Policía e inseguridad

El alarmante recrudecimiento de la delincuencia requiere una mayor y mejor protección policial.

Aprecian los hechos delictivos, casi todos llevados a cabo con inusitada violencia y convertidos en una pesadilla cotidiana, y la ciudadanía, abrumada por el temor provocado por la inseguridad, se siente con fundadas razones desprotegida e inerme frente a esa embestida criminal. Por ende, en la ciudad y en su vasto conurbano se ha empezado a reclamar públicamente mayor y más eficiente protección policial.
No hay duda de que el auge del delito y la consecuente aprehensión que siembra entre quienes son sus blancos preferidos responde a una diversidad de causas que ameritarían un análisis profundo si se aspira a darle una solución definitiva y perdurable a esta delicada cuestión.
Pero no es menos cierto que el grueso de la sociedad interpreta e infiere que la efectiva presencia policial, provista de recursos eficaces y animada por la más firme determinación de enfrentar a la criminalidad, es una de las barreras más apropiadas para contener estos insidiosos desbordes y, asimismo, para prevenir sus reiteraciones y disuadir a quienes han hecho del delito una forma de vida.
En ese sentido, se justificaría la inquietud provocada en los habitantes de la ciudad de Buenos Aires por el anuncio formulado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, de la intención de desplegar a la Policía Federal por todo el país, mediante la creación de ocho agencias regionales que habrán de cubrir el vasto territorio nacional.
Funcionarios de esa fuerza de seguridad justificaron ese propósito invocando la ley orgánica que le atribuye aquel despliegue y la comisión de convertirse en una policía de investigaciones que habrá de abocarse al tratamiento de los delitos federales complejos.
Esas autorizadas fuentes adelantaron que una vez completada la creación de las agencias regionales de la Policía Federal, la fuerza no se encargaría más de la vigilancia y la prevención y represión del delito en la Capital.
La perspectiva no es alentadora, incluso a pesar de que el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, estimó que se trata de una determinación correcta, porque se debe combatir la expansión del crimen organizado, habrá de concretarse por etapas y no determinará que la fuerza federal abandone por completo su actual cometido urbano.
Tampoco bastó para serenar aquellos ánimos inquietos la desmentida formulada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó que no disminuirá la presencia de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, "sino que consolidará el desarrollo estratégico de una policía calificada para la investigación del crimen organizado transnacional y el delito complejo".
Puede que las versiones más extremas no se hayan tratado de otra cosa que un mero globo de ensayo tendiente a medir cuál es la reacción de la sociedad frente a un anuncio de esa importancia. Lo cierto es que a los observadores atentos a las señales de la realidad no se les escapa que en ciertas zonas porteñas, desde hace bastante tiempo y sin explicaciones, se puede notar una disminución real de la presencia policial en la calle.
No viene al caso discutir la misión federal de la policía que desde hace más de un siglo guarnece a la ciudad de Buenos Aires, prestándole excepcionales servicios y habiéndole ofrendado hasta la propia vida de muchos de sus efectivos, como desgraciadamente está ocurriendo en la actualidad.
Pero si fuera imprescindible la mentada redistribución de sus efectivos, ésta debería ser concretada en forma razonablemente gradual y sin que ello pusiera en riesgo alguno la seguridad de los porteños que, entretanto, sustentan el justificado anhelo de que las policías Federal y Metropolitana compartan cada vez más, armoniosamente y sin recelos profesionales, la noble misión de proteger la vida y los bienes de la sociedad aquí afincada.
Fuente: lanacion.com.ar