El cruel costo de nuestra pobreza

Una de cada tres familias argentinas tiene dificultades para acceder al alimento, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo.

Desde diversas perspectivas crece la información acerca del agudo perfil de la pobreza instalada entre nosotros, cuestión escandalosa que reclama acciones eficientes para reducir a fondo un problema humano, social y económico de tanta significación.
Ha sido otro valioso aporte reciente del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) el que puso de manifiesto, una vez más, las carencias de las que padece una de cada tres familias en nuestro territorio. En el estudio realizado con la dirección de Agustín Salvia, se ha empleado una encuesta destinada a medir la Deuda Social Argentina; a ella respondieron 2500 familias que habitan en nueve ciudades del país.
Es importante apreciar que la pobreza crea condiciones que impiden el acceso a bienes que satisfacen necesidades básicas de la población, como lo son el alimento, la vivienda, el cuidado de la salud, la educación y el trabajo. Es evidente, además, que la limitación o la falta de esos bienes reduce el desarrollo humano, social y económico de las personas, condena a la marginación y frustra el logro de oportunidades que permitan una vida digna.
La pobreza que se expande actualmente entre nosotros tuvo valores críticos a comienzos del siglo XXI, disminuyó en el quinquenio siguiente y volvió a crecer a partir de 2006. Otro tanto ha ocurrido con los niveles de indigencia.
Ahora bien, hay que considerar que la pobreza se distribuye desigualmente a lo largo del país. Así, por ejemplo, en las provincias norteñas se dan los más altos porcentajes de necesidades insatisfechas; en el Gran Buenos Aires, durante el curso de los últimos 30 años, la pobreza se ha multiplicado por diez, dato más que alarmante.
Uno de los indicadores demostrativos del pauperismo que afecta a tantos argentinos es la vivienda. Al respecto se comprueba un incremento del número de familias alojadas en condiciones precarias, ya sea en villas de emergencia, asentamientos populares u ocupaciones de hecho.
En 2004 representaban el 10 por ciento de nuestra población; ahora constituyen el 17 por ciento. Además, el 36 por ciento habita en lugares que carecen de servicios cloacales, el 27 se ha instalado en lugares inundables, el 12 padece de hacinamiento y el 16 por ciento sufre de riesgo alimentario.
Se estima que hay una pobreza estructural, dura y estable, núcleo del problema, en la que viven quienes descienden de generaciones pobres y permanecen en ese nivel, sin salida. Hay, también, una pobreza transitoria, la de quienes hoy se encuentran en esa situación, pero poseen capacidades para salir de ella. El drama de esta declinación se agrava cuando pasa un tiempo, se agotan los recursos y las familias van teniendo hijos en medio de una pobreza que se va tornando estructural.
Es evidente que nos hallamos frente a un problema cuyas dimensiones dañan el presente y el futuro del país. También se percibe claramente la ausencia de firmes políticas estatales que concurran al propósito de mitigar la pobreza, mal creciente en nuestra sociedad, asociada en parte a un criterio de negación del problema del que curiosamente se hace gala desde el gobierno nacional y que sólo resulta avalado por las mentirosas estadísticas del Indec.
Fuente: lanaciòn.com