Argentina: El manejo oficial de los datos apunta a minimizar el tema

El sábado 21 de agosto, 48 horas después de una masiva marcha de vecinos en Ramos Mejía que reclamaban más seguridad y...
 del asesinato de un kiosquero en José C. Paz durante un asalto, el Gobierno bonaerense salió a las apuradas a anunciar una estadística sobre la evolución del delito: dijo, citando datos de la Procuración provincial, que en el primer semestre de 2010 los delitos denunciados habían bajado un 3%.

La oportuna noticia escondía una picardía metodológica: no comparaba la primera mitad de este año con el mismo período del año pasado, sino que tomó las cifras de 2009, las dividió por doce y el resultado lo multiplicó por seis. Una argucia que, entre otras cosas, esquiva las cuestiones estacionales. Vale recordar que, también según las cifras de la Procuración, el delito en la Provincia creció un 118% entre 2004 y 2009 .

Una semana antes, Aníbal Fernández había salido ponerle el pecho a las críticas por la inseguridad echándole la culpa a los jueces permisivos . Pero, también, bajándole el tono al problema: dijo que la tasa de homicidios en la ciudad de Buenos Aires es de 3,9 cada 100.000 habitantes por año, lo que por supuesto es muy inferior a las tasas de otras urbes latinoamericanas. Lo que no dijo es que este dato es de 2007 y que, desde entonces, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación no proporciona estadísticas sobre el delito.

Como ya publicó en su oportunidad Clarín , el fenómeno de la inseguridad se ve mejor cuando se toma perspectiva. En 1984, se registraron en todo el país 340.000 delitos. En 2007, 1.218.000. En ese lapso, la población aumentó menos de un 40% y el delito, un 258%.

El único plan concreto contra la inseguridad del Gobierno nacional se lanzó en marzo del año pasado, luego de una serie de crímenes resonantes en ocasión de robo. Lo anunció la Presidenta y consistió en el envío de una partida de dinero ($ 400 millones ) a los municipios del GBA, La Plata, Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca. Era para la compra de patrulleros, celulares, cámaras de vigilancia y la contratación de agentes retirados. Aunque el grueso del programa apuntaba al conurbano, el ministro de Seguridad bonaerense de entonces, Carlos Stornelli, ni siquiera fue consultado.
Fuente: clarin.com