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Los casos de toma de terrenos se agudizaron en los últimos meses y muestran una de las grandes asignaturas pendientes del Estado en todos sus niveles.
En los últimos meses, y como cierre del año, se registró a lo largo del país un incremento en los conflictos generados por el déficit habitacional, con usurpaciones de terrenos y los consiguientes desalojos.
El conflicto más tenso se vivió con la ocupación del Parque Indoamericano, en la localidad bonaerense de Villa Soldati, que culminó con la muerte de dos personas.
En Córdoba, la situación se agudizó durante los últimos días, con el proceso de desalojo de un predio municipal de cinco manzanas en el barrio Marqués de Sobremonte Anexo. Por estos hechos hay una mujer imputada por desobediencia a la autoridad y usurpación.
El proceso fue atravesando distintas instancias de negociación entre el municipio y los okupas, que fue prorrogando la orden de desalojo que se pidió en un primer momento y que terminó recayendo sólo sobre las 40 personas que no suscribieron un acuerdo y que deberán desarmar las construcciones y abandonar el lugar el lunes mañana.
La sucesión de estos conflictos refleja en los medios denuncias de todo tipo que dejan en evidencia la falta de políticas públicas, la pobreza extrema, el reclamo por un derecho y la organización entre las personas; pero también aparecen enfrentamientos entre vecinos, xenofobia, negocios inmobiliarios y la movilización de punteros políticos, entre otras aristas.
La única constante que se ha mantenido a lo largo del tiempo es la necesidad de acceder a una vivienda digna por parte de los sectores carenciados y las asignaturas pendientes de los dirigentes políticos y el Estado.
Estas situaciones dejan abiertos interrogantes que exceden la coyuntura y que intentamos abordar desde la mirada que aportan los especialistas en el tema.
De acuerdo a los números oficiales del Censo 2001, en Córdoba había 167 mil viviendas deficitarias totales y en el caso de los sectores con menos recursos son 147 mil viviendas. El registro incluye casas con problemas de hacinamiento, problemas sanitarios y en mal estado.
Aldo Arias- Miembro del Instituto de la Vivienda del Colegio de Arquitectos de Córdoba
Hicimos la cuenta de que un obrero de comercio promedio debe ahorrar ocho años para poder acceder a una vivienda. Ese valor se ha incrementado muy fuerte, ya que en 2006 eran cinco años. Eso sucede porque se fue incrementando el valor de la construcción, el valor del terreno y por consiguiente se ha ido dificultando cada vez más la posibilidad de un asalariado -sólo el 60 por ciento de la población- para acceder a un terreno (de 150 metros cuadrados) con una construcción (60 metros cuadrados).
Es tan grave el problema que no hay que dejar ninguna propuesta de lado.
En el caso de familias en situación de riesgo se debe aplicar una relocalización, trasladarlos a un lugar seguro. Aquí el Estado tiene que asumir ese costo. Otra propuesta, es utilizar planes como el Promeba (Programa de Mejoramiento de Barrios) que dependen de las necesidades básicas insatisfechas de cada barrio. Puede ser gratuito o puede ser que la gente aporte para mejoras, y dependen de un buen trabajo técnico.
Finalmente, para la demanda individual la mejor forma de trabajar es el crédito con algún grado de subsidio, si no, es imposible.
Horacio Saravia - Sacerdote, Titular de la Pastoral social
Este es un tema muy claro, que aparece como consecuencia de políticas desinteresadas del problema básico que es el de la vivienda. Creo que no hay que reducir el problema ni la solución al tema de la inmigración. Esa es una tremenda y cruel injusticia.
Habría que tener memoria, porque la promoción de las ciudades tiene su base en la inmigración.
El primer asentamiento en Córdoba fue el 6 de julio de 1973, el día en que Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad. Somos muy hipócritas cuando reducimos tanto el problema y victimizamos a gente que no se lo merece.
Además, sale a luz la alienación que existe en nuestra sociedad, que es producto del rol de las instituciones que termina enfrentando a pobres contra pobres y no responsabiliza a quienes son los que tienen por misión y por mandato de la gente el bien común.
Hay dos puntos importantes a mi criterio: que haya una política de Estado seria, para no caer en el asistencialismo coyuntural ante un problema de raíces profundas y también una revisión en la organización y administración de las tierras fiscales.
