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El bajísimo índice de esclarecimiento de homicidios es otra grave señal del déficit en materia de seguridad.
Algo muy grave ocurre cuando en un país se desconfía de su principal fuerza policial. Y algo peor ocurre cuando quien desconfía es el propio gobierno del que depende esa fuerza desde hace siete años.
La tarea de saneamiento en la Policía Federal que deberá encarar la flamante ministra de Seguridad sería menos ímproba si el Gobierno se hubiera ocupado de este problema mucho antes.
Las posibles purgas que llevaría a cabo Nilda Garré en esa y en otras fuerzas policiales y de seguridad pondrían de manifiesto, precisamente, la ausencia de políticas en materia de seguridad, resumida en aquella frase del hoy jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el sentido de que la inseguridad era sólo una sensación.
Prueba de ello es que la impunidad en la Argentina no se limita exclusivamente a los casos de corrupción. También en hechos policiales y de violencia los esclarecimientos que luego permiten juzgar y condenar a los culpables escasean, y esta deuda del Estado con la sociedad aumenta con el paso de los años y alienta a los criminales.
La impunidad que impide aplicar la justicia a los casos de corrupción obedece a presiones políticas o económicas que se ejercen sobre los funcionarios judiciales. En cambio, cuando se trata de asesinatos impunes, las principales causas abarcan la injustificable impericia policial y la lenta burocracia judicial, la falta de personal ante la cantidad de hechos siempre en aumento y, a veces, la intervención policial para desviar la investigación si hay efectivos involucrados.
Lo cierto es que en 2008, último año del cual hay estadísticas, sobre un total de 2300 homicidios dolosos en todo el país, sólo se arribó a 1094 sentencias condenatorias. De ese modo, el 53 por ciento de los asesinatos no fueron resueltos. Si esto ocurre con el más grave de los delitos, cuyas estadísticas resultan más difíciles de ocultar, cabe preguntarse qué puede esperarse para el resto.
Por ejemplo, se han cumplido ya cuatro años del asesinato de Nora Dalmasso en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, un caso resonante que tampoco fue esclarecido y tuvo una amplia y a veces escandalosa cobertura periodística. Aquí, la justicia de Córdoba hizo gala de una serie de errores garrafales.
El corriente año llegará a su fin con una serie de importantes casos que aún permanecen impunes. Sólo por citar algunos ejemplos, se cuentan el de Pablo Guelman, ex presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, asesinado en abril a una cuadra de la embajada de los Estados Unidos, y el de los hermanos Christian e Ismael Cotari, asesinados en su domicilio, donde los asesinos robaron 50.000 pesos.
En agosto, Aída Craczmes fue asfixiada en el consultorio de su hijo. Marianella Rago Zapata, una estudiante de periodismo de 19 años, fue degollada en junio en su departamento de Balvanera luego de recibir una feroz golpiza. El asesino se llevó dos celulares, un reproductor de DVD y una computadora portátil.
Ni siquiera la repercusión periodística que tuvieron algunos de estos hechos ayudó a su esclarecimiento.
Sostienen veteranos investigadores que, por triste que resulte, la mayoría de los casos que se resuelven es porque la suerte quiso que pudiera atraparse a los autores en el escenario del crimen o en sus cercanías. En el bajísimo índice de esclarecimiento pesa de manera decisiva el hecho de que la policía no suele preservar adecuadamente el lugar del hecho. Aunque parezca mentira, pisadas y huellas del personal policial suelen contaminar la escena, destruyendo pruebas que jamás podrán reproducirse.
Las autoridades deben comprender que la impunidad es uno de los mejores alicientes para los delincuentes. Los casos se van sucediendo, uno desplaza al otro y todos juntos van cayendo en el olvido para las autoridades. A veces los familiares bregan por el esclarecimiento un tiempo, hasta que los gana el desánimo.
Cada crimen produce un hondo desgarro en los familiares de las víctimas. Ante la pérdida irremediable, queda la necesidad de saber qué ocurrió y quiénes son los autores para que la Justicia pueda condenarlos.
La sentencia condenatoria mitiga en parte el dolor. Pero hacia fuera de la familia, esa sentencia ejerce un fuerte efecto disuasorio. Por desgracia, escasean esas sentencias y no es una casualidad que, paralelamente, aumenta la ola de crímenes.
Fuente: lanacion.com.ar
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