Por: Fabio Quetglas
Las villas y asentamientos son la emergencia en el territorio de muchas circunstancias que preceden a su formación. Expresan de modo categórico tres fracasos: a) en el desarrollo de todas las zonas del país, b) en el modo de planificar las ciudades y c), por supuesto, también en la desigualdad.
La exclusión es nuestra principal deuda como sociedad y debe ser atendida como una prioridad política absoluta. Nada debe importarnos más que luchar con todas las herramientas posibles por construir una sociedad de ciudadanos plenos, y esa condición es imposible en un hábitat degradado, irregular, sin servicios, en condiciones de hacinamiento y muchas veces sin control estatal alguno del territorio y de las pautas de convivencia.
El Poder Ejecutivo ha iniciado en 2016 un proceso orientado a intentar superar este verdadero drama; primero se llevó adelante un relevamiento que incrementa el nivel de conocimiento de la situación de los más de 4.000 villas y asentamientos existentes en el país - define la condición de “barrio popular” y referencia los datos socio territoriales básicos- y ahora puso a consideración del Congreso Nacional un Proyecto de Ley orientado a formalizar e integrar las villas y asentamientos a la “ciudad formal”. Es una verdadera epopeya, que requiere de múltiples actores y que justifica el esfuerzo que se propone.
La integración socio-urbana mejorará la vida en las ciudades, hará más funcionales las pautas de movilidad, perfeccionará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente sobre el mercado de trabajo, estimulará la inversión de las familias y mejorará la situación transgeneracional de nuestros niños más vulnerables, entre otras virtudes.
Semejante iniciativa necesita ser encarada con todos los cuidados y con un amplio respaldo social que debemos construir dando todas las explicaciones del caso.
Es esencial el rol de los gobiernos locales, porque esos espacios están bajo su órbita y no todas las villas y asentamientos son regularizables – en algunos casos hay situaciones de riesgo que no deben consolidarse-; del mismo modo son importantes los gobiernos provinciales, ya que el proyecto plantea específicamente el cofinanciamiento de la infraestructura de servicios necesaria para la integración que se plantea.
Por supuesto, es clave el rol de los ocupantes que deben comprometer su propio esfuerzo en un proceso que debe ser facilitado, pero no resuelto de un modo asistencial o clientelar. También los profesionales, agrimensores, escribanos, funcionarios, arquitectos, deben poner lo mejor de sí para esta verdadera causa noble y, desde ya, el Congreso tiene que proveer al Ejecutivo una ley útil, asumible financieramente, técnicamente sólida y que exprese la sensibilidad social y la prioridad política que el tema genera.
Para que este verdadero hito no sea un intento fallido, corresponde completar la tarea: nuestras villas y asentamientos crecen producto de migraciones, fundamentalmente internas, y por tanto debemos avanzar fuerte con el Plan Belgrano - las migraciones del NOA y el NEA explican más del 50 % del crecimiento de villas y asentamientos-, para generar oportunidades allí, de modo tal que la migración sea una opción y no una condena.
En segundo lugar, los asentamientos irregulares son la alternativa salvaje a los loteos populares o la generación de lotes con servicios en nuestras periferias urbanas. Corresponde premiar y estimular fiscalmente a los municipios que generan entornos socio-territoriales planificados aptos para una vida digna.
Fabio Quetglas es sociólogo, diputado nacional (Cambiemos)
Fuente: clarin.com
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