Recordemos que María, José y Jesús fueron los primeros “okupas”.
Juan Carlos Massei - Ministro de Desarrollo social de Córdoba
Nosotros hemos dejado en claro desde siempre que las usurpaciones son ilícitos. Nadie se puede apropiar de lo ajeno. El Gobierno no tiene terrenos ociosos como para que alguna gente organizada venga y plantee cuestiones como para que le demos tierras. Los terrenos que tenemos están planteados ante la Nación con convenios firmados, con empresas que están adjudicadas para el Hogar Clase Media y planes de viviendas.
Ante una usurpación nosotros hacemos una denuncia al fiscal y nos sometemos al diálogo con la gente, pero les decimos claramente que lo que están haciendo ahí cuando pisan un terreno es pisarle la esperanza a otro cordobés.
Argentina desde hace décadas no ha tenido una política de vivienda que plantee claramente en toda la provincia un crecimiento de viviendas que vaya por encima de la demanda normal, de la vegetativa, año a año. Hemos hecho grandes esfuerzos pero consideramos que el tema de la vivienda tiene que ver con la política nacional. Aspiramos a que en el corto y mediano plazo podamos ir paliando ese déficit y empezar a cumplir con todas las demandas.
Alejandro Groppo - Politólogo e investigador del Conicet
El Estado ha sido rebasado por un componente biopolítico de la política social. Son movimientos que tienen que ver con el acceso a recursos naturales, a alimentos, a la tierra y a la vivienda que son tres componentes que tienen que ver con la posibilidad de la manutención en la vida biológica en el mundo contemporáneo.
En la Argentina de los últimos dos años los conflictos más importantes, que fueron los del campo, los de las usurpaciones de tierras y el de las papeleras, tuvieron que ver con este componente biopolítico que rebaja al Estado, porque éste no lo puede controlar al estar desguarnecido de recursos. El problema de viviendas en la Argentina es muy complejo y no se soluciona con promesas vacuas ni a través de la sociedad civil. Implica toda una política fiscal, una redistribución de los recursos fiscales del Estado entre la Nación y las provincias.
Ernesto Rezk- Director del Instituto de Economía y Finanzas de la UNC
Este es un caso típico en el que tiene que haber un programa de políticas públicas que directamente atienda a esta situación. Este programa debe ser consensuado y debe tener en la agenda el problema de la pobreza, porque es lo que está detrás de todo esto. Aquí se da lo que se denomina una economía dual que se diferencia de una economía subdesarrollada, porque en la última son todos pobres, entonces como que la cosa es pareja. En una economía dual hay un sector de la población que está en una muy buena situación económica y otro que no.
Entonces surgen todas estas tensiones que están en la indigencia o en la pobreza para tratar de resolver sus problemas. Esa es la parte económico-social y que está siendo caldo de cultivo para las tomas.
También está la cuestión institucional. Las necesidades que pueda tener un sector de la población tienen que ser atendidas por el Gobierno mediante las políticas adecuadas.
Lo que no se puede avalar es que se hagan tomas indiscriminadas especialmente cuando hay fuertes indicios de que están organizadas y me refiero con esto a un negocio inmobiliario. En estos casos ya hay un problema delictivo.
Gustavo Rebord - director de hábitat de la Municipalidad de córdoba
Cuando asumimos la gestión, tuvimos la premisa de trabajar una de las cuestiones del déficit habitacional que es la seguridad en la tenencia. El objetivo es llegar a escriturar, que la gente tenga un papel sobre la vivienda. Ese fue el trabajo más fuerte en estos tres años. Después tomamos otros temas. Otra variable es la cuestión de la tierra a dónde la gente asienta su casa o puede comprar un lote.
Ideamos desde hace un tiempo la ordenanza del Banco de Inmuebles que ahora se dio la oportunidad para sacarla adelante. La iniciativa nace con la idea de que el Estado se meta con el mercado inmobiliario de suelo a vender tierras a un costo de entre el 60 y el 70 por ciento del mercado, por eso se vende a valuación fiscal. Tiene varias herramientas, no sólo la venta sino la captación de tierras por vía de distintos métodos.
