRE
El pasado verano, unos 32 indígenas mapuches mantuvieron durante 82 días una huelga de hambre en protesta por la Ley Antiterrorista, tras su arresto bajo el marco de dicha norma tras diversos hechos violentos en la Región de Araucanía, en el centro del país.
La Ley Antiterrorista fue sancionada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) para perseguir a sus opositores, pero los gobiernos de izquierda de la Concertación no la derogaron y la continuaron aplicando para algunos crímenes, a pesar de que la ONU ha criticado esta normativa porque discrimina a las comunidades indígenas.
Piñera prometió que los líderes indígenas serían juzgados por tribunales civiles, en vez de por militares, y el desarrollo de un plan general para las tribus indígenas.
El pueblo mapuche representa casi el 25 por ciento de la población chilena, según Raín, y sus principales asentamientos se encuentran en Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Los indígenas denuncian que en esa región tienen tierras que les pertenecen desde antes de la colonización española, las cuales, según ellos, les fueron despojadas.
Fuente: europapress.es
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