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Nativos del pueblo mbya guaraní de la comunidad Makutinga denunciaron ante...
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la invasión de sus tierras por empresarios sojeros. En nuestro país no nos escuchan, por eso resolvimos hacer una denuncia internacional, señaló Germán Vera, coordinador de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI).
La denuncia ante el organismo internacional es a raíz de los incidentes ocurridos los días 30 de noviembre y 1 de diciembre pasados en la comunidad. En la ocasión, los empresarios sojeros César Zavala y su apoderado Plinio Hernán Pereira (ex gobernador de Itapúa, ANR) ingresaron al predio con máquinas agrícolas y camiones, acompañados de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y comenzaron a arar la tierra en un área donde los indígenas tenían cultivados plantines de árboles nativos.
Los indígenas intentaron impedir el ingreso de los camiones y máquinas, pero fueron disuadidos con disparos de armas de fuego al aire por los policías, según refirieron. Los nativos cuestionaron la “mala fe” que demuestra la fiscalía en este caso, porque es la segunda vez en el año que ingresan por la fuerza a la comunidad y no toma las medidas para salvaguardar los intereses de la comunidad. En febrero ingresaron con máquinas, pero el Indi presentó toda la documentación ante la fiscalía, y los invasores se retiraron.
En la fiscalía zonal de María Auxiliadora, a cargo del fiscal Alfredo Báez Pedotti, existe una denuncia por presunta invasión en contra de los nativos de la comunidad Makutinga presentada por Plinio Pereira. El representante del Ministerio Público le dio curso pese a que tiene todos los antecedentes del caso, y la documentación presentada por el Indi.
Germán Vera, coordinador de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (Acidi), advirtió que no están dispuestos a seguir tolerando el atropello a su comunidad, y anunció que para la próxima semana harán una reunión de todas las comunidades (aty guasu) de Itapúa y Caazapá para definir acciones de reclamo ante la situación.
“Responsabilizamos a la fiscalía y al gobierno nacional de algún enfrentamiento que pueda ocurrir”, indicó Vera.
En los últimos días, los peones que trabajan a las órdenes de Pereira iniciaron la construcción de un depósito en el lugar del conflicto, por lo que el Indi, a través de su asesora jurídica, Carmen Orlandini, presentó ante el juzgado en lo civil del Quinto Turno de la Capital, Secretaría número 9, un “interdicto de obra nueva”, acción legal a través de la cual pide la suspensión de los trabajos en el lugar.
Intentamos comunicarnos ayer con el fiscal Báez Pedotti para conocer su versión sobre el tema, pero no lo ubicamos en los tres números de teléfono móvil de que dispone.
Fuente: abc.com.py
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