Históricamente se dejó el suelo en manos del mercado y por lógica el mercado intentó siempre sacarle el mayor valor posible. Con todos los emprendimientos inmobiliarios que hay, sobre todo en la periferia, se encareció la tierra. A la hora de hablar de déficit no sólo hay que referirse a viviendas sino también a servicios.
Alejandro Groppo - Politólogo e investigador del Conicet
El Estado ha sido rebasado por un componente biopolítico de la política social. Son movimientos que tienen que ver con el acceso a recursos naturales, a alimentos, a la tierra y a la vivienda que son tres componentes que tienen que ver con la posibilidad de la manutención en la vida biológica en el mundo contemporáneo. En la Argentina de los últimos dos años los conflictos más importantes, que fueron los del campo, los de las usurpaciones de tierras y el de las papeleras, tuvieron que ver con este componente biopolítico que rebaja al Estado, porque éste no lo puede controlar al estar desguarnecido de recursos. El problema de viviendas en la Argentina es muy complejo y no se soluciona con promesas vacuas ni a través de la sociedad civil. Implica toda una política fiscal, una redistribución de los recursos fiscales del Estado entre la Nación y las provincias.
Marcelo Polakoff - Rabino, miembro del Comipaz
Planteamos tratar de apoyar todas las políticas de Estado. Hablo de políticas de Estado y no de Gobierno, para que se combinen con las sociales. Hay muchas ONG (Organizaciones No Gubernamentales) que están trabajando muy bien en el tema de la vivienda que habría que acomodarlo para que no se replique el esfuerzo.
El problema de la vivienda es gravísimo. A veces las soluciones que se hacen a corto plazo para establecer viviendas de “emergencia”, terminan siendo permanentes. Está claro que las ocupaciones están planteando una manera ilegal, el equilibrio es muy delicado, porque la necesidad de la vivienda es básica y uno entiende que cuando alguien no tiene solución se violente. Pero igual no lo puede justificar. Los caminos tienen que ser siempre, a pesar de que sean más largos, los del diálogo, escuchando a las víctimas de la falta de desarrollo.
Estela Pedraza - madre de “okupas”
Mis hijos están peleando por una necesidad. Todo el mundo quiere negociar, pero las soluciones no se dan. Nosotros también tenemos derechos, pero parece que eso no se ve nunca así. A nosotros no nos respeta nadie, ni la misma política, salvo por un voto. Están jugando con una necesidad y la gente quiere pagar, no quieren que le regalen nada. Que les hagan un plan de pago a la medida del sueldo que ganan.
Ya sabemos que usurpar es un delito, pero si nos van a sacar tratándonos de delincuentes, veamos que son muchos los delincuentes, no solamente nosotros. Simplemente hacemos esto porque somos pobres y lo vemos como la única solución que tenemos. ¿Por qué a otros que delinquen no los juzgan nunca como a nosotros? Si no tienen compasión con nosotros, por qué la van a tener con un diputado. Lo que pasa es que ellos tienen un título y nosotros el único título que tenemos es la pobreza. Que se pregunten quién nos llevó a todo esto, si para cualquier cosa te piden un recibo de pobreza, es una vergüenza. Después te dejan tirada en un cajón y se olvidan y nunca más aparecen.
Mira a los de clase media que están pagando para tener sus vivienda del Estado provincial y cómo les va. Si no consiguen nada ellos, qué queda para los que somos pobres.
Gustavo Vidal Lascano - fiscal federal
La usurpación es un delito, y para que sea delito tiene que tener algunas condiciones, básicamente la clandestinidad en la ocupación. Lo que pasa es que yo creo que también hay que tener en cuenta las condiciones y el contexto social en el que se produce. A pesar de que los fiscales debemos ser más objetivos con el cumplimiento de la ley penal, también es cierto que en un contexto social determinado el tratamiento de la usurpación no puede ser igual. No es lo mismo el tratamiento de usurpación de mi casa que el de un espacio no público incluso privado, abandonado, sin cercar, del que yo diría que son usurpaciones sociales. Cada problema tiene una respuesta diferente.
La usurpación siempre es la misma, pero el contexto cambia. No es lo mismo sacar a palos a una familia que está instalada en un predio que en ese momento está delinquiendo, que querer sacar una persona que se mete en tu casa y se quiso quedar. Ante problemáticas diferentes, creo que debemos dar respuestas diferentes.
Fuente: lavoz.com.ar
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