A cada momento, tanto el Gobierno como la comunidad proclaman su preocupación por los problemas de las drogas y del alcoholismo, que acechan a los menores.
Nadie podría discutir que la inquietud está plenamente justificada, y que todo lo que se haga para modificar tal realidad reviste suma trascendencia. Pero no puede sino llamar la atención el hecho de que, simultáneamente, no parezca estar incluida en esos propósitos la gravísima cuestión de los menores vagabundos o mendigos.Quien camine por la noche, por cualquier punto de esta ciudad de 550.000 habitantes, puede advertir la cada vez mayor cantidad de chicos menesterosos, que sin control alguno de adultos circulan por el espacio público.
Recorren las mesas de los bares y restaurantes, como los negocios o los templos, pidiendo limosna, del mismo modo que lo hacen apostados junto a los complejos de semáforos de las avenidas. Y a cierta hora, directamente se tiran a dormir en cualquier parte: sobre el banco de una plaza, o a la entrada de algún edificio.
En algunos casos, la proximidad de un mendigo adulto hace suponer que es un familiar del niño, y que lo emplea inescrupulosamente para la actividad de pedigüeño que desarrolla. Pero, la mayoría de las veces, el chico que mendiga o que duerme parece estar absolutamente solo en medio de la calle y de la noche.
Obvio es que podrían llenarse muchos renglones ponderando los infinitos peligros que amenazan a esos niños a esas horas y en esas circunstancias. O hacer fáciles vaticinios sobre el triste futuro que aguarda a quien se inicia en la vida dentro de semejante marco de abandono, sin calor de hogar y sin educación de ningún tipo.
Pero nos parece que estamos frente a un asunto cuya importancia es similar a la de las drogas y el alcohol, porque está incluido en ellos.
La Constitución de Tucumán, en su artículo 35, inciso 4, responsabiliza inequívocamente al poder público en el tema. "Los niños y los jóvenes serán objeto de una protección especial del Estado, en forma de favorecer su normal desenvolvimiento, su desarrollo físico y cultural, asegurándoles iguales oportunidades para su desarrollo sin discriminación de ninguna naturaleza", dice. Y agrega que "los huérfanos y los niños abandonados serán debidamente protegidos mediante una legislación especial".
Cabe preguntarse la razón por la cual tan claras estipulaciones parecen ser mera teoría entre nosotros. Es sabido que la existencia de niños mendigos y vagabundos tiene su causa directa en la miseria y en la marginación.
Pero el Estado no puede mirar al costado ante realidades de ese tipo. Justamente, se supone que los planes sociales tienen, entre sus propósitos, evitar que los miembros de una familia mendiguen el sustento.
El poder público debe intervenir cuando el menor pide la caridad o vagabundea sin control a la hora en que debiera estar bajo techo.
Por medio de sus asistentes sociales, le corresponde indagar su situación familiar y, si encuentra que detrás de ese menor no hay adultos con capacidad responsable, tiene que sacarlo de la calle e instalarlo en establecimientos adecuados donde se remedien esas falencias.
Una adecuada política de inclusión social, debe preocuparse prioritariamente de estos aspectos, sobre cuya grave importancia sería ocioso abundar en consideraciones.
Un niño de quien nadie se preocupa, librado a su suerte por las calles, no puede ser indiferente para la comunidad y para el Estado que la representa. En nuestra ciudad, esa presencia es cosa cotidiana. No es posible seguir ignorándola.
Fuente: lagaceta.com.ar
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