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por Adrián Ventura
Los problemas que afectan a millones de personas, como el jubilatorio y el de la inseguridad, pueden ser morigerados por la Justicia, pero sólo pueden ser solucionados por el Congreso, mediante leyes generales.
En materia jubilatoria, el número de demandas contra la Anses no para de crecer. Según datos de la Cámara de la Seguridad Social, el año último ingresaron en ese tribunal más de 31.322 expedientes, un 30% más de causas que las ingresadas en 2009. Además, un número considerable de los 410.000 expedientes que abarrotan el fuero previsional ya iniciaron su camino a la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti.
Uno de los ministros del máximo tribunal sostiene que, al margen de cualquier otro asunto que pueda imponer la realidad política, ese tema es uno de los más importantes de la agenda de 2011.
En los últimos cuatro años, la Corte dictó numerosos fallos, actualizó los haberes devengados en los años 90 y en el período 2002-2006 y estableció los índices de ajuste aplicables. Pero están pendientes los pedidos de actualización posteriores, el estudio de una acción de clase planteada por la Defensoría del Pueblo (que la Corte no estaría dispuesta a admitir) y medidas cautelares mediante las cuales la Cámara de Seguridad Social ordenó a la Anses pagar el aumento a varios jubilados aun antes de que se tramite el juicio.
La ley d el 82% móvil, votada el año último por el Congreso, no resolvía todos los planteos -como el pago de sumas retroactivas-, pero sí era una solución general. Sin embargo, la presidenta Cristina Kirchner la vetó.
Ahora, senadores y diputados de la oposición pretenden reflotar aquella ley mediante una consulta popular. Buscan que la Presidenta pague el costo político de aquel veto y atraer a las urnas a casi cinco millones de jubilados que siguen postergados. Sin embargo, para que el resultado de la consulta sea vinculante y no pueda ser vetado, el proyecto debe nacer en la Cámara de Diputados, ser aprobado por ambas cámaras y la votación no puede hacerse el mismo día de la elección presidencial (lo dice expresamente la ley 25.432). Es decir, el mecanismo no es sencillo de usar.
Algo parecido puede ocurrir con la inseguridad. Hay que evitar espejismos. Parece "lógico" -dijo la Presidenta- que se reduzca la edad de imputabilidad a los 14 años, o incluso menos. Pero la solución es más compleja: se necesita desarrollar estrategias de inteligencia policial, para que las fuerzas de seguridad se anticipen y desbaraten las organizaciones criminales, en lugar de correr detrás de crímenes consumados.
Fuente: lanacion.com.ar
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